Shaili Fuster Gómez

Expediente 1813/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1813/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Shaili Fuster Gómez
  • SHAILI FUSTER GÓMEZ y Otros.
  • Nerelys González Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; ocho de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, así como que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; en el que, por una parte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto del quejoso ********************, y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, respecto de las quejosas ********************. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Por lo que, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.........Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y advirtiéndose que a la fecha el directo quejoso Miguel Serrano Espinosa, no ratificó la demanda promovida en su favor, esto a pesar de haber sido requerido para tales efectos en la diligencia de cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que expresó no ratificar en ese momento pues lo consultaría con su abogado, sin que a la fecha haya presentado escrito alguno al respecto, por tanto, se colige que feneció el término de tres días otorgado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós; emitido en el juicio 987/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, por lo que hace al quejoso Miguel Serrano Espinosa. Sin que pase inadvertido -como hecho notorio- que el citado quejoso promovió diverso juicio de amparo, el cual correspondió conocer de manera inicial al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco con sede en esta ciudad, siendo registrado con el número 1800/2022; mismo que por auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, el citado Juzgado Sexto ordenó remitir dicho juicio a este Juzgado Quinto de Distrito, en razón del previo conocimiento del juicio de amparo 1813/2022. Derivado de lo anterior, el referido juicio materia del previo conocimiento fue radicado en este Juzgado con el número 1892/2022-VII, en el que se advierte que Miguel Serrano Espinosa sí ratificó la demanda de amparo presentada en su favor; de tal manera que lo anterior demuestra que éste optó por ratificar la demanda contenida en el juicio de amparo 1892/2022-VII y no la por lo que se refiere a la demanda de este juicio 1813/2022; lo que además, resultaría improcedente, por no poderse tramitar dos juicios por los mismos actos y mismas autoridades responsables, sin que pase por desapercibido que la autoridad responsable también allegó la constancia de salida provisional de la Estación Migratoria, sujetándolos al control de firma de forma semanal y el acta de Hechos de Evasión de Control Migratorio del quejoso. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, del análisis que se realiza de forma integral a la demanda de amparo y de los expedientes administrativos remitidos por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual informó que las quejosas Shaili Fuster Gómez y Nerelys González Herrera promovieron diverso juicio de amparo 1800/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, y que con motivo de lo anterior en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, les concedió la salida provisional de la Estación Migratoria, sujetándolas al control de firma de forma semanal. Que las referidas quejosas no se presentaron al control de firmas, que por tal motivo levantó Acta de Hechos de Evasión de Control Migratorio de las quejosas Shaili Fuster Gómez y, Nerelys González Herrera. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Con base en lo anterior, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, por lo que se refiere a las quejosas Shaili Fuster Gómez y Nerelys González Herrera, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención con fines de deportación de las quejosas Shaili Fuster Gómez y Nerelys González Herrera. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de las citadas quejosas y el veintiocho de octubre siguiente, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido sus procedimientos administrativos migratorios iniciado a las mismas. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veintidós de octubre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de las particulares, o habiéndola irrumpido. Ello pues fueron las propias quejosas quienes incumplieron con las medidas que le fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó sin posibilidad de ser resuelto, en perjuicio de los mismos. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se han restituido a las peticionarias del amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en sus esferas jurídicas, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y el veintiocho de octubre siguiente, fueron emitidas las actas de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludidas quejosas no se presentaron al control de firma correspondiente; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que las quejosas hayan reclamado diversos actos; empero, al no haber sido reclamado por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de la libertad, no se tienen como destacados. Asimismo, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para el día de hoy a las diez horas con cincuenta y ocho minutos, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para esta data. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, informa que los quejosos promovieron diverso juicio de amparo 1800/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, y que con motivo de lo anterior en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, les concedió la salida provisional de la Estación Migratoria, sujetándolos al control de firma de forma semanal. Que los referidos quejosos no se presentaron al control de firmas, que por tal motivo levantó Acta de Hechos de Evasión de Control Migratorio. Por lo anterior, se le tiene por adjuntando copias certificadas de las documentales consistentes en los procedimientos administrativos migratorios de los quejosos Shaili Fuster Gómez, Nerelys González Herrera y Miguel Serrano Espinosa. En consecuencia, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, las documentales que anexa la referida autoridad consistente en los siguientes procedimientos administrativos: Parte Procedimientos Administrativos Miguel Serrano Espinosa INM/ORTAB/EMV/TRASLADO/PAM/3424/2022 Nerelys González Herrera INM/ORTAB/EMV/TRASLADO/PAM/3437/2022. Shaili Fuster Gómez INM/ORTAB/EMV/TRASLADO/PAM/3438/2022. Finalmente, por lo que hace a los delegados y domicilio que indica en su oficio de cuenta, estese a lo acordado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el cual se proveyó lo conducente.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se reservó proveer con relación a la admisión de la demanda de amparo respecto del quejoso Miguel Serrano Espinosa hasta en tanto el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún informará si el mencionado quejoso allegó escrito alguno en el cual ratificara la demanda de amparo promovida en su favor por Edgar Rubinardo Arguelles Barros. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el quejoso allegó ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún escrito alguno en el cual haya ratificado la demanda amparo. En ese, sentido solicítese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún que de no tener inconveniente informe si el quejoso Miguel Serrano Espinosa presentó escrito alguno en el cual manifieste si ratificó o no la demanda de amparo. Por otra parte, del contenido del informe de suspensión de plano rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, se advierte que se informó a los quejosos Shaili Fuster Gómez, Nerelys González Herrera y Miguel Serrano Espinosa que les asiste el derecho de solicitar su salida provisional de la estación migratoria una vez que haya cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración y/o condiciones que se establecieron en la suspensión de plano. Sin embargo, de las diversas documentales que acompañó la autoridad responsable no se advierte la situación actual de los quejosos Shaili Fuster Gómez, Nerelys González Herrera y Miguel Serrano Espinosa, es decir si se encuentra aún en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, si se les otorgó su pase de salida o bien solicitaron el retorno asistido a su país de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Tabasco para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente determinación remita copia certificada de las constancias con las que se acredite la situación o condición actual del quejoso, es decir, informe si se encuentra aún en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, si se le otorgó su pase de salida o bien solicito su retorno asistido a su país de origen. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y ocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

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