Silvano Jesus Perez Ruiz
Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Silvano Jesus Perez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por María Luisa santos Rosete, parte quejosa, mediante el cual, solicita se autorice la devolución del instrumento notarial que adjunto a su ocurso de demanda, con el cual. acreditó su personalidad como apoderada legal de **********, por los motivos que expone. Devolución de documento. Atento a lo anterior, hágase la devolución a la parte quejosa del documento solicitado, mismo que se advierte anexó a su ocurso de demanda, por tanto, indíquesele a fin de que, comparezca de manera personal o por medio de persona autorizada debidamente identificada, para que se le haga entrega del mismo, previa certificación y razón que de su recibo se glose en autos. Cabe precisar que la forma como se va a realizar dicho trámite en lo concerniente a este órgano jurisdiccional en términos del "ACUERDO GENERAL 1/2021, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, CON RELACIÓN AL PERIODO DE VIGENCIA", será de la siguiente forma: Procedimiento para poder acudir físicamente a la devolución de documentos en asuntos no urgentes. Día de devolución de documentos. El documento a que se ha hecho alusión solamente se entregará los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:00 am hasta las 14:00 pm asignado a este órgano jurisdiccional, el cual se encuentra plasmado en el anexo 1, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los días lunes, miércoles y viernes no hay entrega de documentos en asuntos no urgentes. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, atendiendo, como se precisó en párrafos anterior, a los horarios predeterminados por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trabajo de manera física en cada órgano de control constitucional; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión de labores, a fin de dar trámite a dichas solicitudes. b) Generación de cita y código QR. Para recoger el documento mencionado siempre deberá generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en el día señalado (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables, el Juzgado de oficio, generará citas a través del sistema "Agenta OJ" y señalará el día en que dichas personas pueden acudir a la entrega de sus valores. c) Personas que pueden recoger. Sólo pueden comparecer a recoger dicho documento, las personas que se encuentren autorizadas en autos. No se entregarán a personas distintas, ni tampoco se les dará información. d) Documentos. Para recoger el documento correspondiente, la persona interesada deberá presentar identificación oficial vigente como pasaporte, credencial para votar, cédula profesional o alguna otra equivalente. Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger documentos importantes físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido en el Aviso General de Atención al Público. Autorizados. Sin realizar mayor acuerdo, toda vez que de autos se advierte que mediante auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a las personas que indica como autorizados. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido por la Síndico Municipal y Titular del Ejercicio de las Funciones de la Policía Estatal Morelos, Municipio de Jojutla, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, efectúan diversas manifestaciones. Sin que se realice mayor pronunciamiento, esto, toda vez que de autos se advierte se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********, por las consideraciones expuestas en la misma. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ********, por el cual, subsana la prevención de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda a pesar de tener plena convicción de que a la postre resultará improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a lo siguiente: La promovente de amparo reclama esencialmente de las autoridades que señala como responsables el impedirle el acceso respecto al inmueble ubicado en la ************; asimismo, la parte quejosa indica que el citado inmueble es propiedad de **********, y refiere que ella es apoderada legal, por lo que, cuenta con facultades de administración y dominio sobre dicho bien, y consecuentemente para hacer el uso, goce y disfrute de dicha unidad condominal, mismo que se encuentra acreditado en autos. Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia señalada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia PC.IV.A. J/45 K (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1641 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, registro 2019934, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En tanto que el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé un supuesto de excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, al establecer que el Juez de Distrito puede desechar la demanda cuando encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es posible que el juzgador de amparo analice en el auto inicial del juicio el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Por tanto, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que la asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa la determinación de suspender en definitiva los derechos de asociado del quejoso, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, desechar la demanda. Lo anterior, cuando esa circunstancia pueda ser advertida a partir del escrito de demanda, su ampliación o aclaración y de los documentos que se anexen, de manera que la causa de improcedencia relativa, efectivamente, se advierta de manera manifiesta e indudable." Criterio a partir del cual se establece la posibilidad de advertir que en casos como el que aquí se analiza se evidencie de manera notoria y manifiesta que no está acreditado el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Ello, pues como lo define la jurisprudencia invocada al tratarse de una asociación civil a quien se imputa el acto reclamado, se logra advertir que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia lo procedente es desechar la demanda. Para explicar lo anterior, conviene remitirse al texto de los artículos mencionados, que son del tenor siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Precisado lo anterior, se colige que, para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, el referido acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad, como se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º fracción I y 5º fracción II ambos de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para el Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó la Superioridad que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, como lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis P. XXVII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a).- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b).- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c).- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d).- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese orden de ideas, no todo acto emitido por una Asociación de Colonos constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. En ese sentido se advierte que en el caso se combate el impedimento a la quejosa para ingresar al inmueble citado con el objeto de realizar obras de mantenimiento en el mismo. Sin embargo, la asociación señalada como responsable, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, al que se adhieren los integrantes de dicha asociación por lo que la misma puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación, lo que se da por el hecho de adquirir la propiedad de un inmueble en dicho lugar. Tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes. Lo anterior, con apoyo por analogía en la tesis III.4o.(III Región) 16 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página, 1074, registro 200317, de rubro y texto: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación de los servicios públicos municipales corresponde originariamente a los Ayuntamientos; sin embargo, en el Estado de Jalisco pueden auxiliarse para ello, por ejemplo, de una asociación civil de colonos, que mediante la aportación de cuotas de recuperación acordadas por sus miembros obtiene los recursos necesarios. Por su parte, en términos de los numerales 172, 181 y 182 del Código Civil de la citada entidad, dicha asociación, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, por lo que puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación al adquirir un bien en la zona que representa aquélla, y tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes, además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Por tanto, una asociación civil de colonos no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de cuotas para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos." Por tanto, una asociación civil de colonos no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo actos relacionados con el contrato entre colonos y realiza determinadas acciones como consecuencia del incumplimiento del mismo, pues como se indicó, ello invariablemente partirá de las decisiones asumidas por los integrantes de la asociación, en la formas y términos pactados en los instrumentos constitutivos, de ahí que en caso de inconformidad, se deba plantear el reclamo ante las instancias ordinarias correspondientes. Orienta tal apreciación, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.A.C.9 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página. 2633, registro 2012462, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De los artículos 1996 a 2014 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que regulan las asociaciones civiles en esa entidad, se advierte que éstas no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, por ejemplo, impedir el acceso de trabajadores al domicilio de uno de los colonos que a su vez es asociado. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento; de ahí que la actividad indicada no encuadra en el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, si se le atribuye la calidad de autoridad responsable a una de las asociaciones referidas, procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1o., fracción I y 5o., fracción II, del último ordenamiento citado. De lo que se deduce que las asociaciones civiles no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, como acaece en el particular. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento. En efecto, el supuesto hipotético que se presenta y que a decir de la quejosa se le impide ingresar al inmueble de mérito mismos que aduce son de difícil reparación, esto, toda vez que la impetrante de amparo aduce que se encuentra realizando actividades de mantenimiento en la citada unidad condominal. Asimismo, refiere que no tiene conocimiento de algún adeudo respecto a dicho bien, de tal manera que, ese aspecto, de tratarse de un hecho en el que la asociación aludida se exceda en su actuar como particular, en perjuicio del interés de la aquí quejosa, en todo caso, éste tiene a su alcance los medios legales correspondientes, tanto en la vía civil como en la penal, de ser el caso, para dirimir tal conflicto. Conforme lo anterior, resulta evidente que lo reclamado se materializa en el contexto de una relación sustanciada entre la promovente y Conjunto Urbano, habitacional denominado "***********, la que si bien el quejoso refiere desconocer, en todo caso tal aspecto debe dilucidarse ante los tribunales ordinarios correspondientes. Por tanto, se torna patente para este Juzgado Federal, que en la especie se está en presencia de una relación entre particulares, actuando en un plano de igualdad. En tal virtud, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables -como se explicó- no tienen ese carácter. No pasa inadvertido que la parte quejosa haya señalado como autoridades responsables al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, toda vez que indica que el día que intento ingresar al domicilio que defiende había dos patrullas en la puerta de acceso, sin embargo, también refirió que el administrador del fraccionamiento respectivo le indicó que no se le permitía el acceso ya que el Conjunto Urbano, habitacional denominado "VILLAS TEQUES AQUA", Asociación Civil había dado la orden de negárselo, por lo que es evidente que quien emitió la orden de para negar el acceso al quejoso es la moral señalada como responsable y no las autoridades municipales quien en todo caso únicamente prestaron el auxilio a dicha asociación. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII con relación al 1º fracción I y 5º fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, se precisa que dicho criterio lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito Judicial dentro de los autos de la queja administrativa 11/2021, correspondiente a la sesión de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, mismo que se indica para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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- Silva Ocampo Martinez1644/2022
- Silvana Damian Pérez184/2019
- Silverio Nava Bollas355/2016
- Silverio Nava Boyas961/2017
- Silverio Nava Boyas161/2020
- Silverio Salazar Carnalia973/2015
- Silvestre Bautista Martínez20/2015
- Silvestre Manuel Pérez Rosas1146/2019