Sigurd Johnson Rodríguez

Expediente 1527/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1527/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Sigurd Johnson Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 372/2023-II, se forma el presente cuaderno con motivo del recurso de revisión que interpone el tercero interesado ********************, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno, y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Rogelio Javier Salazar Zavala, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, toda vez que a las doce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1043/2023-VI, promovido por *******, en su carácter de ******, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que dicho expediente se encuentra en estudio para el dictado de la resolución correspondiente; fórmese el expedientillo respectivo. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, mediante el cual desahoga la vista ordenada mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso. Con su contenido, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Tercero interesado informa. Agréguese a los autos el escrito signado por el diverso tercero interesado Héctor Vicente Calvillo Palomo, en atención a su contenido, se provee: Téngase al ocursante, haciendo del conocimiento de este juzgado, la existencias de diversos terceros interesados, para lo cual exhibe la boleta número ********************, expedida por el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí. Se ordena emplazamiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 5° fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado en este asunto al ********************, quien deberá ser emplazado por medio de oficio que al efecto se le envíe, de conformidad con la fracción II, inciso b), del artículo 26 del ordenamiento legal en cita, remitiéndole copia de la demanda de amparo, haciéndole saber que se encuentran señaladas las once horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, para que si lo estima conveniente comparezca a éste juicio a hacer valer lo que a su derecho convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como terceros interesados en el presente juicio de amparo a ********************. En tal virtud, se comisiona al actuario de la adscripción para que proceda a emplazar al aludido tercero ********************, en el domicilio ubicado en ********************, a quien deberá correrá traslado con copia de la demanda de amparo, escritos aclaratorios, auto admisorio y del presente proveído, y le haga saber que se encuentran señaladas las once horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Prevención y apercibimiento. Asimismo, lo prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al tercero interesado ********************; por medio de lista; y por oficio al diverso tercero interesado ********************.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en atención a su contenido se provee: Téngase recibido en esta fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, el testimonio de la ejecutoria de seis de octubre de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el amparo en revisión 100/2023, interpuesto en contra de la sentencia dictada presente juicio de amparo; así como el juicio de amparo 204/2022-VI y tres discos compactos. Acúsese el recibo de estilo, glósese el cuaderno de antecedentes previo desglose de las copias certificadas, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se resuelve: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la resolución recurrida.". Devolución de anexo. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, Sala Sede, Rioverde, San Luis Potosí, los discos compactos que acompañó a sus informes de ley. Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Tercera Región Judicial del Estado, Sala Sede, Rioverde, San Luis Potosí, para que inmediatamente informe a este juzgado el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de la cual se le remite copia autorizada, y se transcribe en la parte denominada "Estudio": "QUINTO. Estudio. Los agravios planteados por el quejoso y recurrente son fundados, suplidos en su deficiencia. En esencia, argumenta que le causa perjuicio que la juzgadora Federal determinara que sí se justificó la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión reclamada. Refiere que se infringió el artículo 75 de la Ley de Amparo, en tanto no apreció el acto reclamado tal como quedó probado; así como el principio de equidad e igualdad procesal, porque introdujo aspectos que no fueron alegados por la Fiscal solicitante del mandato de captura. Destaca que se requería necesariamente que este aportara circunstancias que generaran convicción en el juez de control para justificar que dicha orden de aprehensión era la única forma de conducción del indiciado al proceso, derivado de que existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en peligro la integridad de la víctima, el ofendido, los testigos o la comunidad o el desarrollo de la investigación; sin que sea suficiente que el delito por el que la persona sea investigada amerite prisión preventiva. Menciona que si bien la jueza Federal estimó que se actualizaba la hipótesis relativa a que se obstaculizaría la investigación y que existía peligro de sustracción del indiciado, también señaló diverso "factor de riesgo", puesto que de acuerdo con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, conoce a la víctima y habita cerca del domicilio de éste. En relación a lo primero, sostiene que el Fiscal indicó que ".resultaría atractivo para él (imputado) sustraerse de la acción de la justicia, toda vez que una vez formulada la imputación y de llegar a vincularse, de manera oficiosa, se decretaría la medida cautelar de prisión preventiva", pero no los supuestos a que alude el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referentes a: destruir, modificar, ocultar, falsificar pruebas, influir para que imputados, testigos o los peritos informen falsamente o sean reticentes, intimiden, amenacen u obstaculicen la función de los servidores públicos en la investigación. Además de que no justificó el riesgo de sustracción del indiciado, con base en lo que señala el artículo 168 del citado ordenamiento legal, consistentes en: falta de arraigo al lugar donde sería juzgado; falsedad del domicilio; su comportamiento posterior al hecho, inobservancia de medidas cautelares, entre otros, sobre las cuales no se pronunció el Fiscal en la audiencia correspondiente. En cuanto al "factor de riesgo", dice que si bien se concatenó con lo señalado por el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ".no refleja de forma clara y cierta qué factor de riesgo actualizaba." y no podía deducir de qué se trataba porque: ".el mismo fiscal nunca refirió en su exposición 'un riesgo para la víctima, mucho menos para su familia'.", aunado a que estima que el hecho de que el imputado conozca a la víctima y habite cerca de su domicilio, en forma alguna representa un peligro para este, los testigos o la comunidad. Añade que la juzgadora Federal, al estimar legal el mandato de captura reclamado, sostuvo que se pretendía evitar que pudieran suceder conductas abusivas, se intimidara a la víctima para que se retractara o no se continuara la investigación, lo cual no fue alegado por la Fiscalía ni materia de pronunciamiento por el juez de Control en la determinación impugnada. Como se anticipó, son sustancialmente fundados los sintetizados agravios, en tanto, en la especie no se justificó el último requisito para librar la orden de aprehensión, consistente en la necesidad de cautela. Al respecto, cabe señalar que del contenido de los artículos 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten tres formas de conducción del imputado al proceso penal para que el Ministerio Público le comunique, en presencia del juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados (formulación de imputación), justificada con la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho con apariencia de delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. La primera de ellas, se refiere a la citación, para que el imputado se presente a la audiencia inicial en la fecha que se determine. La segunda, se trata de la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, la cual procede cuando el imputado no atienda una citación previa, sin causa justificada. La tercera, atañe a la emisión de la orden de aprehensión, que procede cuando esté justificada la necesidad de cautela; o bien, porque la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Por su parte, el diverso numeral 1686 de la legislación nacional en cita, establece una serie de circunstancias que el juez de Control debe tomar en cuenta para decidir si se encuentra garantizada o no la comparecencia del imputado al proceso, y si existe peligro de que éste se sustraiga a la acción de la justicia. En esas condiciones, debe decirse que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso penal, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia únicamente se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objetivo; esto es, obtener la presencia del acusado para que la Fiscalía le formule imputación. Asimismo, el juez de Control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin que exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela. Es decir, justifique frente al operador jurídico que existen circunstancias que evidencian la posibilidad de que el imputado evada la acción de la justicia, se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, de la comunidad, o bien, en peligro el desarrollo de la investigación misma. En ese sentido, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines absolutamente diferentes para el procedimiento penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión y no a través de una diversa. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Libro 77, agosto de dos mil veinte, página 2553, registro 2021956; de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA". Ahora bien, en la actuación de diez de febrero de dos mil veintidós, en relación a la necesidad de cautela a que se refiere el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía expuso: ".Por lo que hace a la necesidad de cautela, su señoría, es indispensable que se conduzca al probable partícipe ********************a través de la orden de aprehensión, conforme al numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es la forma idónea de conducción, pues de conducirse de otra manera implicaría un riesgo de sustracción del imputado y que este no se sujetara al proceso, toda vez que el numeral que pretende atribuirse no únicamente es de los considerados de prisión preventiva oficiosa, conforme al numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que se vería obstaculizada la investigación ya que resultaría atractivo para él sustraerse de la acción de la justicia, toda vez que una vez formulada la imputación y de llegar a vincularse, de manera oficiosa se decretaría la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, su señoría ya que contamos con un informe de la Unidad de Medidas Cautelares con número de oficio SUMCSCP/RV/269/2020 elaborado por el licenciado ********************, evaluador de la Unidad de Medidas Cautelares, quien establece como factor de riesgo que el indicado conoce a la víctima y además que habita en un domicilio cerca del domicilio de la víctima, lo cual concatena con el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Virtud de lo anterior y no menos importante, su señoría, considerar la jurisprudencia con número de registro 2021956 ya que como he hecho mención no únicamente se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa sino por el peligro de sustracción y el riesgo que representa el indiciado para la víctima de conducirse de otra forma.". (minuto 29:31 a 32:01) De la transcripción que antecede, se advierte que la Representación Social argumentó la necesidad de cautela con base en lo siguiente: a) Riesgo de sustracción del imputado, puesto que el delito por el que se inició el proceso en su contra amerita prisión preventiva oficiosa. b) Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, porque sería atractivo sustraerse de la acción de la justicia, en tanto de dictarse auto de vinculación a proceso contra el imputado, se decretaría prisión preventiva oficiosa. c) Existe un "factor de riesgo", conforme a lo señalado por el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el imputado conoce a la víctima y habita en un domicilio cercano. Al resolver sobre la necesidad de cautela, el juez de Control responsable indicó: "[.] Por otro lado, y de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 19 constitucional y 141, párrafo primero, de su fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a lo expuesto por el agente del Ministerio Público, considero que sí existe esa necesidad de cautela que ha manifestado la fiscalía atento a que precisamente, el delito que se ha señalado es el de violación agravada y es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa por lo que es obvio que existe ese riesgo de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia; además de lo que se me ha referido, con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares en el sentido de que el indiciado conoce a la víctima y vive en la misma localidad en donde vive la víctima, por lo que existe ese riesgo latente de que incluso pueda (.) ser un riesgo para la misma victima así como para su familia. Por lo que es sabido que en esta etapa del procedimiento el grado de exigencia demostrativa no es muy elevada y basta con que se reúnan las taxativas ya previamente analizadas para que se pueda librar una orden de aprehensión prevista en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.]." (minuto 52:59 a 54:17) Por su parte, la a quo estimó legal la determinación del juez de control en relación a la necesidad de cautela, para lo cual indicó: ".existe riesgo de que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia atendiendo a que el delito que se le reprocha amerita prisión preventiva oficiosa." ".existe riesgo para la víctima, pues el indiciado conoce a la víctima y su familia además de que habita en la misma localidad que el adolescente. De ahí que, incluso, el quejoso sabe dónde puede localizar a la víctima. Además, con la orden de aprehensión se pretende evitar que pudieran suceder conductas abusivas o bien, se pueda intimidar a adolescente para que se retracte o no se siga la investigación. .pondría en peligro el desarrollo de la investigación, en tanto que el imputado no comparecería en virtud de una orden de citación o comparecencia. . el ilícito que se le reprocha en contra de un menor de edad, generaría que el indiciado no compareciera al procedimiento y no estaría disponible para formular imputación, por lo que el proceso tendría que suspenderse.". De la transcripción parcial de la sentencia recurrida, se advierte que la juzgadora de amparo, para estimar legal el mandato de captura reclamado, sostuvo que resultaba legal la emisión de la orden de aprehensión porque existía riesgo para la víctima, derivado de que del informe de la Unidad de Medidas Cautelares se desprendía que el imputado conocía su domicilio y habitaba cerca de éste, asimismo, que el mandato de captura pretendía evitar que pudieran suceder conductas abusivas y que se intimidara al pasivo para que se retractara o no se continuara la investigación. Sin embargo, como lo destacó el inconforme en sus disensos, la Fiscal ni el juez de control responsable se pronunciaron en relación a la existencia de un riesgo como tal para la víctima, menos por las razones señaladas en la parte final del párrafo que antecede. Se sostiene lo anterior, en tanto si bien la representación social invocó el oficio elaborado por la referida Unidad de Medidas Cautelares y se pronunció en relación a que existía ".factor de riesgo (por) que el indicado conoce a la víctima. que habita en un domicilio cerca del domicilio de la víctima, lo cual concatena con el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales."; omitió precisar si el riesgo aludido se refería a la víctima, a los testigos o la comunidad -que son las hipótesis a que alude el mencionado precepto-. Además, como se anticipó, no indicó por qué razón o circunstancia el hecho de que el imputado conociera el domicilio de la víctima y habitara cerca de él actualizaba el referido "riesgo" invocado para que fuera ponderado por la responsable. En efecto, al abordar la necesidad de cautela, el juez de control refirió: ".con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares en el sentido de que el indiciado conoce a la víctima y vive en la misma localidad en donde vive la víctima, por lo que existe ese riesgo latente de que incluso pueda (.) ser un riesgo para la misma victima así como para su familia."; no obstante, como se refirió con antelación, no se explicó por qué tales circunstancias (que el imputado conozca el domicilio de la víctima y habite cerca) representan un riesgo precisamente para la víctima, como se alude en los agravios. En diverso aspecto, para satisfacer la necesidad de cautela, el juez de control acogió los planteamientos expresados por la Fiscal, consistentes en que el hecho que la ley describe como delito de violación agravada, por el cual se sigue el procedimiento, amerita prisión preventiva oficiosa; asimismo, que no comparecería en libertad a la audiencia inicial pues, de dictarse auto de vinculación a proceso, le correspondería la referida medida cautelar y con base en ellos libró el mandato de captura solicitado. Determinación que no se comparte, pues resulta aplicable al caso el supuesto analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que derivó la referida jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), que también citó el juez de amparo, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA 'NECESIDAD DE CAUTELA' ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo". Así pues, como se anticipó, en la especie no se justificó el último requisito para la emisión de la orden de aprehensión reclamada, consistente en la necesidad de cautela, porque del análisis de la actuación que el juez de Control responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que en la audiencia celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público, únicamente hizo referencia a que existía "riesgo de sustracción del imputado" porque se le sigue el procedimiento penal por el delito de violación agravada. Asimismo, porque "se vería obstaculizada la investigación", en tanto, de dictarse auto de vinculación a proceso por el mencionado ilícito, ameritaría prisión preventiva oficiosa. Por ello, contrariamente a lo establecido por el juez de Control responsable, lo cual avaló la a quo, la Fiscalía no justificó la necesidad de cautela como lo exige el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que proceda el libramiento de la orden de aprehensión como forma excepcional de conducción del indiciado al proceso penal. Esto es así, pues la representación social se limitó a señalar que en virtud de que existía "riesgo de sustracción del imputado" y que "se vería obstaculizada la investigación" sobre la base de que el delito de violación agravada ameritaba prisión preventiva oficiosa en caso de que se dictara auto de vinculación, de modo tal que al imputado le sería atractivo sustraerse de la acción de la justicia. Sin embargo, tales circunstancias no satisfacen la exigencia del referido artículo 141, fracción III, de la legislación nacional en cita, pues para justificar ésta, la agente del Ministerio Público debió expresar ante el juez de Control, razones que, al margen de que el delito a imputar ameritaba prisión preventiva oficiosa y, en caso de vincularlo a proceso, lleva aparejada dicha medida cautelar, evidenciaran precisamente la necesidad de cautela que motiva librar la orden de aprehensión. Es decir, era necesario que justificara frente al operador jurídico que existen circunstancias que patentizan la posibilidad de que el imputado evada la acción de la justicia, se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, de la comunidad, o bien, las razones por las que se pondría en peligro el desarrollo de la investigación misma. De forma tal que aquél pudiera establecer porqué sólo el mandamiento de captura resultaba apto e idóneo para conducir al imputado al proceso y no otra medida; ello, porque de acuerdo con el numeral en cita, los efectos de la orden de aprehensión son únicamente lograr su comparecencia a la audiencia inicial donde habrá de formularse imputación en contra de él. Por ende, la necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16, de la Constitución Federal, para la emisión de una orden de captura como la reclamada, deriva del hecho de que esta manera de presentar al indiciado ante el juez de origen generará una molestia en grado mayor que un citatorio. De ahí que debe entenderse como una forma excepcional de conducción del imputado al proceso en la que el Ministerio Público debe acreditar la necesidad de cautela, la cual, requiere estar debidamente fundada y motivada. Entonces, el hecho de que se siga contra el imputado una investigación por un hecho que amerita prisión preventiva y la probabilidad de la imposición de la medida cautelar en caso de ser vinculado a proceso, son razones insuficientes para justificar el peligro de sustracción de los imputado, además, el artículo 168, de la Ley Procesal Nacional Penal, prevé diversos aspectos que el juzgador debe tomar en consideración para determinar tal extremo, los que en ningún momento fueron razonados ni justificados por la autoridad jurisdiccional responsable. Asimismo, como se anticipó, tampoco se argumentó en relación al "factor de riesgo", derivado del oficio emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, que alude a que el imputado conocía el domicilio de la víctima y habitaba cerca de él, puesto que debió demostrarse ".la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas (víctima u ofendido, testigos o la comunidad) un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida." Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el aspecto relativo a la prisión preventiva oficiosa, será materia de estudio de una etapa posterior del procedimiento, una vez que se establezca la audiencia inicial y, en su caso, se decrete la vinculación a proceso del imputado quejoso; y que el juez de Control está facultado para otorgar a los hechos motivo de la imputación una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, y pronunciarse en torno a la participación que tuvo el acusado en los mismos, en términos del precepto 143, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, en el caso a estudio, no se encuentra justificado por qué la orden de aprehensión sea el medio idóneo para conducir al indiciado al proceso; y dicha omisión, deriva en la falta de demostración plena del carácter excepcional del mandamiento de captura, porque su procedencia sólo se actualiza por desacato de aquél a una citación u orden de comparecencia previas; o bien, debido a que el Fiscal demuestre la necesidad de cautela. Bajo ese panorama, es evidente que la orden de aprehensión emitida contra el quejoso, aquí recurrente, resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, por no haberse satisfecho el requisito relativo a la necesidad de cautela contenido en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el libramiento de un mandamiento de esa naturaleza. Consecuentemente, al haber resultado fundados los agravios, suplidos en su deficiencia, procede revocar la sentencia recurrida y conceder la protección de la Justicia Federal al quejoso ********************a fin de que sea restituidos en el goce de sus derechos constitucionales. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Encargado de la Subdirección de Zona Media, de la Dirección General de Métodos de Investigación, en Rioverde, San Luis Potosí, al no haberse reclamado su intervención por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Importa destacar que a efecto de tutelar y proteger los derechos fundamentales del quejoso con relación a la orden de aprehensión cuya constitucionalidad se analizó en esta ejecutoria, se impone considerar que la decretada concesión de amparo deberá ser acatada de forma inmediata. Resta decir que respecto del escrito manifestaciones formulado por la representante especial de la víctima, a través del cual solicita se confirme la sentencia recurrida, derivado de que a su juicio se demostró la existencia del delito y la probable intervención del imputado en su comisión y que de seguir en libertad implicaría un riesgo para su representado y su familia, debe decirse que la concesión de amparo no prejuzga sobre la existencia de tales circunstancias, sino obedece a que no se satisfizo un requisito de legalidad (necesidad de cautela) para librar una orden de aprehensión contra el aquí quejoso." Apercibimiento. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo concedido, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por lista; por oficio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio vía telegráfica y correo ordinario a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

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