Silvano Matías Santiago

Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
309/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Silvano Matías Santiago
  • Juez primero civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d, del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Silvano Matías Santiago, a través de su apoderada legal Catalina Gutiérrez Santiago, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 309/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la demanda de amparo. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Se cita en apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.41 K, visible en la página 1275, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186294, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE." Expuesto lo anterior, del análisis del escrito de demanda, se estima se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)" III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos dictados dentro juicio, pero siempre que sus efectos sean de imposible reparación, o bien, afecten a personas extrañas. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Establecido lo anterior, de las manifestaciones que narra la parte peticionaria del amparo como antecedentes del acto reclamado, las cuales constituyen una confesión que hace prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa, se obtiene lo siguiente: A) La parte aquí quejosa, es parte actora en el juicio 422/2021, radicado en el Juzgado de Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. B) En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite la demanda de la aquí quejosa; asimismo, no admitió las pruebas ofrecidas para demostrar el derecho de propiedad privada. Determinación que constituye el acto que en esta instancia se combate. En ese sentido, del análisis completo de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, a quien le reviste el carácter de actora en el expediente 422/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en esencia reclama: El proveído de proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite la demanda de la aquí quejosa; asimismo, no admitió las pruebas ofrecidas para demostrar el derecho de propiedad privada. Por tanto, el acto reclamado, no genera afectaciones de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. En efecto, la resolución del juzgado responsable de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, donde no le admitió las pruebas ofrecidas para demostrar su derecho de propiedad privada, forma parte de una actuación procedimental que no transgrede de inmediato algún derecho sustantivo, porque sus consecuencias no son susceptibles de producir de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, ya que sólo ocasiona que no se le tenga por admitidas dichas probanzas a la aquí parte quejosa. Lo cual afecta únicamente derechos adjetivos o procesales que pueden repararse, porque el juicio génesis se encuentra en trámite, por lo que existe la posibilidad de que la parte aquí tercera interesada y actora en ese juicio, no demostrara los elementos de su acción, entonces la sentencia que se emita en el juicio civil de referencia, resultara favorable a los intereses de la parte quejosa, lo que haría que la violación de que se duele desapareciera por completo y no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio. Así las cosas, el acto reclamado no se trata de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino que implica una posible violación procesal que sólo produce una afectación de esa naturaleza, y aun cuando pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, por ejemplo, el embargo, imposición de multas, decreto de alimentos provisionales o definitivos, arresto, etcétera; lo cual no aconteció en la especie. Al respecto, resulta ilustrativa por su contenido jurídico la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, Décima Época, página 1539, que se comparte y dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Habida cuenta, que las consecuencias de la posible violación procesal se extinguirían en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio civil de origen sea favorable a la parte quejosa; y, aún en el supuesto de que no lo fuera, podría reclamar tal violación en el amparo directo que en su caso promoviera contra la resolución que decida dicho juicio. Para robustecer lo anterior, se invoca el contenido del artículo 172 de la Ley de Amparo, relativo a la tramitación del amparo directo. Para robustecer lo anterior, se invoca el contenido del artículo 172 de la Ley de Amparo, relativo a la tramitación del amparo directo. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". En lo conducente, se cita la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia común, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". No obsta para la aplicación de la jurisprudencia transcrita del Pleno del máximo tribunal del país, que se aluda al desechamiento del incidente de falta de personalidad; en cambio, en el caso de que se trata, se reclama la determinación que tuvo por admitida la demanda y la negativa a admitir las probanzas ofrecidas por la aquí quejosa; ya que, con independencia de tal supuesto, lo cierto es que, la esencia de ese criterio jurisprudencial, consiste en la delimitación del concepto de actos en juicio, de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego, con la aplicación de la precisada jurisprudencia y de la ejecutoria de la cual deriva, se da respuesta en forma integral al tema relativo a que las cuestiones puramente procesales, como las cuestiones inherentes a la personalidad de las partes, no generan una violación de imposible reparación, en la medida que tal circunstancia no afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que la afectación que produce no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo que se emita al resolver el procedimiento. Lo cual pone de manifiesto, que tratándose de actos intraprocesales, existe un momento establecido en la legislación de la materia para combatirlos, en caso de haberles deparado una afectación, pues aquélla situación puede ser controvertida cuando se promueva juicio de amparo directo contra la resolución que pone fin al proceso, haciéndolo valer como violación procesal y señalando en qué motivo trascendió al resultado del fallo, en términos del artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica en lo sustancial, la tesis XII.2o.1 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LAS CUESTIONES ATINENTES A SU FALTA POR ALGUNA DE LAS PARTES, AL SER UN TEMA DE NATURALEZA ADJETIVA QUE NO PUEDE IMPUGNARSE CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la regla general de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, en su fracción VIII el legislador contempló como única hipótesis de excepción para la procedencia del juicio biinstancial, en tratándose de violaciones formales cometidas en juicio, aquellos actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o conocimiento del asunto. Por tanto, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto promovido contra cuestiones atinentes a la falta de personalidad de las partes en un juicio laboral es improcedente, por tratarse de un tema de naturaleza adjetiva que no puede impugnarse conforme a las citadas fracciones, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, pues, es un principio de interpretación generalmente aceptado, que las normas de excepción son de aplicación estricta". De ahí, que asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el juicio procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél soslayando que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la sentencia definitiva. Esto obedece, a que la intención del legislador fue la de impedir que por cada violación al procedimiento se promoviera juicio de amparo, lo cual redundaría en una justicia contraria a la que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, como se dijo, el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, previene que procede el amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, pero no cuando sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, máxime que la parte quejosa no es tercera extraña a juicio, pues figura como parte demandada en el juicio de donde emana el acto reclamado. Cabe precisar, que con la determinación anterior no se desatiende el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 772, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto." Ello, en atención a que, si bien en la demanda de amparo que nos ocupa, no se advierte si en la contestación a la demanda mercantil de origen, la parte aquí quejosa opuso excepción alguna y, en su caso, qué tipo de excepción se haya opuesto; sin embargo, se estima en el caso no es aplicable la tesis citada en el párrafo que antecede, en atención a que la misma fue emitida conforme la anterior Ley de Amparo, durante cuya vigencia era posible controvertir a través del juicio biinstancial violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, sin necesidad de que éstas se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que con la actual Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya no acontece, como se expuso líneas que anteceden, dado que actualmente el legislador definió que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cual, se insiste, en el caso no acontece dado que el acto procesal de no tenerle por contestada la demanda dentro del juicio génesis a la aquí parte quejosa, no le causa de inmediato una afectación a un derecho sustantivo, pues ello depende de que tal circunstancia, en su caso, llegue a trascender al resultado del fallo en su perjuicio, es decir, será el acto posterior el que causaría el perjuicio, pues el hecho de no tener por contestada la demanda no produce por sí misma la consecuencia de que se emita una sentencia adversa a sus intereses, es decir, no le causa de facto una afectación a un derecho sustantivo, sino que ello depende de otras circunstancias que se verifiquen en ese procedimiento. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en apoyo, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y, como autorizado con las amplias facultades que prevé el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Alvaro Santiago Santiago; toda vez que tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y a las restantes personas únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos, por no tener registrada su cedula. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

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