Shamir Acevedo Aragon

Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
648/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Shamir Acevedo Aragon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Horacio Jiménez Melgar, Síndico Municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, mediante el cual en cumplimiento al proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, realiza diversas manifestaciones y solicita se vincule al Poder Ejecutivo Estatal de esta entidad, toda vez que refiere que al admitir su solicitud de presupuesto no existe impedimento para no otorgar los recursos suficientes para el pago de lo señalado en el presente juicio. Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones que realizan para los efectos legales conducentes, y dígase que por el momento no ha lugar a vincular al Poder Ejecutivo Estatal, toda vez que por el hecho de haber admitido a trámite la solicitud planteada al Fondo de Aportaciones Estatales Concursables para el pago de Laudos y Sentencias Ejecutoriadas, ello no significa que dicha respuesta sea en sentido favorable; además se encuentra transcurriendo el término concedido por auto de once de octubre de dos mil veintitrés, y una vez que acredite lo ahí solicitado, se proveerá lo conducente; en consecuencia se tienen por hechos los trámites que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por el actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercero interesada la sentencia dictada en autos; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el fedatario judicial; en consecuencia, toda vez que a la fecha se encuentra dado de alta el usuario "LIC_TOMAS", para realizar las notificaciones electrónicas a la tercera interesada Margarita Zavala Pineda, efectúese por dicho medio la notificación personal de la sentencia dictada en autos, así como de este auto y las consecutivas de carácter personal. Por otra parte, del estado de los autos se advierte que los diversos terceros interesado José Guadalupe Zavala Méndez, Gabriela Zavala Méndez, no señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, pese a habérseles requerido en la diligencia de emplazamiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con los que se les conminó, y por ello notifíqueseles el fallo emitido el veintinueve de septiembre de este año, así como el presente proveído y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a Margarita Zavala Pineda y por lista a José Guadalupe Zavala Méndez, Gabriela Zavala Méndez. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERO INTERESADA MARGARITA ZAVALA PINEDA VÍA ELECTRÓNICA Y A LOS DIVERSOS TERCERO INTERESADOS JOSÉ GUADALUPE ZAVALA MÉNDEZ Y GABRIELA ZAVALA MÉNDEZ, POR MEDIO DE LISTA, LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO para resolver el juicio de amparo 648/2023, promovido por Shamir Acevedo Aragón, por propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en Cuautla y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido el doce siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Shamir Acevedo Aragón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Acto reclamado: Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en Cuautla. La resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 5/2023-CO6, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, en contra de Shamir Acevedo Aragón, por los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, cometido el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda, en la causa penal JCC/580/2022. SEGUNDO. El quince de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 648/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en Cuautla, en el toca penal 5/2023-CO6, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, en contra de Shamir Acevedo Aragón, por los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, cometido el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda, en la causa penal JCC/580/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado toda vez que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del toca penal 5/2023-CO6, anexas al informe justificado, así como el disco en formato DVD, en el cual obra la audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hubiera sido objetada su autenticidad. Mientras que el disco óptico adquiere el carácter de una prueba documental pública tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J. 43/2013, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En consecuencia, el acto reclamado se tiene plenamente probado. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por el suscrito juzgador, se procede al estudio de fondo del asunto. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto resulta importante reseñar los antecedentes relevantes del acto reclamado: El treinta y uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial, relativa al control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y al acreditarse los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda, ilícitos previstos y sancionados por los numerales 193, con relación al 174, fracción II, con relación al 62 y al 121, fracción II, con relación al 62, y por el numeral 176 bis, respectivamente, del Código Penal para el estado de Morelos, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Shamir Acevedo Aragón, dentro de la causa penal JCC/580/2022. Inconforme con la determinación de vinculación a proceso, el defensor particular del imputado Shamir Acevedo Aragón, en fecha diez de agosto de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación, el cual quedó radicado bajo el toca penal 5/2023-CO6, del índice de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, mismo que fue admitido el once de abril de dos mil veintitrés. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la Sala responsable resolvió el recurso interpuesto y confirmó la resolución de vinculación a proceso en la que se reclasificó el delito de posesión de vehículo automotor de procedencia ilícita a robo de vehículo automotor, dictada en audiencia pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, dentro de la causa penal JCC/580/2022, que se instruyó en contra de Shamir Acevedo Aragón, por los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, cometido el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda. Determinación que resulta el acto reclamado en el presente juicio. Calificación de conceptos de violación. Ahora bien, a juicio de este órgano de control constitucional, son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que se actualiza una violación procesal que causó un agravio a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que no se respetó el principio de contradicción en la audiencia de vinculación a proceso, lo que implicó una transgresión a los requisitos procesales que deben cumplirse, en específico el de haberse brindado oportunidad a la persona imputada de declarar en la reclasificación del delito. Ahora, como se desprende del artículo 6° del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de contradicción exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Dicho principio es la esencia del modelo adversarial, pues es inherente a la idea de dualidad de posiciones de las partes en la contienda procesal, y consagra la posibilidad real de conocimiento por el órgano enjuiciador, en condiciones de igualdad. Asimismo, es concomitante con el derecho de defensa, el cual es fundamental en la práctica de la prueba, al permitirle a la defensa refutar los elementos que allegue el Ministerio Público al proceso, según la etapa procesal correspondiente. A su vez, encuentra relación con el derecho de audiencia, el cual contiene el postulado: "Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio". En ese sentido, vemos que el principio de contradicción funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado, garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas y, por otra, permite al juzgador apreciar de forma clara los elementos de pruebas y los argumentos que, de forma oral, exponen las partes. Sobre esto cobra especial importancia la función del Juez, en virtud de que él es el encargado de garantizar el cumplimiento de dicho principio, dado que el procedimiento probatorio se distingue principalmente por el debate contradictorio suscitado entre las partes. Así, es claro que el principio de contradicción, al igual que la oralidad y la inmediación, vienen a ser las notas distintivas que, de alguna manera, configuran el sistema acusatorio, pues a través de ellos es posible la interacción real de los sujetos procesales, no sólo en la etapa de juicio, sino en las diversas etapas del proceso. Ahora bien, tal y como lo refirió la Sala responsable en la resolución reclamada, el Juez de control al dictar auto de vinculación a proceso está facultado para realizar una modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, de conformidad con la interpretación del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". -Lo resaltado es propio- Debido a que, en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate. En efecto, es fundamental la potestad dada al Juez de Control para que, en el auto de vinculación a proceso, otorgue una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo propuesto por el Ministerio Público al formular imputación, pues su ejercicio produce certeza y congruencia entre los hechos atribuidos y la descripción típica. No hacerlo implicaría que se siga un proceso únicamente por la clasificación jurídica designada por el representante social, lo cual iría en detrimento del sistema, de los derechos de la víctima y de la sociedad en general, pues de resultar incongruente, generaría situaciones de impunidad al no poder encuadrar plenamente las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. Por tanto, la potestad conferida al Juez de Control para modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, sólo está sujeta a que no se varíen los hechos expresados por el Ministerio Público al formular imputación, y se garantice el derecho de defensa del imputado. Luego entonces, el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación; sin embargo, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa, tal y como lo establece el artículo 316, penúltimo, párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcrito en líneas que anteceden. En ese sentido, el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento de las partes. Por su parte, el artículo 398 del código antes citado, refiere que en la reclasificación jurídica, tanto en el alegato de apertura, como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate. En función de lo anterior, resulta pertinente hacer hincapié en el significado de la palabra clasificar y reclasificar; por su parte, en el contexto de derecho penal, clasificar -como acto procesal- es el encuadramiento de determinados acontecimientos fácticos en la descripción típica empleada por el código penal respectivo. Dicha función, de origen corresponde al Ministerio Público, pues es éste quien de acuerdo a los datos que arroje la investigación, propondrá al Juez la clasificación jurídica que considere correcta, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ser cambiada a propuesta del Ministerio Público, o por el propio juzgador. En ese sentido, si durante el proceso el Ministerio ya propuso una clasificación jurídica, existe la posibilidad de que en fases procesales posteriores los acontecimientos fácticos puedan encuadrarse en un supuesto jurídico distinto. En el caso, nos referiremos específicamente a la modificación de la clasificación del hecho materia de la imputación realizada por el Juez de Control al dictar auto de vinculación a proceso. Como ya se indicó, la facultad de clasificar compete al Ministerio Público, quien generalmente se ocupa de proponer al juzgador los encuadramientos legales que a su juicio se actualizan. Esta determinación -al formular imputación- es de carácter eminentemente preliminar, según se advierte del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." Como razonamiento de lo anterior, debe precisarse que si el juzgador (dependiendo de la fase procesal) ya intervino y modificó la clasificación preliminar del Ministerio Público, y posteriormente se propone su modificación, entonces ya hablaríamos de reclasificación. Dicho de otro modo, la reclasificación tiene lugar cuando el juzgador ya modificó la clasificación preliminar propuesta por el órgano ministerial y, posteriormente, en uso de su potestad, resuelve modificarla. De este modo, en el auto de vinculación a proceso la función del juzgador estriba en clasificar o modificar la propuesta preliminar del Ministerio Público. La redacción actual del artículo 19 constitucional, revela claramente la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Tales consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 1ª/J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, cuyo título establece: "auto de vinculación a proceso. para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable (nuevo sistema de justicia penal)." De acuerdo a lo anterior, debe entenderse que cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el código penal respectivo, mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica. Todo lo anterior, permite establecer que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, lo que puede modificarse o reclasificarse (según la denominación otorgada por el legislador) es la calificación del hecho delictivo y no las circunstancias fácticas que lo motivaron. Expuesto tal escenario, procede analizar el contenido del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Análisis del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación). Como se indicó anteriormente, la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso, se encuentra prevista en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que, aunque ya fue previamente transcrito, resulta ilustrativo traerlo a colación con la finalidad de brindar un mayor entendimiento. Dicho precepto, en su parte conducente, establece: "... Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: ... El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa ..." (Lo resaltado es propio). La modificación a que alude la porción normativa de referencia, tiene cabida en la etapa de investigación complementaria, la cual inicia con la formulación de imputación y concluye con el auto que decreta el cierre de la misma. El plazo para el cierre de dicha etapa es fijado por el Juez de Control al dictar auto de vinculación a proceso. Así, encontramos que en el iter de la investigación complementaria el Juez de Control resuelve la situación jurídica del imputado, pues decide si éste habrá de ser vinculado a proceso o no. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, determinó que el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. De esta guisa, el auto de vinculación a proceso constituye el acto procesal por virtud del cual el Juez de Control fija la litis del proceso penal, y en él establece de manera clara y precisa el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso. Lo anterior, encuentra sustento en el párrafo quinto del artículo 19 constitucional, el cual establece: "... Artículo 19. ... Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente..." En el contexto expuesto, a juicio de este juzgador, la actuación del Juez prevista en el artículo que nos ocupa, es contraria al principio de contradicción que rige el sistema acusatorio, en atención a lo siguiente: Si bien, es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate, sin embargo, para llevar a cabo la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, es transcendental que se respete el derecho de defensa del imputado, mismo que fue violado al no dársele la intervención para efectos de su defensa. Debido a que tanto de la resolución reclamada en su versión escrita y oral, el Juez de control al momento de realizar la reclasificación del delito de posesión de vehículo automotor de procedencia ilícita a robo de vehículo automotor, no le dio la participación al imputado, a fin de hacer valer su derecho de defensa, esto es, el de réplica y contrarréplica de los argumentos vertidos. Lo anterior, es concomitante con el principio de contradicción, el cual exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de modo que, al reclasificar el delito el Juez de control debió haber brindado oportunidad a la persona imputada para declarar, lo cual irroga perjuicio a los acontecimientos fácticos colocados en el supuesto jurídico hipotético distinto, pues en ese momento pudo hacer frente a la imputación que pesaba en su contra, por cuanto al delito reclasificado. Por otro lado, el ejercicio de la potestad conferida al Juez de Control -al dictar auto de vinculación a proceso- para otorgar una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo materia de la imputación, no conlleva la realización de funciones de acusación, pues la vertiente que impone la distribución de funciones establece que la función de investigar y de formular la acusación le pertenece al Ministerio Público; la actividad de defensa atañe al imputado y a su defensor; en tanto que la de juzgar le corresponde al Juez o tribunal de enjuiciamiento. Es por esta razón que, si bien, se formula imputación por determinado hecho delictivo, cabe la posibilidad de que al dictar auto de vinculación a proceso se le otorgue una clasificación jurídica distinta por el que técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen los hechos y se garantice el derecho de defensa del imputado, lo que no aconteció en el caso a estudio en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4° P.1 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2021809, de rubro siguiente: "RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO." Asimismo, sirve de sustento la tesis I.9° P.265 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2021498, de rubro siguiente: "RECLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN MINISTERIAL. ANTES DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO, EL JUEZ DE CONTROL DEBE PERMITIRLE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA RESPECTO A ÉSTA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 316, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." Ante tal violación procesal, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se detallarán en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos del amparo. La Sala responsable, dentro de los diez días siguientes al en que cause ejecutoria la presente sentencia deberá: ? Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal 5/2023-CO6; y ? Emitir una nueva resolución en la que revoque el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal JCC/580/2022 e instruya al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, para que cite a las partes a una audiencia, en la que dé participación al imputado, a fin de hacer valer su derecho de defensa, esto es, el de réplica y contrarréplica de los argumentos vertidos por el juzgador respecto a la reclasificación del delito; y, en su caso, el derecho que tiene de solicitar la ampliación del plazo para resolver sobre la vinculación a proceso; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolver lo que conforme a derecho corresponda. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Shamir Acevedo Aragón, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 648/2023, promovido por Shamir Acevedo Aragón, por propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en Cuautla y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido el doce siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Shamir Acevedo Aragón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Acto reclamado: Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en Cuautla. La resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 5/2023-CO6, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, en contra de Shamir Acevedo Aragón, por los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, cometido el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda, en la causa penal JCC/580/2022. SEGUNDO. El quince de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 648/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, con sede en Cuautla, en el toca penal 5/2023-CO6, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, en contra de Shamir Acevedo Aragón, por los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, cometido el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda, en la causa penal JCC/580/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado toda vez que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del toca penal 5/2023-CO6, anexas al informe justificado, así como el disco en formato DVD, en el cual obra la audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hubiera sido objetada su autenticidad. Mientras que el disco óptico adquiere el carácter de una prueba documental pública tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J. 43/2013, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En consecuencia, el acto reclamado se tiene plenamente probado. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir causas de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por el suscrito juzgador, se procede al estudio de fondo del asunto. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto resulta importante reseñar los antecedentes relevantes del acto reclamado: El treinta y uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial, relativa al control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y al acreditarse los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda, ilícitos previstos y sancionados por los numerales 193, con relación al 174, fracción II, con relación al 62 y al 121, fracción II, con relación al 62, y por el numeral 176 bis, respectivamente, del Código Penal para el estado de Morelos, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Shamir Acevedo Aragón, dentro de la causa penal JCC/580/2022. Inconforme con la determinación de vinculación a proceso, el defensor particular del imputado Shamir Acevedo Aragón, en fecha diez de agosto de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación, el cual quedó radicado bajo el toca penal 5/2023-CO6, del índice de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, mismo que fue admitido el once de abril de dos mil veintitrés. El diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la Sala responsable resolvió el recurso interpuesto y confirmó la resolución de vinculación a proceso en la que se reclasificó el delito de posesión de vehículo automotor de procedencia ilícita a robo de vehículo automotor, dictada en audiencia pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, dentro de la causa penal JCC/580/2022, que se instruyó en contra de Shamir Acevedo Aragón, por los hechos delictivos de daño culposo, lesiones culposas y robo de vehículo automotor, cometido el primero en agravio de José Guadalupe Zavala Méndez, el segundo en perjuicio de Gabriela Zavala Méndez y el tercero en agravio de Margarita Zavala Pineda. Determinación que resulta el acto reclamado en el presente juicio. Calificación de conceptos de violación. Ahora bien, a juicio de este órgano de control constitucional, son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que se actualiza una violación procesal que causó un agravio a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que no se respetó el principio de contradicción en la audiencia de vinculación a proceso, lo que implicó una transgresión a los requisitos procesales que deben cumplirse, en específico el de haberse brindado oportunidad a la persona imputada de declarar en la reclasificación del delito. Ahora, como se desprende del artículo 6° del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de contradicción exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Dicho principio es la esencia del modelo adversarial, pues es inherente a la idea de dualidad de posiciones de las partes en la contienda procesal, y consagra la posibilidad real de conocimiento por el órgano enjuiciador, en condiciones de igualdad. Asimismo, es concomitante con el derecho de defensa, el cual es fundamental en la práctica de la prueba, al permitirle a la defensa refutar los elementos que allegue el Ministerio Público al proceso, según la etapa procesal correspondiente. A su vez, encuentra relación con el derecho de audiencia, el cual contiene el postulado: "Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio". En ese sentido, vemos que el principio de contradicción funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado, garantiza el derecho de las partes a concurrir al proceso en igualdad de armas y, por otra, permite al juzgador apreciar de forma clara los elementos de pruebas y los argumentos que, de forma oral, exponen las partes. Sobre esto cobra especial importancia la función del Juez, en virtud de que él es el encargado de garantizar el cumplimiento de dicho principio, dado que el procedimiento probatorio se distingue principalmente por el debate contradictorio suscitado entre las partes. Así, es claro que el principio de contradicción, al igual que la oralidad y la inmediación, vienen a ser las notas distintivas que, de alguna manera, configuran el sistema acusatorio, pues a través de ellos es posible la interacción real de los sujetos procesales, no sólo en la etapa de juicio, sino en las diversas etapas del proceso. Ahora bien, tal y como lo refirió la Sala responsable en la resolución reclamada, el Juez de control al dictar auto de vinculación a proceso está facultado para realizar una modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, de conformidad con la interpretación del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". -Lo resaltado es propio- Debido a que, en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate. En efecto, es fundamental la potestad dada al Juez de Control para que, en el auto de vinculación a proceso, otorgue una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo propuesto por el Ministerio Público al formular imputación, pues su ejercicio produce certeza y congruencia entre los hechos atribuidos y la descripción típica. No hacerlo implicaría que se siga un proceso únicamente por la clasificación jurídica designada por el representante social, lo cual iría en detrimento del sistema, de los derechos de la víctima y de la sociedad en general, pues de resultar incongruente, generaría situaciones de impunidad al no poder encuadrar plenamente las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. Por tanto, la potestad conferida al Juez de Control para modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, sólo está sujeta a que no se varíen los hechos expresados por el Ministerio Público al formular imputación, y se garantice el derecho de defensa del imputado. Luego entonces, el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación; sin embargo, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa, tal y como lo establece el artículo 316, penúltimo, párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcrito en líneas que anteceden. En ese sentido, el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento de las partes. Por su parte, el artículo 398 del código antes citado, refiere que en la reclasificación jurídica, tanto en el alegato de apertura, como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate. En función de lo anterior, resulta pertinente hacer hincapié en el significado de la palabra clasificar y reclasificar; por su parte, en el contexto de derecho penal, clasificar -como acto procesal- es el encuadramiento de determinados acontecimientos fácticos en la descripción típica empleada por el código penal respectivo. Dicha función, de origen corresponde al Ministerio Público, pues es éste quien de acuerdo a los datos que arroje la investigación, propondrá al Juez la clasificación jurídica que considere correcta, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ser cambiada a propuesta del Ministerio Público, o por el propio juzgador. En ese sentido, si durante el proceso el Ministerio ya propuso una clasificación jurídica, existe la posibilidad de que en fases procesales posteriores los acontecimientos fácticos puedan encuadrarse en un supuesto jurídico distinto. En el caso, nos referiremos específicamente a la modificación de la clasificación del hecho materia de la imputación realizada por el Juez de Control al dictar auto de vinculación a proceso. Como ya se indicó, la facultad de clasificar compete al Ministerio Público, quien generalmente se ocupa de proponer al juzgador los encuadramientos legales que a su juicio se actualizan. Esta determinación -al formular imputación- es de carácter eminentemente preliminar, según se advierte del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." Como razonamiento de lo anterior, debe precisarse que si el juzgador (dependiendo de la fase procesal) ya intervino y modificó la clasificación preliminar del Ministerio Público, y posteriormente se propone su modificación, entonces ya hablaríamos de reclasificación. Dicho de otro modo, la reclasificación tiene lugar cuando el juzgador ya modificó la clasificación preliminar propuesta por el órgano ministerial y, posteriormente, en uso de su potestad, resuelve modificarla. De este modo, en el auto de vinculación a proceso la función del juzgador estriba en clasificar o modificar la propuesta preliminar del Ministerio Público. La redacción actual del artículo 19 constitucional, revela claramente la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Tales consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 1ª/J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, cuyo título establece: "auto de vinculación a proceso. para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable (nuevo sistema de justicia penal)." De acuerdo a lo anterior, debe entenderse que cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el código penal respectivo, mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica. Todo lo anterior, permite establecer que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, lo que puede modificarse o reclasificarse (según la denominación otorgada por el legislador) es la calificación del hecho delictivo y no las circunstancias fácticas que lo motivaron. Expuesto tal escenario, procede analizar el contenido del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Análisis del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación). Como se indicó anteriormente, la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso, se encuentra prevista en el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que, aunque ya fue previamente transcrito, resulta ilustrativo traerlo a colación con la finalidad de brindar un mayor entendimiento. Dicho precepto, en su parte conducente, establece: "... Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: ... El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa ..." (Lo resaltado es propio). La modificación a que alude la porción normativa de referencia, tiene cabida en la etapa de investigación complementaria, la cual inicia con la formulación de imputación y concluye con el auto que decreta el cierre de la misma. El plazo para el cierre de dicha etapa es fijado por el Juez de Control al dictar auto de vinculación a proceso. Así, encontramos que en el iter de la investigación complementaria el Juez de Control resuelve la situación jurídica del imputado, pues decide si éste habrá de ser vinculado a proceso o no. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, determinó que el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. De esta guisa, el auto de vinculación a proceso constituye el acto procesal por virtud del cual el Juez de Control fija la litis del proceso penal, y en él establece de manera clara y precisa el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso. Lo anterior, encuentra sustento en el párrafo quinto del artículo 19 constitucional, el cual establece: "... Artículo 19. ... Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente..." En el contexto expuesto, a juicio de este juzgador, la actuación del Juez prevista en el artículo que nos ocupa, es contraria al principio de contradicción que rige el sistema acusatorio, en atención a lo siguiente: Si bien, es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate, sin embargo, para llevar a cabo la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, es transcendental que se respete el derecho de defensa del imputado, mismo que fue violado al no dársele la intervención para efectos de su defensa. Debido a que tanto de la resolución reclamada en su versión escrita y oral, el Juez de control al momento de realizar la reclasificación del delito de posesión de vehículo automotor de procedencia ilícita a robo de vehículo automotor, no le dio la participación al imputado, a fin de hacer valer su derecho de defensa, esto es, el de réplica y contrarréplica de los argumentos vertidos. Lo anterior, es concomitante con el principio de contradicción, el cual exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de modo que, al reclasificar el delito el Juez de control debió haber brindado oportunidad a la persona imputada para declarar, lo cual irroga perjuicio a los acontecimientos fácticos colocados en el supuesto jurídico hipotético distinto, pues en ese momento pudo hacer frente a la imputación que pesaba en su contra, por cuanto al delito reclasificado. Por otro lado, el ejercicio de la potestad conferida al Juez de Control -al dictar auto de vinculación a proceso- para otorgar una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo materia de la imputación, no conlleva la realización de funciones de acusación, pues la vertiente que impone la distribución de funciones establece que la función de investigar y de formular la acusación le pertenece al Ministerio Público; la actividad de defensa atañe al imputado y a su defensor; en tanto que la de juzgar le corresponde al Juez o tribunal de enjuiciamiento. Es por esta razón que, si bien, se formula imputación por determinado hecho delictivo, cabe la posibilidad de que al dictar auto de vinculación a proceso se le otorgue una clasificación jurídica distinta por el que técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen los hechos y se garantice el derecho de defensa del imputado, lo que no aconteció en el caso a estudio en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4° P.1 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2021809, de rubro siguiente: "RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO." Asimismo, sirve de sustento la tesis I.9° P.265 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2021498, de rubro siguiente: "RECLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN MINISTERIAL. ANTES DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO, EL JUEZ DE CONTROL DEBE PERMITIRLE EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA RESPECTO A ÉSTA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 316, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." Ante tal violación procesal, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se detallarán en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos del amparo. La Sala responsable, dentro de los diez días siguientes al en que cause ejecutoria la presente sentencia deberá: ? Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal 5/2023-CO6; y ? Emitir una nueva resolución en la que revoque el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal JCC/580/2022 e instruya al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Cuautla, Morelos, para que cite a las partes a una audiencia, en la que dé participación al imputado, a fin de hacer valer su derecho de defensa, esto es, el de réplica y contrarréplica de los argumentos vertidos por el juzgador respecto a la reclasificación del delito; y, en su caso, el derecho que tiene de solicitar la ampliación del plazo para resolver sobre la vinculación a proceso; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolver lo que conforme a derecho corresponda. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Shamir Acevedo Aragón, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación; al respecto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable de mérito a las personas que cita. Por último, anunciada la causal de improcedencia que precisa la que podrá ser considerada en su momento procesal oportuna. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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