Siddhartha Ávila Delgado y Otros.

Expediente 1101/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1101/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Siddhartha Ávila Delgado y Otros.
  • Siddhartha Ávila Delgado
  • Alma Gloria Juárez Solórzano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución de siete de mayo del año en curso, que sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia... se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido... este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. En otro orden... devuélvase a la autoridad responsable un disco compacto que remitió en apoyo a su informe justificado, como se encuentra ordenado en proveído de dos de enero de la presente anualidad.

  2. Principal

    MESA III. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa ***, en proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, para que acreditara el trámite de la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada ***, ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen:... De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercera interesada ***, fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no proporcionó una dirección cierta y actual donde localizarla. Sin que a la fecha se hayan presentado en el local de este Juzgado la tercera interesada ***, ni persona alguna autorizada por éstas en términos del artículo 12 de la ley de la materia o diversa que las represente en el presente juicio. Así, se advierte que al no haber acreditado la parte quejosa ante este Juzgado la publicación de los edictos ordenados, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación al domicilio de la tercera interesada ***, era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO... Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, la parte impetrante no realizó manifestación alguna en ese sentido, ni aportó elementos que permitieran conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, lo cual revela una evidente omisión y desinterés de su parte. De ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita, dado que no cobra aplicación ante la falta de la parte quejosa de justificar su imposibilidad de pagarlos. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tomo XXXII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, página 1868, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA...". En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la citada parte tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no acreditó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, ni se actualiza el supuesto de que la parte promovente esté privada de la libertad, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada podría ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO.... En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA III. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa ***, en proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, para que acreditara el trámite de la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada ***, ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen:... De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercera interesada ***, fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no proporcionó una dirección cierta y actual donde localizarla. Sin que a la fecha se hayan presentado en el local de este Juzgado la tercera interesada ***, ni persona alguna autorizada por éstas en términos del artículo 12 de la ley de la materia o diversa que las represente en el presente juicio. Así, se advierte que al no haber acreditado la parte quejosa ante este Juzgado la publicación de los edictos ordenados, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación al domicilio de la tercera interesada ***, era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO... Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, la parte impetrante no realizó manifestación alguna en ese sentido, ni aportó elementos que permitieran conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, lo cual revela una evidente omisión y desinterés de su parte. De ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita, dado que no cobra aplicación ante la falta de la parte quejosa de justificar su imposibilidad de pagarlos. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tomo XXXII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, página 1868, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA...". En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la citada parte tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no acreditó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, ni se actualiza el supuesto de que la parte promovente esté privada de la libertad, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada podría ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO.... En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA III. Agréguense el oficio signado por el Jefe de Departamento Jurídico del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual cumplimenta el requerimiento formulado en auto de seis de los cursantes. Asimismo, informa que no cuenta con registro alguno en relación a la tercero interesada ***. Ahora bien, de autos se advierte se han agotado todos los medios al alcance de este órgano jurisdiccional para lograr el emplazamiento de la citada tercero interesada. En ese tenor, dado que no se desprende diverso domicilio de los informes remitidos por las autoridades no responsables en donde pueda ser emplazada la citada tercero interesado, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso b), última parte de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena el emplazamiento de la tercero interesada Charis Judith González Ocampo por edictos, los cuales correrán a costa de la parte quejosa, en los que se deberá señalar que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, en la inteligencia que de no presentarse, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales antes invocados. Conforme lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que en el término de veinte días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, comparezca a recoger los edictos para que realice los trámites necesarios para su publicación por tres veces, de siete en siete días naturales, en el Diario Oficial de la Federación, así como, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República; asimismo, deberá acreditar dentro de ese término, ante este Juzgado los trámites relativos a su publicación, esto es, el pago y publicación llevada a cabo en los términos ordenados con antelación; apercibido que de no comparecer a recibir los edictos, o en su caso, no pagar la publicación y exhibir ésta, en los términos señalados se sobreseerá el juicio, con base en lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5 fracción III y 27, fracción III inciso b) de la ley reglamentaria. ...En su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado.

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