Silvano Madotto Siega

Expediente 1524/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1524/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Silvano Madotto Siega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de los autos originales a que este cuaderno de antecedentes se contrae, los cuales fueron remitidos mediante acuerdo de treinta de agosto de este año e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, asignándole el juicio de amparo 3030/2022-VI. En tales condiciones, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, se hace la observación de que el cuaderno de antecedentes que se formó es susceptible de destrucción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja Q.A. 257/2021 de su índice. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el Órgano Colegiado, resolvió: "UNICO: Es FUNDADO el presente recurso de queja". Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en atención a lo ordenado por la superioridad, visto el estado procesal de autos y de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto, pues los actos reclamados deben considerarse de naturaleza laboral. Resulta oportuno citar que el acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en: La negativa de pensión por vejez 21/831266 con folio 1634914996214618283304, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones adscrito a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social 7 del Valle. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de materia, para conocer de esta demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: La competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. En esa medida, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un Juzgado especializado en cierta rama del derecho únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En esa tesitura, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado consistente en la omisión en otorgar la pensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192,097, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De lo anterior se infiere que la litis en este asunto se constriñe a verificar la procedencia de la pensión a favor de la parte quejosa; por tanto, la pretensión de la promovente se encuentra relacionada con cuestiones de índole laboral. En ese contexto, dado que lo reclamado en este juicio está relacionado con una prestación que afecta aspectos de la seguridad social inmersos en materia de trabajo, pues las pensiones son prestaciones que derivan directamente de la relación jurídica que por disposición legal se suscita entre la autoridad responsable y la parte quejosa en su calidad de trabajadora, mismas que tienen su origen en la existencia del vínculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la dependencia o entidad de la administración pública; de ahí que, para determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios laborales en los que se demanden las referidas prestaciones debe atenderse al régimen constitucional y legal que regula la relación jurídica. Por tanto, si los actos reclamados por la quejosa inciden o están relacionados con una prestación derivada del vínculo de trabajo, tales reclamos deben considerarse eminentemente laboral; por consiguiente, debe conocer de este asunto el Juez Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. No se opone a esta conclusión, el hecho de que el acto se reclama a un organismo que en diversos supuestos se constituye como autoridad administrativa, toda vez que como se precisó en el caso que se estudia, dicha autoridad afecta aspectos inmersos en el derecho de trabajo y, por tanto, debe privilegiarse el contenido material de dicho acto reclamado para definir la competencia de los Juzgados de Distrito, porque de esa manera se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva la demanda de amparo y en esa medida se procura proteger, en su caso, la garantía social aparentemente violada. Se afirma lo anterior porque si el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga, calcula, cancela, niega, suspende o reduce la pensión que defiende la quejosa al estimar, sin prejuzgar, que no se reúnen los requisitos legales para mantenerla, es claro que ese acto incide en el derecho a gozar de una pensión; de ahí su naturaleza laboral; por ende, debe conocer de este asunto el Juez Distrito en Materia de Trabajo en el Ciudad de México, en turno, pues se insiste, el acto reclamado es materialmente laboral. Por los motivos señalados, el conocimiento de este asunto no corresponde a este órgano de control constitucional; por lo que, con apoyo en los artículos 49 de la Ley de Amparo, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este Juzgado se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir este expediente, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla por las razones expuestas. Fórmese cuaderno de antecedentes. Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente a la garantía de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. Cabe destacar que la determinación alcanzada no prejuzga sobre la procedencia de la vía de amparo para combatir los actos que se reclaman en este asunto, pues dada la incompetencia de este órgano jurisdiccional no podría realizarse tal pronunciamiento, porque eso, en dado caso, corresponde al Juez competente. Solicítese atentamente al Juez declinado que acuse el recibo correspondiente y precise si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos (para lo cual bastará que las soliciten a la Secretaría responsable del expediente; que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado; y que se deje en el expediente constancia legal de su recepción), así como el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito ni que medie acuerdo alguno autorizando tal petición. Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en el este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual comunica el proveído de uno de marzo del presente año, dictado en el juicio de amparo 252/2022, de su índice; en el que acumula diversas demandas de amparo 253/2022 y 254/2022; asimismo, se declara incompetente para conocer del asunto 252/2022 y sus acumulados y remite en turno a un Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas para conocer del juicio de amparo en mención, de lo cual este Órgano Jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jorge Alberto González Sosa, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. JAGS/aaam.

  4. Principal

    Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta de la parte quejosa, a través del cual solicita copia certificada del oficio registrado con el folio 14274, y su anexo así como del acuerdo que le recayó. Con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la parte quejosa copia certificada de los documentos que refiere y que obran en autos, previa toma de razón que de su recibo obre en autos para constancia, y entréguese por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. Notifíquese.

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