Silvano Herrera Mota
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Silvano Herrera Mota
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en que se desechó de plano la demanda de amparo, en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido.
- Principal
Xalapa, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo en el particular, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que se vierten a continuación. En este sentido, es de establecerse que la resolución combatida constituye un acto de imposible reparación en la sentencia que se dicte en el procedimiento de origen, toda vez que ésta tiene por objeto requerir al quejoso el pago de la cantidad que se cuantificó por concepto de pensión alimenticia provisional en la forma propuesta por la ahí actora, lo cual no es susceptible de rectificarse al momento de resolverse en definitiva dicho asunto y, en consecuencia no podría ser reparable en la sentencia definitiva el quejoso debió agotar, previa promoción del juicio de amparo, el recurso o medio de defensa ordinario que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz contempla para ello. Por lo que al no haberse hecho así, debido a que de lo reseñado en la demanda de amparo, no se aprecia que el promovente instaurara el recurso de apelación contra el acto que combate, se considera que este juicio de amparo es improcedente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz; fórmese el expediente y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de juicio 840/2023, que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En este contexto, en el particular, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las razones que se vierten a continuación. El precepto transcrito, en la fracción citada, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades jurisdiccionales, cuando se agoten los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad, el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos; entendidos éstos, como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se haga valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue causa la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en la disposición aludida. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así, puede decirse que el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente. Para lo cual, por un lado, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; y, por otro, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad. Es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Por otra parte, pero en relación con lo anterior, es necesario establecer que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Veracruz, establece que son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. Asimismo, el artículo 216 del ordenamiento legal invocado, establece que el recurso de apelación puede suspender la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria, o la tramitación del juicio cuando se haya interpuesto contra un auto. Bajo estas premisas, del escrito de amparo se advierte que el quejoso reclama: La resolución interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, en los autos del expediente ********* de su índice, por la que resolvió la planilla de liquidación sobre pensión alimenticia provisional promovido por la ahí actora. En este sentido, es de establecerse que la resolución combatida constituye un acto de imposible reparación en la sentencia que se dicte en el procedimiento de origen, toda vez que ésta tiene por objeto requerir al quejoso el pago de la cantidad que se cuantificó por concepto de pensión alimenticia provisional en la forma propuesta por la ahí actora, lo cual no es susceptible de rectificarse al momento de resolverse en definitiva dicho asunto y, en consecuencia no podría ser reparable en la sentencia definitiva. Ello, pues es criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país que resulta improcedente la devolución de las cantidades que por concepto de pensión alimenticia provisional sean descontadas al deudor. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, página 33, con registro digital 161140 y de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS." Por lo que si el auto que se combate es uno que causa daño irreparable y la ley ordinaria prevé un medio ordinario de defensa en su contra, como es el recurso de apelación, el cual tiene por objeto revocar, modificar o confirmar el auto que se impugna; se estima que, de conformidad con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, para que la tutela de derechos humanos pueda acontecer, el quejoso debió agotar, previa promoción del juicio de amparo, el recurso o medio de defensa ordinario que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz contempla para ello. Por lo que al no haberse hecho así, debido a que de lo reseñado en la demanda de amparo, no se aprecia que el promovente instaurara el recurso de apelación contra el acto que combate, se considera que este juicio de amparo es improcedente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, con número de registro 2017117, titulada: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin que en el caso se actualice excepción alguna al principio de definitividad, pues el acto que aquí se reclama no encuadra en ninguno de esos casos; ya que no existe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, o alguna de las otras hipótesis previstas por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, el acto reclamado no se trata de una orden de arresto, aprehensión, reaprehensión, o de un auto de vinculación a proceso o de uno que niegue la libertad provisional bajo caución o que decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, o cualquiera que afecte la libertad personal del quejoso. Ni la parte quejosa es tercera extraña al procedimiento; aunado a que la procedencia del medio de defensa en comento, no se sujeta a interpretación adicional, en atención a que se encuentra previsto de manera específica en la codificación civil aplicable. Por tanto, se insiste, en el caso, antes de la promoción de este juicio de amparo, el quejoso debió interponer el recurso de apelación que establece la normatividad aplicable, puesto que, al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la materia de amparo y, con ello, actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS (...) "
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