Sihemi Delgadillo Lozano
Expediente 456/2016 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/07/2018
Partes del expediente
- Sihemi Delgadillo Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia certificada de la resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad 17/2018, en el cual el pleno de este Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "Primero. Es improcedente, respecto del Director General Adjunto Jurídico Contencioso del Director General Adjunto de Legislación y Consulta, del Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales y del Director General Adjunto de Apoyo Jurídico Institucional, todos de la Secretaría de la Función Pública. Segundo. Es infundada la inconformidad interpuesta por la Coordinadora Jurídico Contencioso, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Función Pública, contra el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual tuvo por cumplida la ejecutoria que concedió la Protección Federal solicitada." Ahora bien, en virtud de este asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por el que se interpone recurso de inconformidad, en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la presidencia de este órgano colegiado, consecuentemente, previa copia certificada que se deje en autos remítanse los agravios de referencia, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que se le asigne el número de turno correspondiente, y una vez hecho lo anterior, sea devuelto a la brevedad posible a este tribunal colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, estado de México, a quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos en el presente asunto en etapa de cumplimiento, del que se advierte que una de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación; En sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ". deje insubsistente la sentencia reclamada, de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis; y, dicte otra, en la cual, realice lo siguiente:?Reitere las consideraciones que no fueron materia de amparo y aquellas que derivado del análisis de los conceptos de violación se estimaron ineficaces; ?Analice el tema de prescripción de la facultad de la autoridad para imponer sanciones con atención a lo que ya resolvió y conforme a los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, la estime prescrita.?En conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, una vez que decrete la prescripción, restituya a la quejosa en el goce de sus derechos, como consecuencia de la resolución cuya nulidad decreta." Ahora bien, la autoridad responsable mediante oficio 11-2-2-1089/18, de cuatro de enero de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la sentencia dictada en esa misma fecha, en la que consideró lo siguiente. "CONSIDERANDOS .?. SEGUNDO. ...?. 1) Se deja insubsistente la sentencia definitiva emitida en el presente juicio el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. .?. QUINTO. .?. En suma, se concluye que es ilegal la notificación del citatorio de ley, contenido en el oficio 18/600/AR-096/2013, de veintitrés de julio de dos mil trece, mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador a cargo de la parte actora. .?. SEXTO. .?. Por lo anterior, si tal como quedó precisado en el considerando anterior, fue ilegal la notificación del citatorio de ley contenido en el oficio 18/600/AR-096/2013 de veintitrés de julio de dos mil trece, mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador a cargo de la parte actora, resulta que las consecuencias que produjo respecto del plazo de prescripción desaparecieron. ?Con base en lo expuesto, si el plazo para que opere la prescripción para sancionar a la actora es de cinco años, el cual feneció el uno de agosto de dos mil quince; y, si resultó ilegal la notificación del citatorio contenido en el oficio 18/600/AR-096/2013, por el cual se dio inicio al procedimiento de responsabilidades, las consecuencias que produjo respecto del plazo de prescripción desaparecieron, por tanto, tal plazo no se interrumpió. ?En suma, en vicio que contiene la resolución impugnada, actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se emitió en contravención a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos, ya que la autoridad demandada contaba hasta el uno de agosto de dos mil quince para interrumpir el plazo de prescripción y sancionar a la actora, sin embargo no lo hizo así, por lo que válido decretar que la facultad de la enjuiciada para tal efecto prescribió. ?En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, fracción V, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y se condena a la autoridad demandada a restituir a la impetrante en el goce de los derechos que le hubiesen sido violentados .?. Girar oficios al Área de Quejas del Órgano Interno de Control en P.M.I, Comercio Internacional, S.A. de C.V. y a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" del Servicio de Administración Tributaria (Antes Administración Local de Recaudación Sur del Servicio de Administración Tributaria), para el efecto de comunicarles la improcedencia de las sanciones determinadas en la resolución impugnada en este juicio y que omitan cualquier acto de molestia y privación tendente a aplicar y/o cobrar el importe de las sanciones pecuniarias anuladas. ? ii. Se haga el movimiento de baja en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Administración Pública Federal respecto de la sanción impuesta a la actora." Asimismo, en el considerando séptimo determinó lo siguiente: "SÉPTIMO. .?. En efecto, del análisis exhaustivo efectuado a la resolución controvertida, no se advierte que la demandada haya determinado destituir a la demandante del cargo que ocupaba como Auditora de Fletamentos de Buques en el órgano Interno de Control de PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., por tanto no ha lugar a ordenar que se le restituya en dicha plaza administrativa, ni mucho menos que se le paguen los salarios y las prestaciones que reclama.? Cabe mencionar que la relación laboral de la accionante con PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. término el tres de abril de dos mil trece, según consta en el finiquito 11/2013, agregado a folios 571 de autos, en el que Sihemi Delgadillo Lozano, reconoció que la relación laboral con la entidad culminó en la citada fecha; además que le fueron pagados sus sueldos y prestaciones hasta el dos de abril de dos mil trece. - En esas circunstancias, a juicio de esta juzgadora el acto que dio terminada por la relación laboral fue distinto al impugnado en el presente juicio, de ahí que no se pueda condenar a la autoridad demandada a restituirle su empleo ni a pagar salarios y demás prestaciones.-.". Al tener en cuenta los actos siguientes, debe declararse que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, pues de estos se advierte que la responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada; emitió otra, en la cual reiteró las consideraciones que no fueron motivo de concesión de amparo (ilegalidad del oficio citatorio), y aquellas que derivado del análisis de los conceptos de violación se estimaron ineficaces (restitución de empleo y pago de haberes); asimismo, decretó la prescripción de la facultad de la autoridad para imponer sanciones y, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos, para lo cual ordenó girar oficio a las autoridades correspondientes, esto es, al Área de Quejas del Órgano Interno de Control en P.M.I, Comercio Internacional, S.A. de C.V. y a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" del Servicio de Administración Tributaria (Antes Administración Local de Recaudación Sur del Servicio de Administración Tributaria), para comunicarles la improcedencia de la sanción de inhabilitación personal y de la pecuniaria; así como procedan a la baja en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Administración Pública Federal de la sanción de inhabilitación y se abstengan de cobrar la económica. Por tanto, este tribunal, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, último párrafo, 197 y 214 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo referida, sin que en su acatamiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto en su ejecución. De lo anterior resulta, que es inexacta la inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo que expresa el Director General Adjunto Jurídico Contencioso, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (tercero interesado), al estimar que: ".-. Esto es, la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México no especificó cuál es la autoridad competente para dar cumplimiento a la sentencia, puesto que no determina de manera expresa cuál sera la persona juridical encargada de restituir a la quejosa. - Esto, ya que mediante oficio 315.2.1.A.-375 de 23 de enero de 2015 esta Unidad de Asuntos Jurídicos se apersonó a juicio únicamente para continuar con la defensa de la resolución administrativa de 23 de enero de 2014, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en P.I.M. Comercio Internacional S.A. de C.V. - Lo anterior derivado de la transformación de P.M.I Comercio Internacional, S.A. de C.V. de empresa de participación estatal mayoritaria a empresa filial de Petróleos Mexicanos, lo que implicó que no es una autoridad paraestatal y tiene la naturaleza juridica del derecho privado. -En congruencia, resulta necesario que la Sala del conocimiento precise cuál es la autoridad que, en su caso, debe dar cumplimiento a la sentencia, ello en atención para cumplir con el principio de certeza y seguirdad juridical.- Por ende, se debe tener por no cumplida la sentencia materia de análisis al actualizarse un defecto en su emisión.-.." Esto es así, porque la responsable, sí señaló las autoridades que deben restituir a la quejosa en el goce de sus derechos; a saber, el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en P.M.I, Comercio Internacional, S.A. de C.V. y a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4" del Servicio de Administración Tributaria (Antes Administración Local de Recaudación Sur del Servicio de Administración Tributaria; aunado a que, la existencia de la primera de las autoridades citadas, no constituye una cuestión que fuera materia de la sentencia que otorgó el amparo, por consecuencia, tampoco un efecto de su cumplimiento, de ahí, lo alegado en ese sentido por la tercera interesada, no constituye defecto. Hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, háganseles de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de la tercera interesada, mediante el cual desahoga la vista concedida mediante auto de diez de enero de dos mil diecisiete; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se le tienen por formuladas sus manifestaciones. Se tienen como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en el entendido de que si tienen registradas sus cédulas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, se les tendrán como autorizados en términos amplios del precepto legal antes mencionado. Por otro lado, no ha lugar a tener como su domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala el promovente, en razón que de conformidad con los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones por vía electrónica sólo pueden realizarse a los representantes de las autoridades responsables y terceras Interesadas que cuenten con Firma Electrónica, están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de citada Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Finalmente, pasen los autos al dictado de la resolución correspondiente.
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