Shiomara Monserrat Castillo Robles

Expediente 574/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
574/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Shiomara Monserrat Castillo Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado el once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 74 a 78); en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ******, en representación de su menor hija ******, queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del siete de noviembre de dos mil veinticuatro, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Asimismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental, ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Hago constar que ha transcurrido el plazo de dos días hábiles que señala el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo, sin que la parte quejosa Shiomara Monserrat Castillo Robles por conducto de su representante Miriam Robles Trujillo o alguno de sus autorizados legales hayan ocurrido al local de este juzgado, a efecto de notificarse del auto de once de octubre de dos mil diecinueve, no obstante el aviso que se le dejó; por lo que procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a dicha parte, el referido auto que sobresee el presente juicio fuera de audiencia y se deja sin efecto la audiencia fijada.Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Director de Procesos Jurisdiccionales, en representación del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Número 21, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en veinte de agosto de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento a la quejosa ******************, por conducto de su representante *********, que se abrió un espacio para estudiar la carrera de mecatrónica en turno vespertino, quien estuvo conforme; por lo que, dicha solicitante del amparo quedó inscrita en el citado plantel para cursar el ciclo escolar dos mil diecinueve-dos mil veinte. Para acreditar lo anterior la autoridad oficiante remite copia certificada de oficio 220(CBT-21)1692/2019, acta de hechos de veinte de agosto de dos mil diecinueve y solicitud de ingreso de veintitrés del mismo mes y año. Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo consistente en: ".de las dos responsables: la discriminación y restricción en el acceso a la educación media superior, de la que fue objeto mi hija, la cual a pesar de haber realizado todos los trámites y exámenes solicitados por la hoy responsable, de manera totalmente arbitraria y sin ninguna causa justificada, no apareció en las listas de admisión de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020, publicadas el día 02 de Julio del presente año..." Por lo que se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL...". Así las cosas, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que la quejosa hace consistir su acto reclamado en la discriminación y restricción al acceso a la educación media superior, a la que fue objeto, quién a pesar de haber realizado todos los trámites y exámenes solicitados por la hoy responsable no apareció en las listas de admisión de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2019-2020, publicadas el día dos de julio de dos mil diecinueve; luego, de las constancias que anexó la autoridad responsable al oficio que se provee, se advierte que en veinte de agosto de dos mil diecinueve, ************, quien es madre de la quejosa ******************, fue citada para comparecer ante el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Número 21, con residencia en esta ciudad, con el propósito de atender la solicitud de ingreso de la menor quejosa y en esa misma fecha a través de acta de hechos se hizo del conocimiento a la antes citada que se abrió un espacio para estudiar la carrera de mecatrónica en turno vespertino, quien estuvo conforme; por lo que, dicha solicitante del amparo quedó inscrita para cursar el ciclo escolar dos mil diecinueve-dos mil veinte, tal y como se advierte de la solicitud de ingreso al citado bachillerato de veintitrés de agosto del año en curso; lo que evidencia la cesación del acto aquí impugnado. Lo que implica que cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su emisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si la omisión reclamada nunca se hubiesen emitido, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 21 e Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California ambos con residencia en esta ciudad, acorde a lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la legislación en cita. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. .". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. .". Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve (foja 65 vuelta).

  3. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que en proveído de cuatro de septiembre en curso (foja 64), se agregaron diversas constancias relativas al procedimiento de selección para ingresar al plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 21 en Mexicali, Baja California, enviadas por el Director de Procesos Jurisdiccionales, en representación del Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 21 en Mexicali, Baja California, con residencia en Ciudad de México, en complemento a su informe justificado. En tal virtud, a efecto de que las partes se impongan de las constancias de referencia, con la anticipación de al menos ocho días entre la fecha en que se les notifique el presente proveído y la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve, para su verificativo.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Procesos Jurídicos, en representación del Director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 21, con residencia en Ciudad de México; lo anterior, toda vez que en trece de agosto en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva respecto de dicha autoridad (fojas 21 a 24). Por otro lado, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley reglamentaria, se le tiene a la citada autoridad señalando como delegados a los profesionistas que menciona y por autorizado el domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, en atención a su diversa petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales, mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las mismas, hasta el dictado del presente proveído; lo anterior, previa identificación oficial y razón de recibido que obre en autos para constancia; en el entendido que para reproducir posteriores actuaciones deberá solicitar autorización en ese sentido.

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