Silvano Melchor Escamilla Hau

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Silvano Melchor Escamilla Hau

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa de lo que informó la autoridad responsable Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, la notificación del acuerdo de mérito, se hizo electrónicamente a la parte quejosa el veintidós de septiembre actual; por lo que, a la fecha ha fenecido el término de tres días hábiles que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera. En consecuencia, , este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en auto de veintiuno de septiembre actual y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En el caso, el veintidós de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "Deje insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emita otro que podrá ser en el mismo sentido, pero subsanando los vicios aquí analizados, es decir, motive legalmente el acto de autoridad." Posteriormente, por auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializda en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2120/2022, de catorce de septiembre del presente año, acreditó que mediante acuerdo de trece de septiembre del mismo año, dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y emitió otro subsanando las deficiencias señaladas en la ejecutoria de veintidós de agosto último; lo que hizo de su conocimiento el catorce, por conducto de su defensor particular. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se encuentre destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual, en relación con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, hace valer su inconformidad, en cuanto que la responsable emitió un acuerdo en el mismo sentido que el anterior, así como no realizó un análisis congruente de las constancias que obran en la carpeta de investigación de origen, en relación a los lineamientos fijados en la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. Al respecto, no le asiste razón al ocursante, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que, como ya se dijo, analizando los elementos de prueba exhibidos por el quejoso, para acreditar la propiedad del vehículo cuya devolución solicitó, emitió un nuevo acuerdo subsanando las deficiencias señaladas en la ejecutoria de veintidós de agosto último. Además, se trata de un nuevo acto de autoridad, emitido en uso de sus facultades discrecionales, y con fundamentos y motivos distintos. Siendo que lo que pretende la referida parte quejosa es controvertir la legalidad nuevo acuerdo dictado por la responsable lo cual no es susceptible de análisis en la presente determinación; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía legal correspondiente. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2120/2022, signado por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, los cuales remite con relación al requerimiento efectuado por auto de siete de los corrientes y en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Por otro lado, en cuanto al escrito signado por el quejoso Silvano Melchor Escamilla Hau, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia dictada en este asunto; al efecto, resérvese dicho escrito para ser valorado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se realizó por oficio el veintitrés siguiente, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión; por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, prevéngase al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTR.Visto para resolver el juicio de amparo 1028/2022-III-A, promovido por SILVANO MELCHOR ESCAMILLA HAU, en contra del acto que reclama del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo del Estado, con residencia en esta ciudad; y, . QUINTA. Análisis de la litis constitucional. Son fundados los conceptos de violación aducidos, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a); razón por la cual deberá concederse al quejoso el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. Previo a exponer las razones de la concesión de amparo, se relacionarán las constancias conducentes que remitió a este juzgado la autoridad responsable con su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la propia ley, se advierte que: 1. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, se puso a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, al aquí quejoso en calidad de detenido, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos posiblemente delictuosos. De igual manera, entre otros objetos, puso a su disposición, el vehículo marca Honda, tipo Civic, color gris, con placas de circulación ZAG-523-B, del Estado de Yucatán. Por lo anterior, ordenó la práctica de las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación. 2. Dentro de las constancias que obran en la indagatoria, se encuentra la carta factura expedida el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, suscrita por Guadalupe López Ciau, como encargada de Autos Arana Seminuevos, en la que hizo constar que se vendió al aquí quejoso el vehículo marca Honda, tipo Civic Exl, modelo 2012, color plata, con número de serie 19XFB2693CE604384, con número de motor R18Z1773390. También obra en la carpeta, un escrito de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el quejoso y dirigido al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante el cual dice promover diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de acreditar ante la Secretaría de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Vehículos, la propiedad del citado vehículo. 3. Por oficio librado el uno de diciembre de dos mil veinte, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, solicitó al representante legal y/o encargado de la personal moral Autos Arana Seminuevos, Sociedad Anónima de Capital Variable, informara si en la base de sus datos, se encuentra registrado algún crédito a favor del aquí quejoso. 4. Por escrito de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la autoridad ministerial del conocimiento, Víctor Gabriel Arana Echeverría, quien dijo ser propietario de la persona moral en cita, comunicó a la autoridad ministerial del conocimiento, que en sus archivos no tenía registrado algún crédito del automotor de referencia, a nombre del peticionario del amparo. 5. Mediante escrito de catorce de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la autoridad responsable, Samuel Adelino Rosado Cisneros, en su carácter de defensor particular del aquí quejoso, a solicitar se libraran los oficios correspondientes al REPUVE y a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de obtener información sobre el vehículo del quejoso; asimismo solicitó la devolución del mismo. 6. En acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Fiscal del conocimiento negó acceder a la solicitud de devolución del vehículo de mérito, formulada por el defensor particular del aquí quejoso, en los siguientes términos: "...En ese contexto y una vez que esta Representación le ha dado lectura a los datos que obran en los registros de la carpeta y con fundamento en el artículo 131, fracción XXIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que el Ministerio Público debe actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respecto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, se advierte que el ciudadano SAMUEL ADELINO ROSADO CISNEROS, es parte del presente procedimiento penal, como lo establece el artículo 109 del mencionado ordenamiento nacional, ya que es defensor particular del imputado SILVANO MELCHOR ESCAMILLA HAU y como tal, tiene el derecho y obligación de asistirlo jurídicamente en cualquier diligencia que establezca la Ley, sin embargo, en relación a su requerimiento si bien es cierto que su patrocinado tiene el derecho de solicitar todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, también lo es que el Ministerio Público podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación, es por ello, que a consideración de esta Representación el requerimiento de defensor particular no es conducente para la investigación de los hechos que originaron la presente carpeta, la cual se inició por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, máxime que pretender obtener información del REPUVE y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, respecto del vehículo civic, sin que se haya acreditado debidamente la propiedad por su patrocinado, o de la persona que tenga la potestad jurídica para reclamar los derechos de propiedad sobre el mismo, aunado a que pretende se de cumplimiento al artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que según dicha legislación nacional sólo se aplica cuando se trata de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, por lo que resulta a todas luces inaplicable para el caso particular, ya que si su objetivo es la devolución del vehículo de la marca Honda, tipo Civic, color gris, con placas de circulación ZAG523B, del Estado de Yucatán, solamente se requiere que la persona que sea el propietario, acredite la propiedad con la documental respectiva, y mientras esto no suceda esto último, la Representación no puede determinar la devolución de la unidad vehicular, por lo tanto, con fundamento en el artículo 8 ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, y en atención a los datos que obra en la carpeta, emite el presente ACUERDO: PRIMERO.- No se accede a las peticiones del promovente del memorial, por los motivos que se expresan en el proemio del presente acuerdo...". Ahora bien, para evidenciar la ilegalidad del acto reclamado, es necesario reproducir, en su parte conducente, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)." De lo anterior se advierte la obligación constitucional que tienen las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de su competencia, entendiéndose por fundamentación la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas a efecto de emitir el acto, siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar se configura la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando justamente para tal efecto, la ley de que se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomó en consideración para emitirlo, para cumplir así los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, así como la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Es decir, no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito sino que debe fundar y motivar el mismo, estableciendo sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia correspondiente sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, tesis 204, página 166, cuya literalidad es la siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual manera, cabe destacar que la violación de este derecho fundamental puede ser: formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente. Y material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis I.4o.A.71 K, visible en la página 1498, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, septiembre de 2006, novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido literal siguiente: "MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente." En el caso a estudio, la violación fue formal, puesto que hubo una omisión total por parte de la autoridad ministerial responsable, de exponer las razones por las que consideró que el quejoso no acreditó la propiedad del vehículo cuya devolución solicitó, a pesar de que de las actuaciones de la carpeta de investigación, obra diversa documentación con la que el aquí quejoso pretendió acreditar la propiedad del referido automotor. En efecto, la responsable no específica porqué con dicha documentales exhibidas por el aquí quejoso no son suficientes para acreditar que el vehículo de motor es de su propiedad, y por lo tanto, no era factible su devolución, es decir, no establece las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, pues sólo se limitó a manifestar que no se acreditó la propiedad del vehículo de motor que se solicitó. Así es, la autoridad responsable para emitir cualquier mandamiento o "determinación", que origine una molestia, en los bienes jurídicos, como en el caso lo es la negativa de devolver en forma el vehículo solicitado, contenida en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, donde da respuesta a la solicitud del quejoso, sin que se cumpla con el requisito de suficiente fundamentación, así como la consiguiente motivación; es contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; impide que el quejoso esté en posibilidad de defender sus derechos e impugnar los razonamientos que al respecto sostuviera la responsable, así como para que este órgano de amparo estuviera en condiciones de examinar la legalidad de esas apreciaciones valorativas; en cuya actividad no puede aquí sustituirse. De tal suerte que esa omisión imposibilitó al quejoso conocer los motivos y fundamentos legales en que se apoyó la responsable para negarle la devolución del vehículo que afirma es de su propiedad, de manera que pueda confrontarlo con las normas aplicables y se encuentre en posibilidad de defenderse adecuadamente. Por todo lo anterior, ante la falta total de un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, es que la autoridad vulneró el derecho de legalidad jurídica consagrada en el precitado numeral 16 Constitucional, y ante ello, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a SILVANO MELCHOR ESCAMILLA HAU, para el efecto de que el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado: Deje insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emita otro que podrá ser en el mismo sentido, pero subsanando los vicios aquí analizados, es decir, motive legalmente el acto de autoridad. Finalmente, ante la actualización de vicios de forma, en el caso, fundamentación y motivación del acto reclamado, excluye el estudio atinente al fondo, porque la concurrencia de aquellos, genera la anulación del acto reclamado. Ilustran este criterio, las jurisprudencias siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO. (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado y tales conceptos de violación resulta fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto, que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." (Jurisprudencia 715, consultable en la página 481, Tomo VI, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995) "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. (Jurisprudencia 2a./J. 67/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Segunda Sala, Novena Época, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 358). SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SILVANO MELCHOR ESCAMILLA HAU, en contra del acto que reclama del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos y para el efecto señalado en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

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