Sidonia Mujica Brito

Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
598/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Sidonia Mujica Brito

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Patricia Elizabeth Bautista Ávila, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ************* por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 598/2021 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". **************." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de apelación 199/2021, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por virtud de la cual, la autoridad responsable de trato ordenó regularizar el procedimiento en el juicio de origen, para el efecto de dar certeza jurídica de que la llamada a juicio Isabel Arteaga Sánchez, haya sido legalmente quien acudió a darse por emplazada en el mismo, toda que la misma refirió que radica en Estado Unidos de Norte América, y así integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido, trasciende a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de apelación 199/2021, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el que la autoridad responsable resolvió en lo que aquí interesa lo siguiente: ""...De acuerdo a las actuaciones que integran el duplicado del expediente remitido o este Tribunal de alzada con motivo del presente recurso de apelaciones, se desprende que la demandada Sidonia Mujica Brito, reconvino o la parte actora Rachel Román Miranda y demás personas que indica en su libro, la nulidad de contrato privado de compraventa base de la acción principal reivindicatoria, que aparece celebrado entre Isabel Arteaga Sánchez, como vendedora, y Antonio Miranda Miranda y Rachel Román Miranda, como compradores, respecto del predio urbano ubicado en calle [.] AI particular a efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, con relación a la demanda reconvencional de nulidad de contrato privado de compraventa, por escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la demanda y convencionalista ****************, compareció ante el Juez de origen o solicitar se llamara también a juicio a la C. *********, por aparecer ser parte en el contrato privado de compraventa en cuestión, persona de la que dijo desconocer su domicilio, por lo que solicitó se enviaran sendos oficios a diversas dependencias e instituciones públicas a fin de que informaran si en su base de datos cuentan con algún antecedente registral donde aparezca el domicilio de la mencionada Isabel Arteaga Sánchez. En atención a lo anterior, la Juez primigenia dictó el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que ordenó girar oficios a la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México; Instituto Federal Electoral; Instituto Mexicano del Seguro Social, instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Director de Seguridad Pública de Apaxtla de Castrejón, Guerrero; Director de Registro del Estado. Respecto al escrito antes aludido, por acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, la juez primaria tuvo a la mencionada **************, por legalmente notificada del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, y emplazada en su calidad de tercer llamada a juicio, a fin de integrar el Litis consorcio pasivo necesario con motivo de la reconvención planteada por la demandada ************** Así mismo, se advierte que por escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, signado por quien dijo ser la llamada a juicio ************, contestó la demanda reconvencional de nulidad de contrato privado de compraventa y adujo las manifestaciones (sic) estimo convenientes. A lo que recayó el auto ahora recurrido, de doce de mayo de dos mil veintiuno, que le tuvo por contestada en tiempo la demanda reconvencional, aspecto esencial en el que versa la inconformidad de la reo civil, reconvencionista y hoy recurrente ****************** Ahora bien, atendiendo a que el procedimiento civil se rige, entre otros aspectos, por los principios de derecho de certeza y seguridad jurídica, que válidamente pueden ser invocados con fundamento legal de esta sentencia, de conformidad con el artículo 357 de la ley procesal civil local se impone para esta sala de segunda instancia cerciorarse que, en la especie, se hayan cumplido las normas esenciales que origen el procedimiento, dada que son de orden público y de observancia obligada, como lo prevé el numeral 3ª de la ley adjetiva civil de la entidad. Así, debe decirse que, en la especie, se advierte que no existe certeza jurídica de que la llamada o juicio Isabel Arteaga Sánchez haya sido quien presentó el escrito de ocho de abril de dos mil veintiuno, que aparece signado por quien dijo ser dicha persona e indicó darse por enterada de su llamamiento a juicio respecto de la demanda reconvencional impuesta por la reo civil Sidonia Mujica Brito, y que se daba por emplazada para todos los efectos legales o que hubiere lugar. Pues como se desprende de este ocurso, la mencionada ********************. Situación que genera incertidumbre de que realmente ese escrito lo haya presentado la tercera llamada a juicio *************, toda vez que no indicó el medio por el que tuvo conocimiento de la demanda reconvencional a la que obedece su llamamiento, lo que se estima necesario expresaría en atención a que, precisamente, señaló que tiene su domicilio fuera del país, y que se ubica desde hace varios años en 5407 ****************** Demanda reconvencional interpuesta por la reo civil *********** por lo que manifestó que se daba por emplazada para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Además, especificó que su domicilio legal desde hace varios años, se ubica en 5407 ****************** Por tanto, para tener conocimiento pleno de que efectivamente haya sido la mencionada ***************** que tuvo conocimiento de la demanda reconvencional y haya producido su contestación a la misma, se imponía para la juez primaria de que antes de tenerla por emplazada prevenirla para que acudiera personalmente ante el órgano jurisdiccional a ratificar su escrito, a fin de que la a (sic) que estuviera en condiciones de cerciorarse de que sea llamada a juicio quien contestó la reconvención, ello en aras de respetar las normas esenciales de un procedimiento judicial para todas las partes. En consecuencia con las facultades oficiosas que al juzgador le (sic) con numeral 9ª del Código Procesal Civil del Estado, se estima conveniente regularizar, el procedimiento, a cuyo efecto, deberá dejarse insubsistente todo lo actuado a parte del auto de doce de abril del año en curso, exclusivista en lo que concierne a lo relacionado con la llamada a juicio Isabel Arteaga Sánchez, y prevenirla para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de la presente resolución, comparezca ante el juzgado de origen o ratificar el escrito que aparece a su nombre exhibido el ocho de abril de la anualidad de curso, percibida que de no hacerlo no se tendrá por enterada de su llamamiento a juicio ni por emplazada al mismo, lo que se estima necesario en atención a que señalo que tiene su domicilio fuera del país, y que se ubica desde hace varios años en 5407 West State Ave, Glendale, Arizona, ar-85301, Estados Unidos de América, hecho lo cual, la natural decidirá conforme a derecho de lo que corresponda ..." Ahora bien, de lo transcrito se desprende, que la resolución recurrida, ordena regularizar el procedimiento en el juicio primario, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, con sede en Teloloapan, Guerrero, se cerciore de que la llamada a juicio ********** , haya sido quien presentó el escrito de ocho de abril de dos mil veintiuno, que aparece signado por quien dijo ser dicha persona e indicaba darse por enterada de su llamamiento a juicio respecto de la demanda reconvencional impuesta por la reo civil S*****************y que se daba por emplazada para todos los efectos legales o que hubiere lugar. Determinación que constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados, mismos que al final pueden o no terminar en una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. De ahí, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.C.4 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Libro 6, Mayo de 2014, Décima Época, página 2075, cuyo rubro y texto son: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", ********************." A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso, se tratan de cuestiones que no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que son violaciones intra-procesales, las que pueden ser resarcidas en la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éstas son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva, en términos de lo establecido en los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de apelación 199/2021, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por virtud de la cual, ordenó regularizar el procedimiento en el juicio de origen, para el efecto de dar certeza jurídica de que la llamada a juicio *************, haya sido legalmente quien acudió a deducir sus derechos al juicio primario, y así integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario, pues la citada parte en su escrito presentado el de ocho de abril de dos mil veintiuno, refirió radicar Estados Unidos de Norte América. Ahora, debe tenerse en consideración que el litisconsorcio pasivo constituye un presupuesto procesal, que incluso, se considera que la resolución que ordena regularizar el procedimiento solo para dar certeza jurídica en el juicio primario, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo. Por lo que es evidente que tal determinación no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, las violaciones que alega son susceptibles de ser resarcidas al dictarse la sentencia definitiva en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamado mediante el juicio de amparo directo. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Asimismo, téngase a la promovente por señalado el correo electrónico siguiente rolfigonzalez79@gmail.com y el número de celular como medios alternativos de comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese lo anterior al Actuario Judicial con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. AUTORIZADOS. En función de la segunda certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rolfi González Rodríguez y Fernando Mancilla Guzmán, quienes tienen registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente. VÍA DE NOTIFICACIÓN. Téngase como modalidad para oír y recibir notificaciones la que indica en su escrito de demanda (vía electrónica) por conducto de Rolfi González Rodríguez; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional, con el nombre de usuario "CHRISTOTORRES"; de conformidad con los artículos 26, fracción IV con relación al el numeral 30 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Por tanto, se ordena al Analista Jurídico de la adscripción, para que dé de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional, a Christopher Adair Torres Toledo, con el nombre de usuario "ROLFI1973", como autorizado de la parte quejosa para consultar el expediente electrónico y práctica de notificaciones vía electrónica.

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