Sidney Jasso Guzmán

Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
98/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Sidney Jasso Guzmán
  • Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Josué Rodríguez Hernández, en su carácter de autorizado en términos amplios del quejoso SIDNEY JASSO GUZMÁN, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, así como el original y copia del escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye al oficial encargado del SISE para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, la sentencia engrosada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 98/2023, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado ese mismo día, Sidney Jasso Guzmán promovió demanda de amparo en contra de actos del 1. Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz y otras autoridades (fojas 2 a 37). SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 38 a 41). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables (foja 48, 53 y archivo en el expediente digital relativo al auto de diecisiete de marzo de veintitrés, foja 65) así como la constancia de notificación del Fiscal de la Federación (foja 45) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción I y II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman transgresiones a la constitución provenientes de normatividad expedida y aplicada por autoridades administrativas, impugnable en amparo indirecto, conforme al numeral 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial sobre la que este Juzgado ejerce Jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados a las distintas autoridades responsables. Del 1. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz: La aprobación y expedición del Reglamento de Tránsito del municipio de Veracruz del Estado de Veracruz, en específico los artículos 46, fracción I, 101, 183, 184 y 194. La omisión y/o negativa de adecuar el citado reglamento a lo dispuesto por la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial del Estado. Del 2. Oficial Agente de Tránsito y Vialidad, Benito Morales Sánchez: La elaboración y expedición de la boleta de infracción 19886, de 21 de enero de 2023, a nombre de la quejosa Sidney Jasso Guzmán como conductor del vehículo marca Honda, tipo FIT, modelo 2016, número de identificación vehicular 3HGGK5873GM002289, placas de circulación YKU477B del estado de Veracruz. La retención de la tarjeta de circulación relativa al citado vehículo automotor. De la 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz: El cobro de la multa relativa a la boleta de infracción No. 19886, de 23 de enero de 2023, por $ 2,287.00 (dos mil doscientos ochenta y siete pesos, moneda nacional), realizado el 26 de enero de 2023. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no la existencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Certeza de actos. Las autoridades responsables 1. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, 2. Oficial de Tránsito y Vialidad de Boca del Río, Benito Morales Sánchez y 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, al rendir sus informes justificados (archivo en el expediente digital relativo al auto de diecisiete de marzo de veintitrés, así como fojas 48, 53 y respectivamente) reconocieron la existencia de los actos precisados con anterioridad. Asimismo, el aserto que antecede se sostiene considerando que la existencia que los actos de naturaleza materialmente legislativa atribuidos al 1. Ayuntamiento de Boca del Río, no están sujetos a prueba, pues constituyen hechos públicos y notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otra parte, el diverso acto reclamado al 2. Oficial de Tránsito y Vialidad de Boca del Río, Veracruz, Benito Morales Sánchez, consiste en la expedición de la boleta de infracción 19886, de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, la que se alega, es el acto de aplicación de las normas también impugnadas es cierto, dado que así lo reconoció dicha autoridad al remitir su informe justificado. Lo que se corrobora, en razón de que dicha autoridad remitió copia certificada de la citada boleta de infracción No. 19886, de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, por $ 2287.00 (dos mil doscientos ochenta y siete pesos, moneda nacional)(foja 62) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Finalmente, por lo que hace al cobro de la multa relativa a la boleta de infracción No. 19886, de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, realizado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, atribuido a la 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, es cierto, dado que así lo reconoció dicha autoridad al remitir su informe justificado. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definida la certeza de la existencia de los actos reclamados mencionados en el considerando que antecede, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a éstos resulta procedente la acción de amparo, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a ello, se procede al estudio de la causa de improcedencia que el suscrito juzgador considera se surte con relación con los actos reclamados. En la especie, se concreta el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque no se agotó el principio de definitividad, dado que con relación al acto que dio origen a la aplicación de las norma impugnadas, no se presentó el recurso ordinario procedente ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz a plantear el juicio de nulidad. MARCO NORMATIVO En primer término se considera conveniente transcribir el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo en vigor, relativo a la causal de improcedencia invocada. El artículo y fracción de referencia son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XX. Contra actos de autoridades distintas delos tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Como se puede advertir, el señalado motivo de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Tiene su justificación en que el amparo es un juicio extraordinario. Por lo que resulta evidente que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El citado principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, los que se especificarán más adelante. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se acuda al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Con independencia de lo anterior, se estima pertinente destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en algún caso de excepción. Hasta aquí las premisas anunciadas. SUBSUNCIÓN. En el caso concreto, se considera que los requisitos anteriormente señalados se encuentran satisfechos: Respecto al PRIMER requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado, consistente en la boleta de infracción No. 19886, de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, por $ 2,287.00 (dos mil doscientos ochenta y siete, moneda nacional) fue emitida por el 3. Oficial de Tránsito y Vialidad de Veracruz, Benito Morales Sánchez; autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en términos del artículo 18, fracción IV de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz y numeral 3, fracción V, del Reglamento del Municipio de Boca del Río. Asimismo, por lo que hace al cobro de la mencionada infracción es una atribución de la 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, también constituye autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en términos del artículo 72, fracción V, de la Ley Número Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra el acto impugnado proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza. Lo anterior dado que la boleta de infracción que en este juicio se reclama, puede ser analizada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a través de la promoción del recurso de reconsideración previsto en el artículo 208 del propio Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, cuyo objeto consiste básicamente en que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique o revoque la sanción administrativa recurrida. Medio de convicción que en su caso, resultaba optativo para el ahora quejoso, quien podía interponerlo o acudir directamente al juicio contencioso administrativo previsto en el numeral 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Al respecto, resulta pertinente destacar que el agotamiento del citado recurso de reconsideración previo a la promoción del juicio contencioso administrativo, resulta optativo para el inconforme, de acuerdo con los dos primeros párrafos del artículo 1 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que señala que los recursos y medios de impugnación no previstos en ese Código o en las leyes especiales, se tendrán por inexistentes o insubsistentes. No obstante lo anterior, el ahora quejoso sí se encontraba obligado a promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, previsto en el Libro Tercero "Del Juicio Contencioso" del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz en cumplimiento al principio de definitividad a que se refiere la mencionada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; esto dado que el mismo constituye un medio ordinario de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar dicha multa. Por otra parte, relativo al TERCER requisito, también se satisface, debido a que la ley que rige el medio de impugnación relativo, a saber el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz vigente, contempla la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Tampoco pide mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo. Sustenta la anterior consideración la Jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y testo siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Asimismo, por lo que hace al CUARTO requisito señalado, se advierte que en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad señalados por la norma. En ese sentido, en el caso a estudio no se trata de un caso en el que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, dado que la parte quejosa hace derivar la inconstitucionalidad del acto reclamado de lo que estima como vicios, cuya naturaleza son de mera legalidad haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior porque de sus conceptos de violación se destaca vicios propios de la boleta de infracción número 19886 expedida por el 2. Oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Boca del Río, Benito Morales Sánchez, con sede en la ciudad del mismo nombre, relativo a la falta de datos referentes a las faltas que se le imputan al ahora quejoso. Circunstancia que de modo alguno implica violación directa a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la boleta de infracción cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz Ignacio de la Llave; lo que representa un tema de legalidad. De allí que el reclamo de la impetrante de garantías en el escrito de demanda de amparo, implica una cuestión de legalidad, al versar sobre la indebida fundamentación y motivación de la boleta de infracción aludida; esto es, la transgresión a las leyes secundarias u ordinarias y, por lo tanto no se alegan de manera exclusiva, violaciones a la Constitución. Por otro lado, relativo a la excepción de falta de fundamentación en la boleta de infracción 19886, de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, debe considerarse que de la mera lectura de la misma se aprecia que cuenta con fundamentos legales. Lo anterior dado que en la citada boleta se advierte como fundamento el artículo 186 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, así como diverso articulado de la Constitución del Estado de Veracruz, Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, así como del ya citado reglamento de tránsito. Lo que pone de manifiesto que la boleta de infracción sujeta a estudio, no carece de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto. Guarda relación la Jurisprudencia PC.IV.A. J/28 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario." Del mismo modo, en el caso no se actualiza la excepción consistente en que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, ello porque, como se expresó con anterioridad el Juicio Contencioso Administrativo se encuentra previsto en el Código de Procedimiento Administrativo del Estado de Veracruz. Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito lo previsto en el artículo 6, fracción XIV, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, relativo a que cuando en contra del primer acto de aplicación de una norma impugnada exista un recurso o medio de defensa ordinario, será optativo para el gobernado agotar el mismo o acudir de manera directa al juicio de amparo. Sin embargo, debe considerar que en la actualidad dicho supuesto de excepción no resulta aplicable. Afirmación que deriva de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 212/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sostiene lo anterior, porque la citada excepción tiene su génesis en que hasta antes de la reforma constitucional de dos mil once, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaba a los tribunales ordinarios la oportunidad de realizar el control difuso de normas. Ello porque se había interpretado, hasta ese momento, que en el país la revisión jurisdiccional de la validez de normas sólo se podría hacer mediante control concentrado; esto es, sólo los tribunales federales, a través del juicio de amparo estaban autorizados para revisar la constitucionalidad de una ley. De ahí que el recurso ordinario sería ineficaz contra la inconstitucionalidad de la norma, ante la imposibilidad legal que tenía la autoridad ordinaria que lo conociera, de pronunciarse respecto de ese planteamiento aun cuando se le hubiere planteado. Sin embargo, en la actualidad, con las reformas constitucionales planteadas desde dos mil once, el control judicial de la constitución dejó de ser exclusiva del Poder Judicial de la Federación, sino que puede ser ejercido por los tribunales ordinarios. Guarda relación la tesis P. I/2011 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DIFUSO. Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.". Con base en lo anterior, cuando la parte quejosa en un juicio de amparo se considere afectada por un acto de autoridad, debe promover el mecanismo idóneo para verificar su legalidad; así como, analizar la constitucionalidad de la norma que lo sustenta. Esto conforme al nuevo modelo constitucional (control difuso) ya que el control judicial de la Constitución dejó de ser una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Así en tanto que ya tal facultad puede ser ejercida por los tribunales ordinarios. Por ello el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. Por tanto, dado el planteamiento de la litis que se analiza, se considera no es optativa la impugnación de leyes conforme al precepto en comento. En el caso, los preceptos tildados de inconstitucionales devienen de un acto de carácter administrativo, el cual, como se indicó con anterioridad, debe ser combatido en la vía ordinaria, ya que no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente. Sustenta la anterior consideración, la tesis VII.2o.C.69 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. AL NO SER UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL DEJÓ DE SER OPTATIVA LA IMPUGNACIÓN DE LEYES CONFORME A LA FRACCIÓN XIV, TERCER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; de esa idea deriva el principio de definitividad del acto reclamado, lo que significa que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula este principio en su artículo 107, fracciones III, inciso a) y IV; y la Ley de Amparo, en el artículo 61, fracciones XIX y XX. Ahora bien, el principio de definitividad del acto reclamado encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Este principio tiene excepciones, entre las cuales se encuentra la prevista en la fracción XIV, tercer párrafo, del artículo 61 citado, en la que tratándose del amparo contra leyes establece: "Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. ...". Esta excepción tiene una razón lógica, ya que hasta antes de la reforma constitucional de 2011, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaba a los tribunales ordinarios la oportunidad de realizar control difuso de normas, ya que se había interpretado hasta ese momento, que en México la revisión judicial de normas sólo se podría hacer mediante control concentrado, esto es, que sólo los tribunales federales, mediante el juicio de amparo estaban autorizados para revisar la constitucionalidad de una ley, por tanto, el recurso ordinario sería inútil contra la inconstitucionalidad de ésta, al no poder la autoridad ordinaria que lo conozca, pronunciarse respecto del planteamiento de inconstitucionalidad de la norma que se le hubiera formulado. La razonabilidad de esa excepción carece de justificación, pues en la actualidad, el control judicial de la Constitución dejó de ser una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, en tanto que ya puede ser ejercido por los tribunales ordinarios, conforme a la fracción XIV, tercer párrafo, invocados." Lo anterior, cobra relevancia porque la normativa reclamada se combate como consecuencia de su primer acto concreto de aplicación que se hizo consistir en la boleta de infracción No. 19886, de veintiuno de enero de dos mil veintitrés, por $ 2,287.00 (dos mil doscientos ochenta y siete, moneda nacional) expedida por el 2. Oficial de Tránsito y Vialidad de Boca del Río, Benito Morales Sánchez. Acto respecto del cual, el quejoso ataca cuestiones de legalidad, y como se vio, el juicio de amparo resultó improcedente por cuanto a éste, por lo que en consecuencia, el presente juicio de amparo también lo es en relación con dicha norma. Consideraciones que también encuentran sustento en lo expuesto en Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar que aun en los casos en los que se reclama la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por Jurisprudencia de ese Máximo Tribunal, no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Criterio que señala que en ese caso la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad; además que tal excepción no resultaría congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, lo que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para la justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta porque el tribunal ordinario tiene la encomienda constitucional de, en su caso, ejercer el control difuso y con base en el mismo, en su caso, declarar la ilegalidad del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte." CONCLUSION. En consecuencia, al no haberse actualizado alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, antes de acudir a la instancia constitucional. Criterio que debe extenderse al acto atribuido a la 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, puesto que, con independencia que tampoco se agotó el principio de definitividad por el mismo, tampoco podría agotarse el mismo de forma independiente puesto que su suerte sigue la de la citada boleta de infracción No. 19886, de 21 de enero de 2023. En esas condiciones, al actualizarse el motivo de improcedencia antes analizado, se sobresee en el presente juicio de amparo, 63, fracción V de la Ley de Amparo, conforme al artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, por los citado actos reclamados a las autoridades 1. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, 2. Oficial de Tránsito y Vialidad de Boca del Río, Benito Morales Sánchez y 3. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sidney Jasso Guzmán, por lo que hace a los actos reclamados y por las autoridades responsables señalados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerado quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo sentenció y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe; hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Miguel Gastón Manzanilla HernándezMiguel Gastón Manzanilla Hernández

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la apoderada legal del 1. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, recibido en línea; en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido, así como de la audiencia constitucional, sólo median seis días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista el veintidós de marzo del actual, surtirá sus efectos la notificación el veintitrés de marzo siguiente y la vista de ocho días comprenderá del veinticuatro de marzo al cuatro de abril del presente año. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (tres de abril del presente año) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el 2. Director de Tránsito Municipal de Boca del Río, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de ocho de marzo pasado (notificado vía oficio 5937) remite copia certificada de la boleta de infracción número 19886 expedida a nombre de la aquí quejosa. Por tanto, se tiene como PRUEBA de su parte la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Ahora, como lo anterior resulta ser en alcance a su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. De igual forma, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe, y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como sus delegados a las personas que cita. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Ahora bien, en relación al correo electrónico que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano