Shady Lucia Merida Jimenez

Expediente 61/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
61/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2018

Partes del expediente

  • Shady Lucia Merida Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III A "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías promovida por ********************, el cual se notificó personalmente a la parte quejosa el veinticinco de enero del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo... se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido... "

  2. Principal

    MESA III A "... Vista la demanda de amparo promovida por SHADY LUCIA MÉRIDA JIMÉNEZ, contra actos de la Secretaría de Economía; con sede en la Ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 61/2018. Ahora de la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en ". La omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28, Constitucional, párrafo primero y segundo, donde tiene facultades para fijar precios, la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, esto es la conducta omisiva de no fijar precios del combustible (gasolina). [.] Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.". En tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal... De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. En efecto, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, de estimar procedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, en caso de conceder la protección constitucional al quejoso, el efecto de esa decisión sería el de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, por conducto de la Secretaría de Economía, dando efectos generales a la ejecutoria, toda vez que la reparación constitucional implicaría la creación de normas, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a la autoridad señalada como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional... Luego, debe concluirse que en el juicio de amparo no es posible impugnar omisiones legislativas, debido a que con ello se darían efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General. No es obstáculo para arribar esa conclusión, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, de la Constitución General, en los párrafos segundo y tercero , establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte del Alto Tribunal; además de que se refiere a leyes emitidas por el Congreso de la Unión y no a omisiones legislativas. En efecto, de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, así como cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe informarlo a la autoridad emisora correspondiente. Posteriormente, si transcurrido el plazo de noventa días naturales no se supera el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos. En ese sentido, debe concluirse que la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley o norma con efectos generales solamente deriva de un procedimiento específico, en el que después de que se comunica a la autoridad legislativa sobre la existencia de precedentes del Alto Tribunal o de jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma y aquélla no la deja sin efectos en un plazo de noventa días naturales, el Alto Tribunal debe emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, siempre que fuere aprobada por una mayoría de ocho Ministros. Así, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales solamente debe emitirse una vez que se han actualizado las hipótesis mencionadas, sin que sea posible adoptar una decisión de esa naturaleza en un caso concreto, es decir en una sentencia dictada en un juicio de amparo, pues como se ha visto, éstas no pueden tener efectos generales. Máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas, tan es así que la comunicación que se debe emitir sobre la existencia de precedentes o de jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma, debe hacerse a la autoridad emisora para que la deje sin efectos, sin que la Constitución establezca la posibilidad de obligar a las autoridades legislativas a emitir una norma de carácter general. Por otra parte, tampoco pasa inadvertido lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos . Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. Esa interpretación guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y VII, de la Constitución, ya que si bien contempla la posibilidad de impugnar omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las omisiones que deriven de un juicio o de una autoridad administrativa, sin contemplar la posibilidad de impugnar omisiones legislativas . Por tal motivo, debe concluirse que en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es improcedente contra una omisión legislativa, ya que ello implicaría dar efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención a lo dispuesto por la citada disposición constitucional... En tales condiciones, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 de la legislación invocada en primer término, por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de garantías, por lo que respecta a las omisiones legislativas que reclama. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizada, en términos amplios a Fidel Mérida Santiago, quien si tiene registrada su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..." NOT PREVIO AVIO

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano