Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli
Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cinco de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; en consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: 1.- CONSERVAR el expediente principal ya que se actualiza la hipótesis del numérico 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda y se concedió la suspensión de plano, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez transcurra los tres años a partir de la presente data, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 29, segundo párrafo del citado acuerdo. Requerimiento al actuario de la adscripción. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. No presentada. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no ha ratificado su escrito inicial de demanda, en los términos y plazos concedidos en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, sin que haya hecho manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente sumario. Dado lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las autoridades responsables dicha determinación
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de junio de dos mil veintitrés. Desahoga requerimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Subdirector de Área Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Mexicano del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco por conducto del Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido se tiene por desahogado el requerimiento de treinta de mayo pasado y al efecto se toma conocimiento que en la base de datos de su adscripción no se encontró registro que el directo quejoso Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli, haya sido alojado en una estación migratoria. Se hace efectivo. En virtud de lo anterior y atendiendo que el promovente del amparo no informó algún dato donde pudiera ser localizado el directo quejoso Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli, a pesar de encontrarse notificado del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido acuerdo, por lo que con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, el presente proveído, el auto de veinticinco de mayo pasado, así como las subsecuentes. Villahermosa, Tabasco; veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Martinez********************, en favor de Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli, contra actos de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1045/2023-IV. Fórmese tanto el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Observación en cuanto a la denominación de la autoridad responsable. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el promovente utiliza diversas denominaciones para referirse a las autoridades migratorias que señala como responsables con sede en esta ciudad; sin embargo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en diversos juicios de amparo de la estadística de este juzgado, al rendir su informe de suspensión de plano, la autoridad migratoria en esta ciudad ha informado que su denominación correcta es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones, téngase como autoridad responsable únicamente a la mencionada. En esa tesitura, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice la anotación correspondiente, en relación a la denominación correcta de la autoridad de mérito. Reserva respecto a la apertura del incidente de suspensión. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa también señaló diversos actos, relacionados con el derecho a la salud, el derecho humano a una debida y adecuada defensa y la violación al debido proceso; sin embargo, por el momento no se está en la hipótesis de proveer al respecto; pues, no encuadran en el supuesto de ser urgentes, según lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, por el momento no es dable aperturar el incidente de suspensión, tomando en consideración que la demanda no ha sido ratificada y respecto de los actos prohibidos por el artículo 22, de la constitución, procede la suspensión de plano; por tanto, con base en lo anterior, resulta innecesario aperturar el cuaderno incidental. Suspensión de plano respecto de la privación de la libertad. Por otro lado, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que son objeto el quejoso por parte de las autoridades migratorias; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del referido acto reclamado para los efectos siguientes: En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, se decrete la inmediata libertad del quejoso bajo las siguientes condiciones: -La autoridad responsable del Instituto Nacional de Migración: 1. Dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que asegure que el impetrante del amparo no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 3. Se le requiera para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este juzgador el domicilio donde pueda ser localizado, así como el cambio que del mismo pudiera acontecer. 4. Se indique al quejoso que no deberá abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en que se esté llevando a cabo el trámite migratorio respectivo, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 5. Se requiera al quejoso para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147, de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En el caso particular, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, es menester traer a colación el amparo en revisión 388/2022, publicado en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, la Primera Sala del referido máximo órgano, en lo que interesa, precisó: a) En primer lugar, se puso de relieve que se analizó, por un lado, la privación de la libertad de personas por razones migratorias, por otro, la duración del plazo para la privación de la libertad de personas por razones migratorias; y, así como, la constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. b) En ese sentido, analizó la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la detención por razones migratorias; y, al efecto subrayó que tratándose de sanciones administrativas el artículo 21 Constitucional dispone que estas únicamente consistirán en multa, o en su caso, en un arresto por treinta y seis horas. c) Posteriormente, señaló que el numeral 111 de la Ley de Migración que establece que la duración máxima de una detención por razones migratorias es de quince a sesenta días, a partir de la presentación del extranjero, contraviene la temporalidad prevista en la constitución federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa; y, d) Finalmente, subrayó que el límite establecido en el texto constitucional para una detención administrativa -arresto-, no puede tener una temporalidad superior a las treinta y seis horas; y, por tanto, concluyó que el artículo 111 de la Ley de Migración, es inconstitucional en cuanto a los plazos que prevé; pues, ello es violatorio de los artículos 17 y 21 de la Constitución Federal, así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De lo antes expuesto, conforme a los artículos 215, 216, 217 y 223 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se constituye por precedentes obligatorios, reiteración o por contradicción; y, respecto a los primeros -precedentes obligatorios- estos serán obligatorios cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sentencias esgriman razones que justifiquen sus decisiones por mayoría de cuatro votos. Ahora, en el caso, del análisis de la página electrónica del Máximo Tribunal: https: //www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versionestaquigraficas/documento/2023-0315/15032023%20PS%20PÚBLICA.pdf; se advierte que las razones contenidas en el amparo en revisión 388/2022, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, constituye un procedente obligatorio; pues, dicho criterio se sustentó por mayoría de cuatro votos. Por tanto, podemos concluir que lo resuelto en el amparo en revisión antes señalado, constituye un precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas; es decir, en todo procedimiento migratorio el plazo máximo de detención y alojamiento debe ser de treinta y seis horas; pues, los plazos contemplados en la Ley de migración contravienen la temporalidad prevista en el artículo 21 Constitucional; esto es, treinta y seis horas; motivo por el cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso de esa índole, habrán de continuarlo en libertad, una vez que rebasen el plazo antes señalado. En ese orden de consideración, para el caso particular de que en la detención del quejoso, haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas de referencia, contadas desde el momento en que fue puesto a disposición de las autoridades migratorias señaladas como responsables, invariablemente éstas deberán dejarlo en inmediata libertad, conforme a lo previsto en el numeral 21, cuarto párrafo constitucional. Al respecto es aplicable, la I.20o.A.19 A (10a.), sostenida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 3551, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Medidas de aseguramiento. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuará haciéndolo siempre y cuando, se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, siguientes: Dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, el quejoso deberá presentarse ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sea requerido para ello. Adicionalmente, deberá presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquel no lo fuera, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezcan un sistema de registro, a fin de se certifiquen las comparecencias del quejoso con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que el quejoso realice la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Órgano Jurisdiccional la fecha en que se efectuó, o bien haga del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberá proporcionar tanto a la autoridad responsable como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirá en esa ciudad, a efecto de que se le pueda practicar las citaciones respectivas. En el entendido, de que el quejoso no podrá ausentarse de dicho lugar, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada, surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. Medida de aseguramiento En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo que provengan de: La comisión de un delito y se le hubiera sorprendido en su ejecución flagrante, si infringe el bando de policía y gobierno; En cumplimiento a una orden de detención y/o aprehensión librada por diversa autoridad; o Tenga sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Incomunicación. Por otro lado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de manera inmediata cese cualquier tipo de incomunicación, de la que pueda estar siendo objeto el quejoso, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22, de la Constitución Federal; y, se les permita la libre comunicación con sus abogados. En la inteligencia de que la seguridad y la salud del quejoso, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Suspensión de plano respecto a la deportación, traslado, expulsión y/o retorno asistido. Por otro lado, de conformidad con los artículos 15 y 160 ambos de la Ley de Amparo, se concede a su vez la suspensión de plano para que no se ejecute ORDEN DE DEPORTACIÓN o como quiera que se le denomine al acto que implique la salida del país del quejoso; sin embargo, la medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables, continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso, lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto, la suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las autoridades responsables se abstengan de trasladar al quejoso a diversa instalación de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida de los peticionarios de amparo, lo cual deberá informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables para que permitan el acceso al actuario que se designará para localizar al quejoso a las instalaciones de la Estación Migratoria, correspondiente así como el acceso a la bitácora que se lleve en dicha centro y todos los lugares o documentos que el fedatario considere necesarios, incluso al lugar donde se alojan el migrante, a fin de lograr la notificación del presente proveído y del cercioramiento del quejoso. Se apercibe a las autoridades de mérito, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a las autoridades responsables, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Oficio que deberán remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se hace saber a las responsables que el informe de suspensión de plano deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Medida de aseguramiento La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de los quejosos si se les pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Se gira exhorto. Por otra parte, toda vez que el promovente del amparo refiere que los directos quejosos se pueden encontrar en la estación migratoria de Tijuana, Baja California, GÍRESE EXHORTO VÍA SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, para el efecto de realizar la siguiente encomienda: 1.- Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California, para que proceda a la búsqueda y localización del directo quejoso Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli, debiendo revisar las bitácoras de ingreso y egreso de la autoridad migratoria, e incluso vocear el nombre del peticionario del amparo a fin de determinar si se encuentra en dicho lugar; y, una vez en su presencia, les notifique personalmente el contenido de este proveído, se cerciore que habla y entiende el idioma español, en caso contrario con apoyo de un traductor digital se comunique con ellos para cumplir esta encomienda, y de no tenerlo se auxilie de un traductor. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentra, así como las condiciones de este. 3. También proceda a interrogar al quejoso en relación a si han sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incomunicación y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por los mismos; o en su caso asiente lo que corresponda. 4. Asimismo, tomando en consideración que de la demanda se advierte que el directo quejoso es extranjero, deberá hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tienen derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desea que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberá hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. 5. Finalmente, haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia en Tijuana, Baja California, a fin que tengan conocimiento de la suspensión de plano decretada en el presente proveído. Ratificación de la demanda. De igual manera se comisiona al actuario para que, en el acto de la diligencia requiera al directo quejoso para que en el momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, ratifique la demanda promovida a su favor por Juan Carlos Martínez********************; apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase al justiciable para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifieste si es su deseo señalar al promovente Juan Carlos Martinez********************, como su autorizado, así como a las diversas personas señaladas en el escrito de demanda. De igual manera, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentran facultados legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; de lo contrario, se les tendrá por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Se instruye al actuario De igual manera, a fin de evitar dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de realizar la siguiente encomienda: 1.- Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que proceda a la búsqueda y localización del directo quejoso Shaymanov Sherzod Nomoz Ugli, debiendo revisar las bitácoras de ingreso y egreso de la autoridad migratoria, e incluso vocear el nombre del peticionario del amparo a fin de determinar si se encuentran en dicho lugar; y, una vez en su presencia, les notifique personalmente el contenido de este proveído, se cerciore que habla y entiende el idioma español, en caso contrario con apoyo de un traductor digital se comunique con el para cumplir esta encomienda, y de no tenerlo se auxilie de un traductor. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentran, así como las condiciones de este. 3. También proceda a interrogar al quejoso en relación a si han sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incomunicación, y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por los mismos; o en su caso asiente lo que corresponda. 4. Finalmente, tomando en consideración que de la demanda se advierte que el directo quejoso es extranjero, deberá hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tiene derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desea que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberán hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. Ratificación de la demanda. De igual manera se comisiona al actuario para que, en el acto de la diligencia requiera al directo quejoso para que en el momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, ratifique la demanda promovida a su favor por Juan Carlos Martínez********************; apercibido que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase al justiciable para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifieste si es su deseo señalar al promovente Juan Carlos Martínez********************, como su autorizado, así como a las diversas personas señaladas en el escrito de demanda. De igual manera, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentran facultados legalmente para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; de lo contrario, se les tendrá por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Autorización y habilitación al personal del juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Reserva respecto de los autorizados, y notificaciones por medios electrónicos. Se reserva proveer respecto de los autorizados señalados en el escrito de cuenta, correo electrónico y número de teléfono, hasta en tanto el directo quejoso ratifique la demanda que nos ocupa. Reserva respecto del autorizado, número de teléfono y correo electrónico. Se reserva proveer respecto del autorizado, número telefónico y correo electrónico señalado en el escrito de cuenta, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen la demanda que nos ocupa. Sin embargo, a fin de que el promovente tenga conocimiento de la presente determinación se ordena al fedatario de la adscripción notificar el presente proveído a través del correo electrónico que proporcionó en su escrito de demanda para tal efecto, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen el presente escrito de demanda. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el escrito signado por Francisco Javier Méndez Pérez, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual solicita se aperture el incidente de inejecución de sentencia en contra de la responsable, por las razones que aduce. En razón de lo anterior, dígasele al promovente que en veintinueve de mayo próximo pasado, se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de diversas constancias y del acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, dictado en el expediente laboral de origen 1802/2016, del que, entre otras cosas, concede a las partes actora y demandada el término legal de dos días hábiles para efecto de que formulen sus alegatos, ello, en atención a lo solicitado por el autorizado de la parte actora, aquí quejosa, mediante escrito de once de mayo del presente año, en el que solicita el cierre de instrucción de la citada contienda laboral. De lo antes expuesto se advierte que la responsable se encuentra en vías de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en el presente asunto, por lo que esta autoridad se encuentra a la espera del cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el citado auto de veintinueve de mayo anterior. No obstante lo anterior, si las responsables incumplen con el requerimiento realizado en párrafos que anteceden, esta autoridad procederá en consecuencia y resolverá sobre el inicio del procedimiento de inejecución; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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