Silbina Perez Lopez
Expediente 362/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Silbina Perez Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA 6-B.- Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa Silbina Pérez López, en proveído de cuatro de abril de la presente anualidad (fojas 20 a 28), dictado en el juicio de amparo en que se actúa, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho auto; por tanto, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este tribunal. Asimismo, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el cuatro de abril de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en sus puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, fracción I en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, que no tiene valor jurídico, histórico o documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio, para que ésta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Décimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
MESA 2-A-Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-GUANAJUATO", con sede en Ocampo Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada del acta de ingreso 027/2019 de veinte de febrero del año que transcurre. En tal virtud, en obvio de mayores dilaciones procesales, a fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los comunicados de cuenta y anexos que acompaña, dése vista a la parte quejosa, con las copias certificadas de las actas de egreso 056/2019 del Centro Penitenciario Federal Número 15 "CPS Chiapas" y de ingreso 027/2019 del quejoso ambas de veinte de febrero del año en curso, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-GUANAJUATO", por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables;..Ahora, por cuanto la parte quejosa José artín Sandoval Colín, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-GUANAJUATO", con sede en Ocampo Guanajuato, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a la naturaleza apremiante del asunto de que se trata y toda vez que el centro de reclusión, se encuentra fuera del ámbito territorial en el que este Juzgado ejerce su jurisdicción, vía electrónica, remítase atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia León Guanajuato. Lo anterior, para que comisione al personal de su adscripción, se constituya en donde se encuentra recluido el referido quejoso, pida comparezca ante su presencia y notifique el presente proveído, corriéndole traslado con copia de las actas de egreso 056/2019 del Centro Penitenciario Federal Número 15 "CPS Chiapas" y de ingreso 027/2019 del quejoso ambas de veinte de febrero del año en curso, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-GUANAJUATO", de los cuales se anexan para tal efecto, y le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibiéndola que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a los funcionarios judiciales que realicen las diligencias, para que la lleve a cabo cumpliendo con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional; hecho lo anterior, remita a este juzgado las constancias de la diligencia que se practique de forma inmediata, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, seguro de mi reciprocidad en casos análogos.
- Principal
MESA 6-B.- Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de veintidós de marzo del año en curso (foja 73), se puso a la vista de las partes el informe justificado remitido por la autoridad responsable Delegado de Gobierno, con residencia en Huixtla, Chiapas. En tales condiciones, toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido de las constancias de trato y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar su verificativo.
- Principal
MESA 2-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Cabe precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1.- Dentro del ámbito de sus atribuciones, provean que de inmediato se le brinde la atención médica y que ésta sea integral y completa al quejoso, conforme a lo destacado en esta sentencia, esto es, recabar de inmediato el diagnóstico especializado para su padecimiento; inmediatamente después, verificar el cumplimiento del tratamiento que se indique, a fin de que tengan una mejor calidad de vida; y, 2.- Se le proporcione los medicamentos y/o complementos alimenticios, así como la dieta relativa, que les haya sido prescrito o cualquier otro que indique el médico tratante, conforme a los padecimientos diagnosticados". Ahora, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 44 y 45), causó ejecutoria la sentencia dictada el quince de agosto de esa anualidad (fojas 29 a 39), por este órgano de control constitucional y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Director General, Titular del Área Médica, Titular del Área de Seguridad y Custodia y Titular del Área de Producción de Alimentos, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residentes en Villa Comaltitlán, Chiapas. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De lo anterior deriva, que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Atento a lo expuesto, mediante oficios de trece y catorce de octubre de dos mil diecisiete, las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Dirección General, Médico Penitenciario, Director de Seguridad y Encargado del Departamento de Producción de Alimentos del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, informaron respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y al efecto la primera de las mencionadas remitió copia certificada de las constancias relativas a dicho cumplimiento (fojas 47 a 56, 59, 63 y 70). Con esos comunicados y anexos, en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mismo, manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 72 y 73). En auto de once de enero de dos mil dieciocho, no se tuvo por cumplida la ejecutoria; ello, pues de constancias no se advirtió que las autoridades responsables realizaran al quejoso el perfil tiroideo y biopsia por aspiración con aguja fina, tal como fue sugerido por el médico Luna Martínez, de medicina interna del centro penitenciario, al valorar al referido quejoso el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 53); por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación de ese acuerdo, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 76 a 79). Requerimiento antes citado, el cual se reiteró en autos de veinticuatro, veinticinco de enero, veintiséis de marzo, veintidós de mayo, veintinueve de junio, veintisiete de julio, siete de septiembre, nueve de octubre, doce, treinta de noviembre, veintiocho de diciembre, todos de dos mil dieciocho; quince, veintinueve de enero, once, dieciocho de febrero, once de marzo y ocho de abril de la presente anualidad (fojas 88, 89, 92, 93, 108, 109, 118, 119, 122, 123, 132, 133, 136, 137, 148, 149, 152, 153, 163, 164, 167, 168, 180, 181, 191 a 195, 207, 298, 213, 214, 219 y 223). En cumplimiento a los anteriores requerimientos las autoridades responsables mediante oficios que se mandaron agregar a los autos en proveídos de veinticuatro y veinticinco de enero, veintiocho de febrero, veintidós de mayo, nueve de julio, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, tres y veintinueve de enero, siete y dieciocho de febrero, doce y doce de abril de la presente anualidad (fojas 81 a 89, 91 a 93, 99 a 104, 113 a 119, 125 a 129, 140 a 145, 155 a 160, 170 a 175, 187 a 195, 204, 205, 212 a 214, 225 a 237, informaron y acreditaron las gestiones realizadas sobre el cumplimiento del fallo protector concedido en este juicio. Con dichos comunicados en autos de veinticinco de septiembre y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; doce y dieciséis de abril del año en curso, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (fojas 144, 145, 160, 230, 231, 236 y 237). En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias que adjuntaron las autoridades responsables, dentro de las que se destaca la nota médica de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, solicitud de interconsulta a medicina interna, receta médica, hoja de contra referencia, formatos de entrega recepción de medicamentos (fojas 49 a 55), se demuestra que se brindó atención médica en general, al ahora quejoso Ricardo Calixto Reyes, en la que se le diagnosticó tumoración en cuello e hipertrigliceridemia, dándole un plan de tratamiento consistente en valoración por el área de medicina interna, USG cuello, naproxeno 250 miligramos tabletas, dos cada doce horas, por diez días; metformina 85 miligramos tabletas, una cada doce horas, y plavastatina 20 miligramos, tomar una cada veinticuatro horas por las noches, por tres meses. Asimismo, se encuentra acreditado que dichas autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para la realización del perfil tiroideo y biopsia por aspiración con aguja fina, tal como fue sugerido por el médico Luna Martínez, de medicina interna de dicho centro penitenciario, al valorar al referido quejoso el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 53); de igual forma, que el referido quejoso fue valorado por el médico especialista Jesús López Rivera, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad, denominado "Ciudad Salud", con residencia en esta ciudad, quien fue quien le diagnosticó tumor maligno de la glándula tiroides y le explicó al paciente, patología, tratamiento riesgos y complicaciones, ante quien el quejoso manifestó que no aceptaba el tratamiento, pero que tomaría tiempo para pensarlo y hablar con su familia (fojas 172 y 173). Por lo anterior, si de autos se advierte que las autoridades responsables acreditaron que el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, brindaron atención médica en general, al ahora quejoso Ricardo Calixto Reyes, en la que se le diagnosticó tumoración en cuello e hipertrigliceridemia, dándole un plan de tratamiento acorde a sus padecimientos; realizado además, las gestiones necesarias para la realización del perfil tiroideo y biopsia por aspiración con aguja fina, tal como fue sugerido por el médico Luna Martínez, de medicina interna del centro penitenciario, al valorar al referido quejoso el tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 53); ante esa situación, es indudable que la ejecutoria de amparo, ha sido cumplida. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplieron con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda.
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