Silva Cuevas Sánchez

Expediente 1742/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1742/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Silva Cuevas Sánchez
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio 6609/2019 de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, Guerrero, la demanda de amparo presentada por Silva Cuevas Sánchez, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinoza Casarrubias, misma que fue presentada ante ese órgano colegiado como amparo directo, y que fue registrada en su estadística como juicio de amparo directo laboral 795/2019; así como el informe justificado rendido por las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y su Presidenta, encargada del Despacho; mismo que fue turnado el once de diciembre del mismo año, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, constancias de las que se advierte que Silva Cuevas Sánchez, por conducto de su apoderado legal Hiram Espinoza Casarrubias, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que a continuación se precisan. "AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Residentes en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La resolución que decreta el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido dictada tanto por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como por el C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, en autos del Expediente Laboral Número 366/2009, seguido por la C. SILVA CUEVAS SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, del índice del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gurrero." La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, aceptó la competencia planteada por la superioridad y ordenó su registro con el número 1742/2019; se previno a la parte quejosa para que formulara la protesta de Ley, asimismo, expusiera los hechos y abstenciones que constituyen el acto reclamado en el presente juicio y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación expresados en su escrito de demanda. TERCERO. Previo desahogo de la misma en acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite demanda de amparo; sin que fuera necesario recabar el informe con justificación de las responsables por ya obrar en autos; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento legal alguno; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, se recabaron las constancias necesarias para integrar el presente sumario, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que corresponde, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a una autoridad que tiene su residencia en el ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es preciso destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que la parte quejosa se duele de: * El acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, determinó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio laboral 366/2009, de su estadística. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y su Presidente, precisado en el segundo considerando de esta sentencia, pues así lo manifestó la presidenta encargada del despacho de dicho tribunal obrero, al rendir el correspondiente informe justificado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, Materia Común, Apéndice 1917-Septiembre 2011, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron las responsables anexas a su informe justificado, y a través de oficio 03477/2020 de dieciocho de marzo de dos mil veinte, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el uno de julio de dos mil veinte, documentales de las que se destaca la existencia del auto fechado en veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictados en el expediente laboral 366/2009 de su índice, documentales todas a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Ahora, es preciso reiterar que el acto que en esta vía se combate, lo es, El acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, determinó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio laboral 366/2009, de su estadística; este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, lo cual obliga a SOBRESEER en el juicio, dispositivos que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, opera la causa de sobreseimiento citada, toda vez que, para que así suceda, se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de sus derechos violados. Numeral descrito, que establece la hipótesis de que cuando los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, entonces el juicio de amparo es improcedente. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Énfasis añadido) En ese orden, y dado que la parte quejosa en esencia se duele que las responsables en auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, sin fundamentación y debida motivación determinaron el archivo del juicio laboral 366/2009, como total y definitivamente concluido, violentando con dicho actuar sus derechos. Ahora, de las constancias enviadas por las autoridades responsables a las que se ha concedido valor probatorio, se aprecia específicamente del acuerdo fechado en diez de enero de dos mil veinte, data posterior a la presentación de la demanda de amparo, del que se aprecia que el tribunal obrero, emitió nuevo acuerdo en el que dejó sin efectos el auto combatido en esta vía constitucional, respecto al archivo del juicio de origen; para evidenciar lo anterior, se transcribe en lo que interesa el auto de mérito. "Chilpancingo, Guerrero, a diez de enero de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el expediente laboral número 366/2009, promovido por la C. Silva Cuevas Sánchez, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO; Ahora bien, previo estudio de las actuaciones que obran en los autos del expedientes que se actúa, se desprende que con fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, se dictó acuerdo, mediante el cual se ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido, sin tomar en consideración que los tomos I y II del presente expediente, se encontraban en poder del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo de este Vigésimo Primer Circuito, para la substanciación del recurso de inconformidad 30/2009 promovido por la parte actora, derivado del juicio indirecto 166/2018, quedando pendientes algunas actuaciones que se deben realizar en el presente juicio; en tal circunstancia, y para preveer cualquier tipo de nulidad de actuaciones, con fundamento en los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo supletorio a la Ley de la materia, se corrige el procedimiento y se deja sin efecto alguno el acuerdo antes referido únicamente por cuanto hace a que se ordena archivar el asunto como total y definitivamente concluido, así mismo y toda vez que la parte demandada en su escrito presentado el día tres de octubre del año dos mil diecinueve, solicitó que sea entregado el título de crédito exhibido en el mismo se archive el expediente como total y definitivamente concluido, dese vista a la parte actora para que dentro de un término de tres días hábiles mismo que les iniciará al día siguiente hábil en que sea notificados del presente proveído manifieste lo que a su interés derecho convenga hecho que sea lo anterior, se acordará conforme a derecho corresponda, esto para todos los efectos legales a que haya lugar (.)" [Énfasis añadido] Transcripción que se insiste hace evidente que ha dejado de surtir efectos el acto reclamado en esta instancia constitucional, pues las autoridades responsables dejaron sin efectos la orden de archivo del expediente laboral 366/2009 como asunto total y definitivamente concluido; y en esas condiciones, es incuestionable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque tal como está acreditado con las constancias remitidas por las responsables a este órgano jurisdiccional Lo anterior, sin que este órgano de control constitucional, pueda estudiar la legalidad o ilegalidad de ese auto pues no forma parte de la litis en este juicio; además de que este Juzgado, se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por las razones que la sustentan, el criterio 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, página 732, de la Décima Época, con registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". En ese orden de ideas, a criterio de este órgano jurisdiccional resulta evidente que las autoridades señaladas como responsables restituyeron el goce del derecho fundamental violado que aduce la impetrante del amparo, lo que conlleva a la conclusión de que en el presente caso se surte de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado a la parte quejosa la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, pues con fecha posterior a la demanda la autoridad responsable emitió pronunciamiento en el que corrigió y dejó sin efectos el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, respecto a la orden de archivo del juicio laboral 366/2009, como total y definitivamente concluido, y en su caso ordenó dar vista a la parte actora -aquí quejosa- con la presentación de los títulos de crédito exhibidos por la parte demandada -aquí tercera interesada-; por tanto, resulta ocioso el estudio del acto reclamado de referencia pues ya no está surtiendo efectos. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, página 198, Octava Época, con número de registro electrónico 216806, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Por las razones anotadas, al resultar operante la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 62, 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE IMPONE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo respecto de los actos en comento, tal como lo establece la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el diecinueve siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluyan sus nombres y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, y los diversos 73, 74 y 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Silva Cuevas Sánchez, contra el acto identificado en el segundo considerando de esta sentencia, que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, y su Presidente, por los motivos establecidos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento Integral de Expedientes "S.I.S.E", asimismo, anótese en el libro de registro.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se decretó la reanudación del procedimiento, sin que a la fecha el citado auto haya sido notificado a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidenta, ambos residentes en esta ciudad. En consecuencia, para dar margen a la debida integración del presente sumario, la audiencia de mérito se difiere y en su lugar para su verificativo se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En mérito de lo anterior, se instruye al actuario judicial llevador del presente expediente para que realice la entrega de los oficios 12967/2021 y 12968/2021 de veintiuno de octubre del año en curso, a través del cual se les informa a las autoridades responsables la reanudación del procedimiento en el presente juicio; ello, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; en el entendido que de existir imposibilidad para ello, deberá levantar la razón correspondiente. Asimismo, se le indica al actuario que corresponda, que para el caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir los mismos, actúe en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, en mérito de lo acordado, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables y Ayuntamiento tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente auto constituye una cuestión de mero trámite.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se decretó la reanudación del procedimiento, sin que a la fecha el citado auto haya sido notificado a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y su Presidente ambos residentes en esta ciudad. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En mérito de lo anterior, se instruye al actuario judicial llevador del presente expediente para que realice la entrega de los oficios 12967/2021 y 12968/2021 de veintiuno de junio del año en curso, a través del cuales se informa a las autoridades responsables la reanudación del procedimiento en el presente juicio; ello, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; en el entendido que de existir imposibilidad para ello, deberá levantar la razón correspondiente. Asimismo, se le indica al actuario que corresponda, haga entrega de la totalidad de los oficios derivados del presente asunto y para el caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir las misivas, actúe en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, en mérito de lo acordado, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables y Ayuntamiento tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente auto constituye una cuestión de mero trámite.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se decretó la reanudación del procedimiento, sin que a la fecha el citado auto haya sido notificado a las autoridades responsables Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y su Presidente Ejecutor, ambos residentes en esta ciudad. En consecuencia, para dar margen a la debida integración del presente asunto, la celebración de la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan para su desahogo las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

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