Shyntia Perez Ramirez
Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Shyntia Perez Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el primero de los comunicados de cuenta, mediante el cual la superioridad acusa recibo de los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, remitidos por este juzgado y comunica que se admitió el impedimento planteado por la suscrita, el cual fue registrado con el expediente 12/2020. En cuanto al segundo de los oficios referidos, téngase al funcionario de mérito por remitiendo el testimonio de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, de la que se advierte que se calificó de legal el impedimento planteado por la suscrita y se ordenó el returno del juicio del que deriva el cuaderno en que se actúa, a diverso juzgado. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Shyntia Pérez Ramírez, contra actos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y de otras autoridades, con ocho copias y cuatro anexos que se acompañan; que estima son violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 8 y 16 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 676/2020-VII. Ahora bien, en primer término, es pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, que dio origen a la jurisprudencia 36/2002, consultable en la página 105, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.", sostuvo que todo proceso que se someta a la consideración del juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y en consecuencia, de las resoluciones que dicten, de tal suerte que el juzgador debe manifestar la existencia de los impedimentos a que alude el artículo 51 de la ley de la materia para, consiguientemente, dejar de conocer del asunto que lo motiva. De los citados numerales se advierte que uno de los supuestos legales que dan origen a un impedimento, es la amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes y por tanto, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el aludido precepto legal, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. Lo anterior ocurre porque los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del funcionario para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplirla respecto de una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano o que desempeñan la función jurisdiccional. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto, lo que da lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla en determinado caso concreto, intereses personales que se les conoce como impedimentos. En el caso concreto, se estima que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, en atención a que de la lectura de la demanda constitucional se advierte que, entre otros, Cinthya Piña Miranda, tiene el carácter de autorizada de la parte quejosa, con quien mi hija Laura Elena García Coria mantiene una estrecha amistad, así como con la suscrita. Por las consideraciones precedentes, esta juzgadora considera que en la especie podría verse afectada la imparcialidad con la que debe actuar todo juzgador, al emitir la resolución correspondiente en este juicio, lo que me obliga a declararme impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con el propósito de no incurrir en una posible causa de responsabilidad, debido a que a juicio de la suscrita se configura la hipótesis normativa prevista por la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, es pertinente hacer manifiesto lo anterior y declarar mi impedimento para conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para lo cual deberá remitirse el presente expediente para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento legal citado conforme a las razones descritas, sin que con ello pueda considerarse que la suscrita pretendo apartarme del conocimiento de una demanda de amparo sin causa justificada. Como este juicio se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea en los términos mencionados, con copia autorizada de las constancias necesarias que integran este expediente, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden de ideas, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Jorge Arturo Cantú Pérez, Juan Paulo Romero Lozoya, Gustavo Espinoza Chávez, Cinthya Piña Miranda y Hugo Fernando Cantú García, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 676/2020-VII, se forma el presente cuaderno con motivo del impedimento legal planteado por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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