Sheyla Joselin Vargas Rentería
Expediente 1098/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sheyla Joselin Vargas Rentería
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; respecto a las constancias exhibidas como justificación a su informe, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. De esas actuaciones derivadas del juicio especial de alimentos número 1331-3/2016; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno dada su naturaleza de públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: 1. El dieciséis de noviembre del año en curso, la autoridad responsable acordó la promoción de veinticinco de octubre pasado presentada por la peticionaria de amparo y ordenó el emplazamiento de Juan Antonio Morales Negrete, parte demandada en aquel sumario, por medio de exhorto girado al Juez en Turno de Primera Instancia en materia Familiar de la ciudad de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. 2. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se giró el oficio 5474, que contiene el exhorto número 292-3/2016; comunicación oficial depositada el catorce del mes en curso. Sobre esa base y tomando en consideración que el objeto de estudio en este juicio lo constituye, la omisión de acordar el escrito de veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, así como de girar el exhorto a fin de emplazar a juicio al demandado Juan Antonio Morales Negrete; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que aquello acarrea. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Luego, si los actos reclamados consistes en la omisión de acordar promoción de veinticinco de octubre del año en curso así como de girar exhorto a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio de alimentos; y, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre anterior se proveyó respecto de lo solicitado en dicho ocurso y el treinta siguiente se giró el oficio 5474 que contiene la comunicación oficial número 292-3/2016 a efecto de emplazar al demandado Juan Antonio Morales Negrete al juicio especial de alimentos número 1331/2016-3; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la parte quejosa quedó en una situación idéntica a la que habría existido, si la omisión no hubiera existido, lo que imposibilita su examen constitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, lo que ya realizó espontáneamente. Al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Sheylla Joselin Vargas Rentería, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1098/2016, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirán las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se les practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora bien, este juzgado se reserva a proveer sobre la prueba documental pública consistente en el informe justificado que rinda la autoridad responsable, hasta en tanto obre en autos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Armando Morales Campos, cuya cédula se encuentran registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Elizabeth Rangel Piza y Adriana Pedraza Carranza, por no contar con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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