Siboney Morales García

Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
648/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Siboney Morales García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...vistos para dictar sentencia...CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se advierte que respecto de la omisión reclamada se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este entendido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Además, cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija, lo cual en la especie aconteció. En el caso, tal y como se adelantó en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia citada, toda vez que de las constancias que remitió el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, como justificación de su informe, se advierte que el dieciséis de agosto del año en curso, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dio contestación a la petición realizada por la quejosa Siboney Morales García, toda vez que le indicó que no se ha llevado a cabo la asignación de diputados por el principio de representación proporcional; asimismo, le proporcionó las ligas de las páginas de internet oficiales para conocer la lista de los candidatos registrados para las diputaciones locales por el principio de representación proporcional postulados para el partido político Morena en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz. Con lo anterior cesaron los efectos del acto reclamado que se le atribuye, pues repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, al haber cesado la omisión reclamada en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la 21improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en este juicio. QUINTIO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de veintiocho de julio del año en curso, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *********** respecto del acto reclamado de la autoridad precisada en el considerando segundo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por el delegado de la autoridad responsable Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones que formula a título de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la citada autoridad responsable, el que señala en su informe, y como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene a la responsable señalando correo electrónico y número telefónico, para entablar comunicaciones no procesales. Se tienen como pruebas de la responsable las documentales que menciona, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En relación a las pruebas supervenientes que refiere, una vez que las ofrezca se acordará lo conducente

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