Sheila Marina Segura Ibarra

Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
341/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Sheila Marina Segura Ibarra
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Juicio de amparo 341/2023-H El dos de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] para el efecto de que las autoridades responsables que se vinculen al cumplimiento de este fallo: Realicen las gestiones necesarias con la finalidad de que se acredite la atención médica que debe recibir la quejosa, respecto de los padecimientos denotados en las notas médicas allegadas y de los que se hace referencia en la demanda, así como el diagnóstico y valoración actualizados que se le habrán de realizar, y los tratamientos o medicamentos que eventualmente se ordenen y/o se le otorguen; Informen la evolución de los padecimientos que sufre la agraviada [de acuerdo a su expediente clínico y nueva valoración], esto es, si ya han sido superados, o bien, si se encuentran actualmente controlados; y, Remitan las constancias que acrediten el acato del presente fallo protector. Al efecto, se precisa que las responsables deberán realizar las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para que lo anterior acontezca. Finalmente, es pertinente indicar que en caso de que existan circunstancias que no puedan ejecutarse en las instituciones de salud pertenecientes al ente asegurador responsable, este último deberá procurar con celeridad la adecuada subrogación de los servicios conducentes en los términos de su normatividad interna." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades vinculadas para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento con la sentencia amparadora. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a las autoridades vinculadas, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 341/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Sheila Marina Segura Ibarra solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión del Director del Hospital de Ginecobstetricia con Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. SEGUNDO. La demanda fue admitida bajo número 341/2023 y tramitado el juicio, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, virtud que el acto de omisión reclamado guarda consecuencias materiales (efectos positivos) en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que el acto reclamado es la omisión de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social de proporcionar atención médica a la quejosa, a través de tratamientos, estudios y medicamentos que se le deban prescribir y entregar, así como de seguimientos a los padecimientos denotados por los médicos tratantes. TERCERO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, no obstante las negativas depuestas, pues del contenido de sus informes justificados, se advierte que se realizan sendas manifestaciones tendentes a defender la constitucionalidad de su actuar; certeza que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio. Documentales que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Es sustancialmente fundado lo alegado por la quejosa, por las consideraciones que se expondrán enseguida. La peticionaria del amparo aduce que las autoridades responsables trasgreden su derecho humano a la salud contemplado en el artículo 4° constitucional, al no proporcionarle los tratamientos y estudios que necesita para su bienestar, ni brindarle la atención médica necesaria que permita darle puntual seguimiento a los padecimientos que le aquejan. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido, entre otras cosas, que el derecho a la protección de la salud implica el deber que tiene el Estado de garantizar a la población el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan sus necesidades, para lo cual se deberán realizar todas las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así lo estableció en la tesis 1ª.LXV/2008, página 457, julio de 2008, tomo XXVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Derecho humano que, además, comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario aprobados, en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. En el particular, al rendir sus respectivos informes, las autoridades responsables refirieron que a la quejosa Sheila Marina Segura Ibarra no se le ha negado la atención médica respectiva, y que se encuentra actualmente con una derechohabiencia en el Hospital de Ginecobstetricia con Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; y que la impetrante tiene varias notas médicas de fechas siete de febrero, tres, siete y catorce de marzo, y dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Sin embargo, lo fundado de lo alegado radica en que si bien de las manifestaciones expuestas por las autoridades responsables, se aprecia que se ha otorgado a la quejosa determinados servicios de salud en los meses de febrero, marzo y abril de dos mil veintitrés, lo cierto es que de las constancias allegadas a este expediente, previamente valoradas, no se advierte de manera fehaciente que le hayan proporcionado la atención médica suficiente para superar los padecimientos diagnosticados en las notas médicas en cita, tales como: esguince cervical y lumbar, elevación de presión sanguínea, migraña e hipercolesterolemia; ni efectuado los estudios clínicos y de laboratorio ahí señalados; así tampoco, que hayan evidenciado haber surtido a la agraviada las recetas de los múltiples medicamentos prescritos, a efecto de revalorizar la condición de salud de la peticionaria. Así, no obra constancia alguna que permita verificar el seguimiento médico que debió darse a los padecimientos referidos, es decir, no fue presentada la información relativa a la evolución de la condición de salud de la quejosa para que este tribunal esté en aptitud de determinar si ha recobrado su bienestar físico, o bien, si se tratan de algunas afectaciones crónicas que estén debidamente controladas, así como tampoco si le fue suministrado el medicamento para tratar tales padecimientos. De ahí que al no estar justificado por parte de las responsables, que los padecimientos hayan evolucionado favorablemente, estén controlados si se tratan de problemas de salud crónicos, o bien, si le proporcionaron los medicamentos recetados para tal efecto, es claro que se vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la unidad médica responsable no ha realizado el debido cumplimiento a su deber de proveer sobre el diagnóstico, valoración médica actualizada, tratamiento y suministro adecuados a los padecimientos de la peticionaria, necesarios por todo el tiempo que dure las afectaciones de salud denotadas. Omisión que incluso podría demeritar aún más la salud de la solicitante del amparo, de continuarse presentando. En ese sentido, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, lo conducente es conceder la protección de la Justicia Federal que impetró Sheila Marina Segura Ibarra, para el efecto de que las autoridades responsables que se vinculen al cumplimiento de este fallo: Realicen las gestiones necesarias con la finalidad de que se acredite la atención médica que debe recibir la quejosa, respecto de los padecimientos denotados en las notas médicas allegadas y de los que se hace referencia en la demanda, así como el diagnóstico y valoración actualizados que se le habrán de realizar, y los tratamientos o medicamentos que eventualmente se ordenen y/o se le otorguen; Informen la evolución de los padecimientos que sufre la agraviada [de acuerdo a su expediente clínico y nueva valoración], esto es, si ya han sido superados, o bien, si se encuentran actualmente controlados; y, Remitan las constancias que acrediten el acato del presente fallo protector. Al efecto, se precisa que las responsables deberán realizar las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para que lo anterior acontezca. Finalmente, es pertinente indicar que en caso de que existan circunstancias que no puedan ejecutarse en las instituciones de salud pertenecientes al ente asegurador responsable, este último deberá procurar con celeridad la adecuada subrogación de los servicios conducentes en los términos de su normatividad interna. Resulta aplicable, al efecto, la tesis 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 969, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." [Énfasis añadido] QUINTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se:

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las partes en proveído de ocho de junio del año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual envía las constancias solicitadas en autos. En consecuencia, toda vez que las mismas se requirieron oficiosamente en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, por estimarlas necesarias para la resolución del presente juicio, con fundamento en el dispositivo 117 de la propia ley, déjense a la vista de las partes por el plazo de ocho días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

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