Silvano Cerda Castillo

Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1122/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Silvano Cerda Castillo
  • América Maya Oloño Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ********************, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el nueve de octubre del año en curso (fojas 15 a 21), en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, por violaciones que estima de los artículos 1, 8 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 1122/2023-I. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que como autoridad responsable, acto reclamado y antecedentes del mismo, se señalaron los siguientes: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad. "ACTO RECLAMADO.-EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN RELACIÓN AL ACUERDO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO Y 2 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITITRÉS DICTADOS EN LOS AUTOS DEL SUMARIO LABORAL ******************** POR LA JUNTA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DENTRO DEL CUAL, EN FRANCA CONTRAPOSICIÓN A LOS IMPERATIVOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 1° PARRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCION, EL ABSOLVENTE CON FECHA 17 DE MAYO DE ESTE AÑO DE ESTE AÑO FUE DECLARADO CONFESO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO OBSTANTE DEL ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN QUE EL QUEJOSO PRESENTE CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2023." Como se analizará, en el presente asunto se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio biinstancial, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; Se dice lo anterior, ya que en la especie, los actos que se combaten en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio biinstancial. En efecto, del análisis exhaustivo a la demanda de amparo, se advierte en esencia que: El quejoso ********************, es la parte actora en el expediente administrativo laboral número ********************, del acto reclamado. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la responsable admitió, entre otras pruebas, la confesional a cargo de aquí doliente, señalando el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés para el desahogo de la misma, la cual se tuvo por confesa; lo anterior, toda vez que el impetrante de amparo se presentó a desahogarla en el domicilio anterior de la dependencia de trato; y,. El treinta de mayo del año en curso, la responsable, a solicitud de la parte actora, pidió que se dejara sin efecto la declaración confesa de ********************, bajo el argumento de que él mismo por un error de desconocimiento del cambio de domicilio de la dependencia laboral de origen, se presentó en el ubicado en la Avenida Álvaro Obregón, número 39, colonia Jardín, en esta localidad; sin embargo, por los motivos que ahí fueron plasmados, se le dijo que no había lugar acordar de conformidad su petición. Ahora bien, de la lectura de dichos antecedentes y de la totalidad de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la inconformidad planteada por el aquí quejoso, que origina su causa de pedir, tiene que ver con la circunstancia de que la Junta responsable el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por confeso la prueba confesional admitida, la cual corrió a su cargo dentro de los autos del expediente administrativo laboral número ********************, promovido en contra de ********************, bajo el argumento toral de que desconocía el cambió de la junta laboral de trato a un diverso domicilio en esta localidad. Ante ello, es evidente que dicho acto de autoridad por esta vía impugnado, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y solo tiene efectos intraprocesales, toda vez que con su dictado no se causa al quejoso un agravio directo a los derechos fundamentales que tutela la Ley Suprema, como son, la libertad, integridad física, posesiones o derechos; y en caso de trascender al resultado de la sentencia que en el juicio de origen se dicte, podrá alegarse y demostrarse como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 constitucional, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten personas extrañas al juicio. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Lo anterior encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1303, Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Así como, en la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/7, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1536, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de 2006, Novena Época, que dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Por tanto, el acto reclamado por el quejoso en el presente asunto, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, ya que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y sus efectos en ese tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable, pues se trata de una prueba confesional que según su apreciación se tuvo por desahogada en forma contraria a la ley; luego, como ve, el acto reclamado en el supuesto de que trascienda al resultado de la sentencia definitiva que se dicte, únicamente afectaría la defensa del quejoso, que podrá alegarse y demostrarse como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, el acto que por esta vía reclama el quejoso, no debe reclamarse en amparo indirecto pues no constituye en un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatida en amparo directo en caso de que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada X.1o.20 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 1196, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. MPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso." En esa tesitura, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia que se ha estudiado, establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que este pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, que establece: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." De igual forma, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley en cita, a la licenciada ********************, quien se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el número de registro ********************, del cual se anexa copia simples para los efectos legales a que haya lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES En otro orden, hágase del conocimiento a las partes que el presente expediente queda supeditado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este asunto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y VII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación antes indicada, además de que dichos datos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación general citada, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita los lineamientos sobre protección de datos a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la ley general indicada. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como el diverso numeral 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación y el de las Entidades Federativas, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; asimismo, hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales. Además, se informa a las partes del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de sus datos. DIGITALIZACION Conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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