Sharon Vallejos Berber

Expediente 664/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
664/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Sharon Vallejos Berber

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; visto su contenido se tiene a la autoridad oficiante informando haber aceptado la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por Sharon Vallejos Berber y haberse avocado al conocimiento de la misma, de lo que este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: -Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso j) del acuerdo general citado porque se declinó competencia en el presente juicio de amparo; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.****

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos del Titular del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 664/2022. INCOMPETENCIA LEGAL Vista la demanda de amparo, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la misma, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".a) Del C. TITULAR DEL CENTRO ÚNICO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, reclamo la negativa injustificada de realizarme la evaluación correspondiente de Control y Confianza a fin de cubrir la certificación para el ingreso al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla como perito en psicología. b.).- Del C. Director del Instituto de Formación Profesional de lo Fiscalía General del Estado de Puebla *******, reclamo la omisión de injustificada de realizar la solicitud debidamente justificada al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza a fin de que fuera sujeta a un nuevo proceso de evaluación e ingresar al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla como perito en psicología." De lo anterior se tiene que la inconforme señala como acto reclamado una acción de índole administrativa, por lo que el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama no es de materia penal. En efecto, se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla no es competente para conocer de la presente demanda amparo lo anterior de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuyo texto es el siguiente: Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, no atenta contra la libertad personal con motivo de una corrección disciplinaria o medida de apremio dentro de un procedimiento penal, no se vincula con la reparación del daño, ni se reclama una ley o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa."1 En efecto, como se precisó, el acto reclamado lo constituye la negativa a realizar la evaluación de control y confianza a fin de que la impetrante de amparo este en aptitud de ingresar al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla y fungir como perito en psicología, así como la omisión de realizar la solicitud al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza a fin de que fuera sujeta a un nuevo proceso de evaluación, para desempeñarse como perito en piscología, por lo que no se puede considerar que estos sean de naturaleza penal, ya que los actos de los que se duele la quejosa son de índole administrativa, y por consiguiente corresponde conocer del mismo a un Juez de Distrito Especializado en Materia Administrativa. Por tanto, el suscrito estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en 1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2013062, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: 1a./J. 32/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 859, Tipo: Jurisprudencia. Materia Penal y su competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Lo que además se robustece con las tesis de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la actividad que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte. Ahora bien, dado que la averiguación previa integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por exclusión, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."2 En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 2 Tesis consultable en el registro digital: 171220, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa ,Tesis: 2a. CXXXVI/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 445 Tipo: Aislada Así mismo, de manera restringida a la diversa persona que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "gilbertotizatlmendez",, para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud del uso de medios electrónicos de las actuaciones del presente juicio de amparo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la solicitud del quejoso no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la parte quejosa, por conducto de su autorizado, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 393 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la 3 Artículo 39. El acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo que se hubiere solicitado expresamente autorización para recibir notificaciones electrónicas y la misma se haya acordado favorablemente, en términos del artículo 55 del presente Acuerdo General. continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos del Titular del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 664/2022. INCOMPETENCIA LEGAL Vista la demanda de amparo, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la misma, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".a) Del C. TITULAR DEL CENTRO ÚNICO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, reclamo la negativa injustificada de realizarme la evaluación correspondiente de Control y Confianza a fin de cubrir la certificación para el ingreso al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla como perito en psicología. b.).- Del C. Director del Instituto de Formación Profesional de lo Fiscalía General del Estado de Puebla *******, reclamo la omisión de injustificada de realizar la solicitud debidamente justificada al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza a fin de que fuera sujeta a un nuevo proceso de evaluación e ingresar al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla como perito en psicología." De lo anterior se tiene que la inconforme señala como acto reclamado una acción de índole administrativa, por lo que el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama no es de materia penal. En efecto, se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla no es competente para conocer de la presente demanda amparo lo anterior de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuyo texto es el siguiente: Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, no atenta contra la libertad personal con motivo de una corrección disciplinaria o medida de apremio dentro de un procedimiento penal, no se vincula con la reparación del daño, ni se reclama una ley o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa."1 En efecto, como se precisó, el acto reclamado lo constituye la negativa a realizar la evaluación de control y confianza a fin de que la impetrante de amparo este en aptitud de ingresar al Servicio de Carrera Ministerial y Pericial de la Fiscalía General del Estado de Puebla y fungir como perito en psicología, así como la omisión de realizar la solicitud al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza a fin de que fuera sujeta a un nuevo proceso de evaluación, para desempeñarse como perito en piscología, por lo que no se puede considerar que estos sean de naturaleza penal, ya que los actos de los que se duele la quejosa son de índole administrativa, y por consiguiente corresponde conocer del mismo a un Juez de Distrito Especializado en Materia Administrativa. Por tanto, el suscrito estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en 1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2013062, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: 1a./J. 32/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 859, Tipo: Jurisprudencia. Materia Penal y su competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Lo que además se robustece con las tesis de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la actividad que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte. Ahora bien, dado que la averiguación previa integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por exclusión, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."2 En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 2 Tesis consultable en el registro digital: 171220, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa ,Tesis: 2a. CXXXVI/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 445 Tipo: Aislada Así mismo, de manera restringida a la diversa persona que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "gilbertotizatlmendez",, para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud del uso de medios electrónicos de las actuaciones del presente juicio de amparo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la solicitud del quejoso no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la parte quejosa, por conducto de su autorizado, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 393 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la 3 Artículo 39. El acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo que se hubiere solicitado expresamente autorización para recibir notificaciones electrónicas y la misma se haya acordado favorablemente, en términos del artículo 55 del presente Acuerdo General. continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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