Shelly Samra Ambe

Expediente 521/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
521/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Shelly Samra Ambe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor trámite el oficio de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, en suplencia por ausencia del Coordinador de lo Contencioso, Encargado de la Defensa Jurídica de la Secretaría de Economía, por el que rinde su informe justificado, toda vez que por auto del once de junio pasado, se ordenó al archivo como asunto concluido el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. NPBF

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del diecinueve de abril del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas, y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  4. Principal

    V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 521/2020-V, promovido por ******************************, por derecho propio, ante el licenciado Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en unión de Luis Eduardo Villa Jaimes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar que no se ofreció prueba alguna por las partes. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez de Distrito: Se tiene por hecha la relación que antecede, por lo que se cierra este periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 521/2020-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, remitido por razón de turno el veintiséis siguiente a este Juzgado de Distrito **************************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. Por auto del veintiocho de agosto de dos mil veinte, se desechó la demanda y ordenándose su registro bajo el número 521/2020-V, en contra de dicho proveído la aquí quejosa interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número de queja 173/2020, quien por resolución emitida en sesión de seis de noviembre de dos mil veinte, declaró fundado el recurso aludido. III. En virtud de lo anterior, por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se combaten normas generales, cuyo acto de aplicación se aduce tiene ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado lo constituye: - Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto por el que se modificó la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de dos mil veinte. - De la Comisión de Comercio Exterior, la omisión de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior, así como los vicios formales de su intervención previa la emisión del decreto impugnado. - De la Administración General de Aduanas, el cumplimiento y ejecución del citado decreto. TERCERO. La Comisión de Comercio Exterior y Administrador General de Aduanas, a través de quienes legalmente los representaron, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. En ese orden de ideas, concerniente a la negativa de las autoridades responsables, no quedó desvirtuada por la parte quejosa; por lo tanto, debe establecerse que el referido informe surte efectos plenos. En tal virtud, es procedente sobreseer el presente sumario constitucional respecto de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas al inicio del presente considerando, de conformidad a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo.1 CUARTO. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, omitió rendir su informe con justificación, a pesar de que mediante oficio 2077/2021, de ocho de marzo del año en curso, se le remitieron los diversos 1418/2020 y 1138/2021, a través de los cuales se le hizo de su conocimiento la demanda de amparo en que nos actúa. No obstante lo anterior, se encuentra plenamente acreditada la existencia del acto que se le reclama, ya que dicha autoridad emitió el decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Siendo importante destacar que, la existencia de la norma reclamada, constituye un hecho notorio sin estar sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.2 1 Cobra aplicación a lo anterior, lo dispuesto en la tesis número III.2o.A.58 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 2449, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de dos mil ocho, Materia Común: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos deriven de diversas autoridades. 2 Lo anterior atendiendo a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, localizable en la página doscientos sesenta del Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: QUINTO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Ahora, respecto a los actos reclamados, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicha hipótesis legal deriva de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de la misma norma. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de ordenamientos de PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. observancia general, dado que, para que el juicio resulte procedente, aquéllos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma o de un acto en el que la misma se aplique. A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. Así las cosas, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por dicho acto legislativo y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que, desde su entrada en vigor, ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 21 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación; la condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. De tal forma, para la impugnación de las disposiciones mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas.3 En consecuencia, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. Puntualizado lo anterior, de la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, alegando sustancialmente que luego de padecer la dependencia al cigarrillo y resentir los efectos nocivos de la salud, encontró una alternativa a su consumo mediante el uso de vaporizadores, cuya elección fue de forma libre e informada, argumentando obtener notables mejoras en la salud y condición física en el corto, mediano y largo plazo. 3 Al respecto es de tomar en cuenta el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que se contiene en la jurisprudencia número P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, que a la letra señala: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Refirió que ha tenido dificultad para encontrar y adquirir los productos necesarios para continuar "vapeando" a consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal ha decretado sobre la importación y exportación de vaporizadores, sus accesorios, sus esencias y líquidos, lo que estima coarta su derecho a consumirlos de forma libre. Ahora, el decretó aludido tiene como finalidad establecer las tarifas arancelarias aplicables a la importación y exportación de mercancías en territorio nacional, concretamente los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares y se adiciona su correlativa nota explicativa. Concretamente, la quejosa se duele del contenido del artículo primero en el que se crean fracciones arancelarias de la tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil siete, a través del que se prohíben los sistemas electrónicos conocidos popularmente como "cigarrillos electrónicos" y "vapers", dispositivos vaporizadores. Dicho numeral es del tenor siguiente: Artículo primero. Se crean las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de importación y de Exportación, publicada en el Diario oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, que a continuación se indican: Código Descripción Unidad Impuesto Imp. Exp. 3824.90.83 Soluciones y Mezclas de las utilizadas para lo comprendido en la Fracción arancelaria 8543.70.18 PROHÍBIDA. 8543.70.18 Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina PROHÍBIDA. (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. 8443.90.03 De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaraia 8543.70.18. PROHÍBIDA. Artículo segundo. Se adiciona la Nota explicativa de aplicación nacional al capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos", de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, para quedar como sigue: Notas. . Notas explicativas de aplicación nacional. . La fracción arancelaria 8543.70.18 comprende dispositivos constituidos por al menos una fuente de alimentación o batería (integrada o no); una unidad de calentamiento; una boquilla y una cámara de vaporización, contenedor o receptáculo, entre otros elementos que, mediante el calentamiento de diversas sustancias o materias, líquidas/sólidas (por ejemplo: mezcla de propilenglicol, glicerina y aromatizante o, en su caso, nicotina, tabaco y sus sucedáneos), por descomposición térmica generan vapor, aerosol, etc., los cuales son inhalados vía oral. Entre los citados dispositivos, generalmente se pueden encontrar los siguientes: a) Sistemas electrónicos de administración de Nicotina (SEAN): Son dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras sustancias. b) Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son dispositivos con función similar a los dispositivos SEAN, sin embargo, los vapeadores o aerosoles generados no contienen nicotina. c) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN): Son Dispositivos que mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con tabaco (laminado, granulado, picado y otras prestaciones) generan un vapor o aerosol que contiene nicotina. (.) Transitorio. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (.) Ahora, de las consideraciones contenidas en el Decreto que se controvierte se puede establecer que dicho ordenamiento está dirigido al control arancelario, importación y exportación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin nicotina (SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos, y dispositivos vaporizadores con usos similares; y que, entre sus objetivos se encuentra el proteger la salud de la población de los efectos nocivos que acarrean. Tal disposición está dirigida a todo establecimiento o persona que se dedique a la comercialización de los productos aludidos, concretamente a la importación de mercancías contenidas en las fracciones 3824.90.83, 9543.70.18 y 8543.90.03, antes indicadas; quienes, en todo caso al realizar un acto de comercio exterior, podrían verse afectadas en su esfera de derechos. En ese orden, la parte quejosa no acreditó estar ni indirectamente vinculada con los derechos fundamentales que aduce son transgredidos por la norma reclamada. En otras palabras, las tarifas establecidas en el decreto reclamado que contienen la prohibición de que se duele, están encaminadas a los establecimientos o personas que comercien e importen los productos referidos e identificados como cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. En ese orden, la parte quejosa considera que le causa perjuicio tal prohibición, lo cual evidencia que pretende ostentarse como titular de un interés legítimo so pretexto de ser consumidor de cigarros electrónicos o vapeadores; sin embargo, no existe vínculo entre la disposición normativa reclamada y la promovente de este juicio, por lo cual una eventual sentencia de protección constitucional no implicaría la obtención de un beneficio determinado para ella; máxime que la solicitante de amparo no demostró encontrarse en el supuesto previsto en la norma tildada de inconstitucional, a través de algún medio de prueba. Además, los afectados, en su caso, podrían ser las personas que comercializan, venden o distribuyen los referidos productos, quienes podrían resentir una violación a la libertad de comercio, lo que evidencia que la norma se dirigió a un grupo específico de la población. En ese contexto, la norma reclamada no es susceptible de generar una afectación real, actual y jurídicamente relevante en los derechos de la parte quejosa, ni mucho menos se observa que pudiera obtener algún beneficio jurídico. En tal virtud, se puede concluir que no afecta el interés legítimo de la parte promovente del acto reclamado, pues no le agravia el decreto reclamado. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió como normas autoaplicables, tratándose de interés legítimo, como aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que se constata cuando la afectación jurídicamente relevante de la parte quejosa en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés jurídico esté garantizado por un derecho objetivo y que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso.4 4 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, julio de 2014, tomo I, página 149, de contenido siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso - Del criterio aludido, se advierten los casos en los que los promoventes que aduzcan un interés legítimo para combatir una norma de carácter autoaplicativo, no deben ser destinatarios directos de la norma impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto de interés legítimo, requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios, a) cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para analizar si los quejosos cuentan con interés legítimo para impugnar una norma autoaplicativa, debe responderse a la siguiente pregunta ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante?5 Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para impugnar el ordenamiento reclamado. 5 Lo anterior tiene sustento en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. (10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 18, Mayo de 2015; Tomo I; página 445. 1a. CLXXXII/2015.). Lo anterior, ya que no ofreció ningún medio de convicción, por lo cual no demostró que fuera usuaria de los dispositivos vaporizadores que refiere el decretó que controvierte, o consumir productos relacionados a ellos; ya que en la demanda se limitó a señalar que es una persona que es dependiente al cigarrillo y que encontró una alternativa de consumo en los vaporizadores. Por lo cual, el decreto aludido no contiene prohibición alguna respecto al uso de los aludidos dispositivos electrónicos, lo que podría generar una posible afectación respecto a sus derechos fundamentales de dignidad humana y libre determinación de la salud y la persona; sino lo que prevé es una prohibición a su legal importación al territorio nacional. En ese sentido, la operación de la norma impugnada no le causa una afectación jurídicamente relevante, esto es, que derivado de ella no pueda conseguir los productos que refiere; asimismo, tampoco impide su uso, dado que, si bien se prohíbe su importación, esa circunstancia no obstaculiza su comercialización en territorio nacional. En tal virtud, toda vez que el ordenamiento combatido, no trastoca el interés legítimo de la parte quejosa, pues no acreditó su especial posición frente al marco normativo de modo que se pudo haber afectado un derecho. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; consecuentemente, es procedente sobreseer el presente juicio6, ya que no se demostró tener una actividad de importación ni exportación de cigarrillos eléctricos, ni dispositivos vaporizadores, pues únicamente se ostentó como consumidor de aquellos, sin haberlo acreditado durante la tramitación del asunto. En ese orden de ideas, al resultar improcedente la acción y ante el sobreseimiento decretado, el suscrito se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***************************, por derecho propio, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese; vía electrónica a la quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 6 Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 76/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse. (9ª Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 374) Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Luis Eduardo Villa Jaimes, Secretario quien da fe. Doy fe.

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