Silvano González Santos
Expediente 67/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Silvano González Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Registro Interno:8251. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio que antecede. Conste.Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que contiene inserto el proveído de ocho del mes y año en curso, dictado en los autos del amparo en revisión 84/2019, en el que se declaró firme el auto que desechó el recurso de revisión interpuesto y por lo cual remite el legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo vía electrónica. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de revisión y de sus anexos e informa que lo desecho por notoriamente improcedente mismo que quedo registrado con el número 84/2019..."
- Principal
"...Agréguese el escrito de la quejosa, mediante el cual interpone revisión en contra del auto dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso. En virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, a criterio de este Juzgado se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el original y copia del escrito de agravios y copia certificada de las constancias que se estimen necesarias, a fin de que la superioridad se encuentre en aptitud de resolver los recursos correspondientes. No obstante a lo anterior, se hace del conocimiento al Tribunal Colegiado que corresponda su conocimiento, que en caso de que estime necesarios los autos originales que integran el juicio de amparo, se le remitirán a la brevedad posible. Notifíquese...".
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICARLE POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO SILVANO GONZÁLEZ SANTOS, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDO POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 67/2019-II-B, SEGUIDO POR SILVANO GONZÁLEZ SANTOS, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO EXHORTANTE, QUE EN LO CONDUCENTE TRATA:... Agréguese a los autos el escrito del quejoso Silvano González Santos, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa -demandada en el juicio de origen- reclama la sentencia interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Décimo Primero de lo Civil con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en los autos del expediente 1335/2012, de su índice, en el que se confirmó el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho. DESECHAMIENTO Así, la demanda debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. En efecto, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le causa un perjuicio irreparable, sino que es uno dictado dentro de la etapa de ejecución de sentencia que puede ser reparable al dictarse la última resolución que tenga por cumplida ésta o señale la imposibilidad que se tenga para ello. Dichos ordinales son del tenor literal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [...]" En efecto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, en específico en ejecución de sentencia, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Es decir, la procedencia del juicio de amparo indirecto en ejecución de sentencia se encuentra limitada, en razón de que se pretende evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. De ahí que, aunque la parte que promueva el juicio de amparo sea el vencedor en la contienda de origen, constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la citada regla de procedencia, en virtud de que, independientemente de la parte que promueva el juicio (actor o demandado), en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que, como fue precisado, es lo que se pretende evitar mediante la regla de procedencia citada en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, con número de registro 181144, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Por otro lado, es necesario mencionar que si bien, por regla general tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, existen casos de excepción a dicha regla, pues aunque la fracción IV es autónoma, lo cierto es que no existe impedimento para leerla de manera relacionada con la fracción V, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente admiten en su contra el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien cuando los actos reclamados pretendan impedir, obstaculizar o interrumpir la ejecución de la sentencia. Es ejemplificativo de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así, el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Primero de lo Civil con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en los autos del expediente 1335/2012 de su índice, en el que se confirmó el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual no se le tuvo por desahogada la prevención realizada al no haber designado perito valuador de su parte y por tanto, se dio vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción. Aunado a lo anterior, cabe precisar que de los asuntos que se tramitan ante este Juzgado de Distrito, se advierte como un hecho notorio que Araceli Bonfacio Monroy, por escrito presentado el día doce de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se turnó el mismo día a este órgano de control constitucional, promovió diverso juicio de garantías el cual quedó registrado bajo el número 426/2018-VI-A, en el que reclama ciertos actos derivados del juicio tramitado ante el Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, y en el que de igual forma participa Rita Valladolid Collado; autoridad responsable y tercera interesada idénticas que en el juicio que juicio que nos ocupa. A manera de antecedentes en el juicio 426/2018-VI-A, se advierte que el ocho de octubre de dos mil doce, Rita Valladolid Collado demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa de Silvano González Santos el pago de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como el pago de diversas prestaciones, así como que el juez responsable formó y registró dicha demanda bajo el número 1335/2012, y que el veintiuno de junio de dos mil trece se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada a pagar la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios y costas, lo que reitera que el juicio de origen se encuentra en ejecución de sentencia. Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Novena Época, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En ese sentido, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no es la última resolución dictada en la etapa correspondiente, pues en su caso, ésta será la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo condenado en la sentencia emitida, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso, como vimos, no sucede. Por tanto, una vez que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de origen, la autoridad responsable emitirá la resolución correspondiente en la que determinará si ésta se encuentra o no cumplida o declarará su imposibilidad para cumplirlo y, en su caso, ordenará el archivo del asunto; y es esa determinación la que la parte quejosa podrá combatir mediante el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución. Además, el acto reclamado no encuadra en algún supuesto de excepción a la regla general prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que la sentencia interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Primero de lo Civil con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en los autos del expediente 1335/2012 de su índice, en el que se confirmó el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual no se le tuvo por desahogada la prevención realizada al no haber designado perito valuador de su parte, no es un acto de imposible reparación ya que no afecta su vida, libertad, propiedad, salud, etc. Luego, al ser una resolución dictada durante el trámite de la ejecución de sentencia, se reitera, lo deberá combatir junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento, mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia; o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo.
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