Sfe-Legal, Sociedad Civil
Expediente 1036/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/02/2021
Partes del expediente
- Sfe-Legal, Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. RECEPCIÓN DE OFICIO Por recibido el oficio de cuenta 24059/2020, remitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al que se adjuntan los autos originales del juicio de amparo 285/2020, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo presentada por SFE-LEGAL, SOCIEDAD CIVIL, por conducto de Santiago González Tamez, quien se ostenta como su representante legal, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Lo anterior, debido a que mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el citado órgano jurisdiccional determinó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en la Ciudad de México, al estimar que los actos reclamados por la parte quejosa, se ubican en los supuestos previstos en dicho Acuerdo. En consecuencia, fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad y regístrese bajo el número 1036/2020. DETERMINACIÓN SOBRE COMPETENCIA De la revisión a las constancias que integran el juicio de amparo que promovió xxxxxxxxxxxx, quien se ostenta como su representante legal, contra actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, el suscrito estima que no le corresponde el conocimiento integral del asunto y por ende, no se acepta la competencia planteada por el juzgado de origen, por las siguientes consideraciones. La parte quejosa señaló en su demanda de amparo como actos reclamados los siguientes: "En el presente juicio de garantías, se reclama el "Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019", en específico, los siguientes artículos: Los artículos 5-a, 23 y del 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación. Los artículos 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado." Asimismo, en el escrito aclaratorio precisó: "1. En relación con el numeral 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se manifiesta que: Por un error involuntario se señaló al referido numeral, sin embargo, el deseo de mi poderdante era referir a la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA, en ese sentido se solicita a ese H. Juzgado que cuando vea la referencia al numeral 4, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado considere que en realidad se refiere a la fracción IV del artículo 1-A de la Ley de IVA; y Por lo anterior, NO es deseo de mi poderdante reclamar el numeral 4, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 2. SE SEÑALA COMO PARTE DE LOS ACTOS RECLAMADOS DESTACADOS AL ARTÍCULO 8, segundo párrafo, fracción II DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, toda vez que, como a bien observó ese H. Juzgado, SÍ es deseo de mi poderdante reclamar el numeral referido por adolecer de vicios constitucionales; y 3. Finalmente , de igual forma SE SEÑALA COMO PARTE DE LOS ACTOS RECLAMADOS DESTACADOS LOS ARTÍCULOS 82-B Y 82-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, pues tal como lo precisa ese H. Juzgado, SÍ es deseo de mi poderdante reclamar los referidos numerales por adolecer de vicios constitucionales". En atención a dicho escrito, por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, admitió la demanda en sus términos; sin embargo, con motivo de la publicación del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, al considerar que: [.] "Por su parte, mediante Acuerdo General 2/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se controviertan disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana, incluyendo la Ley federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2020. Remisión del expediente En virtud de que en el presente asunto el acto reclamado, se encuentra en los supuestos en comento; por tanto, en estricto cumplimiento al Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda: 1. Remítase este juicio de amparo a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que por turno le corresponda, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común; por lo que cualquier gestión realizada por las partes respecto a la tramitación del presente asunto deberán ser dirigidas al órgano jurisdiccional al que se turne el mismo, con excepción de los cuadernos incidentales, en atención de que se encuentra pendiente la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de la suspensión provisional dictada el veintiocho de febrero del año en curso. [.]." En ese orden, resulta conveniente destacar que el referido Acuerdo General 2/2020, estableció que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, debe indicarse que, ante las interrogantes que surgieron con motivo de la aplicación del Acuerdo General en comento, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ha interpretado y fijado los alcances del mismo; de ahí que, en sesiones celebradas el diecisiete de marzo y diez de agosto y veintiuno de septiembre, todos del año dos mil veinte, aprobó los puntos de acuerdo 28/2020, 61/2020 y 70/2020, respectivamente, en los cuáles determinó esencialmente que los órganos jurisdiccionales auxiliares antes indicados, sólo pueden conocer de la temática siguiente: Los artículos 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV; o alguna otra disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, así como cualquier disposición relacionada con el esquema de austeridad republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es así, puesto que se consideró que la finalidad del Acuerdo General 2/2020, es prevenir un posible presentación masiva de demandas de amparo indirecto que provocara un aumento considerable en las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, en detrimento del derecho a recibir una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Por lo que se ordenó la concentración de los asuntos en los que se controvirtiera la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana. Posteriormente, a través del oficio SECNO/1203/2020, de veintiséis de agosto último -emitido en atención a diversa consulta formulada por este órgano jurisdiccional y del que se agrega impresión a los autos para constancia-, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, reiteró los temas de los que pueden conocer los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y puntualizó que, si bien el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, abarca los artículos 17-H y 17-H Bis, así como el 82-A, 82-B y subsecuentes, todos del Código Fiscal de la Federación, que establecen sanciones para el caso de incumplimiento a las obligaciones fiscales vinculadas a los "esquemas reportables", lo cierto es que éstos no forman parte de la temática regulada. De igual forma, indicó que no se pasó por alto que dentro de las fracciones del artículo 17-H Bis existen supuestos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, puesto que el reclamo debe encaminarse a los temas definidos, debiendo impugnar la fracción del referido numeral o algún otro precepto relacionado con la emisión de comprobantes fiscales referentes a operaciones inexistentes, falsas o actos simulados; por lo que se concluyó que el Acuerdo General 2/2020 no contempla las demandas o ampliaciones en las que se reclamen los artículos referidos al mecanismo "esquemas reportables". Finalmente, a través del oficio SECNO/1764/2020, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte-emitido en atención a diversa consulta formulada por este Juzgado-, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, indicó que a través del acuerdo 2/2020 se dotó de competencia a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región para conocer y resolver las demandas de amparo en las que se reclame, cualquier precepto normativo relacionado con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana, bastando para ello, el señalamiento de algún precepto que regule o haga referencia a dichos temas, con independencia de que también se hagan valer algunas normas ajenas a esos tópicos, los que por excepción también serán competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en aras de evitar que se divida la continencia de la causa. Ahora bien, considerando lo expuesto en los párrafos que preceden, resulta evidente que la demanda origen del juicio de amparo 285/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, no se ubica en los supuestos contenidos en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que los artículos que se pretenden impugnar, no son de aquellos relacionados con la temática descrita, como se observa a continuación: Artículos relacionados con el Acuerdo General 2/2020 Artículos reclamados en el escrito inicial de demanda 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV, todos del Código Fiscal de la Federación. (Relativos a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados) Artículos 5-A del Código Fiscal de la Federación. (Relativo a los actos jurídicos sin razón de negocios) Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. (Prescribe que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios) Artículo 8, segundo párrafo, fracción II, transitorio del Código Fiscal de la Federación. (constituye un beneficio del cual dispone el contribuyente, a fin de corregir aquellos datos que pudieran dar lugar a inconsistencias que pueden ser objeto de revisión por el Servicio de Administración Tributaria) Artículos 82-B y 82-D del Código Fiscal de la Federación (prevé las sanciones a que se hacen acreedores quienes cometan algunas de las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables previstas en el artículo 82-C) Título Sexto "De la revelación de esquemas reportables" Capítulo Único, Artículos 197, 198, 199, 200, 201 y 202 del Código Fiscal de la Federación (Relativos al tema de revelación de esquemas reportables generalizados y personalizados; los cuales no guardan ninguna relación con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 1-A, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. (Relativos a los contribuyentes que están obligados a efectuar la retención el impuesto que se les traslade) Como se advierte, el Consejo de la Judicatura Federal estableció sin duda alguna que en la actualidad sólo nos corresponde conocer de demandas y juicios en donde el análisis verse respecto de alguna de las disposiciones mencionadas anteriormente; no así respecto de la totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019; en específico, la modificación de los artículos 5-A, 23, 82-B, 82-D, del 197 al 202 y Octavo Transitorio, segundo párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 1-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismos que establecen lo siguiente: "Del Código Fiscal de la Federación. Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refiere la fracción IV, del artículo 46 de este Código, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV del artículo 48 de este Código o en la resolución provisional a que se refiere la fracción II el artículo 53- B de este Código, y hayan transcurrido los plazos a que se refieren los artículos anteriores, para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción. Antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución provisional a que hace referencia el párrafo anterior, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. En caso de no recibir la opinión del órgano colegiado dentro del plazo de dos meses contados a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. Las disposiciones relativas al referido órgano colegiado se darán a conocer mediante reglas de carácter general que a su efecto expida el Servicio de Administración Tributaria La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. (.) Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni aquéllos que tengan un fin específico. Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución. (.). (.) TITULO CUARTO De las Infracciones y Delitos Fiscales CAPITULO I De las infracciones (.) Artículo 82-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables previstas en el artículo 82-A, se impondrán las siguientes sanciones: I. De $50,000.00 a $20,000,000.00 en el supuesto previsto en la fracción I. II. De $15,000.00 a $20,000.00 en el supuesto previsto en la fracción II. III. De $20,000.00 a $25,000.00 en el supuesto previsto en la fracción III. IV. De $100,000.00 a $300,000.00 en el supuesto previsto en la fracción IV. V. De $25,000.00 a $30,000.00 en el supuesto previsto en la fracción V. VI. De $100,000.00 a $500,000.00 en el supuesto previsto en la fracción VI. VII. De $50,000.00 a $70,000.00 en el supuesto previsto en la fracción VII. (.) Artículo 82-D. A quien cometa las infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables previstas en el artículo 82-C, se impondrán las siguientes sanciones: I. En el supuesto previsto por la fracción I, no se aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable y se aplicará una sanción económica equivalente a una cantidad entre el 50% y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo o se esperó obtener en todos los ejercicios fiscales que involucra o involucraría la aplicación del esquema. II. De $50,000.00 a $100,000.00 en el supuesto previsto en la fracción II. III. De $100,000.00 a $350,000.00 en el supuesto previsto en la fracción III. IV. De $200,000.00 a $2,000,000.00 en el supuesto previsto en la fracción IV. (.) TITULO SEXTO De la Revelación de Esquemas Reportables CAPÍTULO ÚNICO Artículo 197. Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados a que se refiere este Capítulo al Servicio de Administración Tributaria. Se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal, y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Los asesores fiscales obligados conforme a este Capítulo, son aquéllos que se consideren residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean aquéllas realizadas por un asesor fiscal. Cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, se presume, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos. Esta presunción también será aplicable cuando un tercero que sea un residente en México o un establecimiento permanente de un residente en el extranjero en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero. Para controvertir dicha presunción, no será suficiente presentar un contrato que señale que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por dicho residente en el extranjero. En este supuesto, el establecimiento permanente, la parte relacionada o el tercero tendrán la obligación de revelar el esquema reportable. Existe la obligación de revelar un esquema reportable de conformidad con este artículo, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Si varios asesores fiscales se encuentran obligados a revelar un mismo esquema reportable, se considerará que los mismos han cumplido con la obligación señalada en este artículo, si uno de ellos revela dicho esquema a nombre y por cuenta de todos ellos. Cuando un asesor fiscal, que sea una persona física, preste servicios de asesoría fiscal a través de una persona moral, no estará obligado a revelar conforme a lo dispuesto en este Capítulo, siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal. En los casos previstos en el párrafo anterior, el asesor fiscal que revele dicho esquema deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 200 de este Código. Adicionalmente, dicho asesor deberá emitir una constancia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, a los demás asesores fiscales que sean liberados de la obligación contenida en este artículo, que indique que ha revelado el esquema reportable, a la que se deberá anexar una copia de la declaración informativa a través de la cual se reveló el esquema reportable, así como una copia del acuse de recibo de dicha declaración y el certificado donde se asigne el número de identificación del esquema. Si alguno de los asesores fiscales no recibe la referida constancia o no se encuentra de acuerdo con el contenido de la declaración informativa presentada, seguirá obligado a revelar el esquema reportable en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 201 de este Código. En caso que no se encuentre de acuerdo con el contenido de la declaración informativa presentada o desee proporcionar mayor información, podrá presentar una declaración informativa complementaria que sólo tendrá efectos para el asesor fiscal que la haya presentado, misma que se deberá presentar dentro de los 20 días siguientes a partir de la fecha en que se haya recibido dicha constancia. En caso que un esquema genere beneficios fiscales en México pero no sea reportable de conformidad con el artículo 199 de este Código o exista un impedimento legal para su revelación por parte del asesor fiscal, éste deberá expedir una constancia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, al contribuyente en la que justifique y motive las razones por las cuales lo considere no reportable o exista un impedimento para revelar, misma que se deberá entregar dentro de los cinco días siguientes al día en que se ponga a disposición del contribuyente el esquema reportable o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. La revelación de esquemas reportables de conformidad con este Capítulo no constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. Los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, en el mes de febrero de cada año, que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como su clave en el registro federal de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables. En caso que el contribuyente sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o que, teniéndolo, el esquema no esté relacionado con dicho establecimiento, se deberá incluir adicionalmente el país o jurisdicción de residencia de dicho contribuyente, así como su número de identificación fiscal, domicilio fiscal o cualquier dato para su localización. El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas de carácter general para la aplicación del presente artículo. Artículo 198. Los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables en los siguientes supuestos: I. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema reportable emitido por el Servicio de Administración Tributaria, ni le otorgue una constancia que señale que el esquema no es reportable. II. Cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente. En estos casos, cuando el contribuyente sea una persona moral, las personas físicas que sean los asesores fiscales responsables del esquema reportable que tengan acciones o participaciones en dicho contribuyente, o con los que mantenga una relación de subordinación, quedarán excluidas de la obligación de revelar siempre que se cumpla con lo dispuesto en la fracción II del artículo 200 de este Código. III. Cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal conforme al artículo 197 de este Código. IV. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, o cuando teniéndolo, las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente no sean aquéllas realizadas por un asesor fiscal conforme al artículo 197 de este Código. V. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable. VI. Cuando exista un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea este último el obligado a revelar el esquema reportable. Los contribuyentes obligados de conformidad con este artículo son los residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando sus declaraciones previstas por las disposiciones fiscales reflejen los beneficios fiscales del esquema reportable. También se encuentran obligados a revelar de conformidad con este artículo dichas personas cuando realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y dichos esquemas generen beneficios fiscales en México a estos últimos por motivo de dichas operaciones. Artículo 199. Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes características: I. Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo por la aplicación del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15 de julio de 2014, así como otras formas de intercambio de información similares. En el caso del referido Estándar, esta fracción no será aplicable en la medida que el contribuyente haya recibido documentación por parte de un intermediario que demuestre que la información ha sido revelada por dicho intermediario a la autoridad fiscal extranjera de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción incluye cuando se utilice una cuenta, producto financiero o inversión que no sea una cuenta financiera para efectos del referido Estándar o cuando se reclasifique una renta o capital en productos no sujetos a intercambio de información. II. Evite la aplicación del artículo 4-B o del Capítulo I, del Título VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. III. Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las generaron. IV. Consista en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie, a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. V. Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México, respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando dichos ingresos se encuentren gravados con una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. VI. Involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales: a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan. Se entiende por intangible difícil de valorar cuando en el momento en que se celebren las operaciones, no existan comparables fiables o las proyecciones de flujos o ingresos futuros que se prevé obtener del intangible, o las hipótesis para su valoración, son inciertas, por lo que es difícil predecir el éxito final del intangible en el momento en que se transfiere; b) Se lleven a cabo reestructuraciones empresariales, en las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos o cuando como resultado de dicha reestructuración, los contribuyentes que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reduzcan su utilidad de operación en más del 20%. Las reestructuras empresariales son a las que se refieren las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan; c) Se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio o se presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados; d) No existan comparables fiables, por ser operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos, o e) Se utilice un régimen de protección unilateral concedido en términos de una legislación extranjera de conformidad con las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas que las sustituyan. VII. Se evite constituir un establecimiento permanente en México en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México. VIII. Involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita su depreciación por otra parte relacionada. IX. Cuando involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con la fracción XXIII del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. X. Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior. XI. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan dichas pérdidas fiscales y dichas operaciones le generan una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o a una parte relacionada. XII. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140, segundo párrafo; 142, segundo párrafo de la fracción V; y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. XIII. En el que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este último. XIV. Involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquéllas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. Para efectos de este Capítulo, se considera esquema, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. No se considera un esquema, la realización de un trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Se entiende por esquemas reportables generalizados, aquéllos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma. Se entiende por esquemas reportables personalizados, aquéllos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico. El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general para la aplicación de los anteriores párrafos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante acuerdo secretarial emitirá los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto en este Capítulo. Para efectos de este Capítulo, se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5o-A de este Código. Adicionalmente, será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación de los párrafos anteriores de este artículo, en los mismos términos señalados en este Capítulo. Artículo 200. La revelación de un esquema reportable, debe incluir la siguiente información: I. Nombre, denominación o razón social, y la clave en el registro federal de contribuyentes del asesor fiscal o contribuyente que esté revelando el esquema reportable. En caso que el asesor fiscal revele el esquema reportable a nombre y por cuenta de otros asesores fiscales en términos del párrafo quinto del artículo 197 de este Código, se deberá indicar la misma información de éstos. II. En el caso de asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales que estén obligados a revelar, se deberá indicar el nombre y clave en el registro federal de contribuyentes de las personas físicas a las cuales se esté liberando de la obligación de revelar de conformidad con el párrafo quinto del artículo 197 y fracción II del artículo 198 de este Código. III. Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes para fines del procedimiento previsto en este Capítulo. IV. En el caso de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados por el asesor fiscal, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente potencialmente beneficiado por el esquema y su clave en el registro federal de contribuyentes. En caso que el contribuyente sea un residente en el extranjero que no tenga una clave en el registro federal de contribuyentes, se deberá indicar el país o jurisdicción de su residencia fiscal y constitución, así como su número de identificación fiscal y domicilio fiscal, o cualquier dato de localización. V. En el caso de esquemas reportables que deban ser revelados por el contribuyente, se deberá indicar el nombre, denominación o razón social de los asesores fiscales en caso de que existan. En caso que los asesores fiscales sean residentes en México o sean establecimientos permanentes de residentes en el extranjero, se deberá indicar su clave en el registro federal de contribuyentes y en caso de no tenerla, cualquier dato para su localización. VI. Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras aplicables. Se entiende por descripción detallada, cada una de las etapas que integran el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. VII. Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado. VIII. Indicar el nombre, denominación o razón social, clave en el registro federal de contribuyentes y cualquier otra información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado. Adicionalmente, indicar cuáles de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos dos años de calendario, o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o enajenado en el mismo periodo. IX. Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema. X. En el caso de los esquemas reportables a los que se refiere la fracción I del artículo 199 de este Código, adicionalmente se deberá revelar la información fiscal o financiera que no sea objeto de intercambio de información en virtud del esquema reportable. XI. En caso de las declaraciones informativas complementarias a las que se refiere el párrafo sexto del artículo 197 de este Código, indicar el número de identificación del esquema reportable que haya sido revelado por otro asesor fiscal y la información que considere pertinente para corregir o complementar la declaración informativa presentada. XII. Cualquier otra información que el asesor fiscal o contribuyente consideren relevante para fines de su revisión. XIII. Cualquier otra información adicional que se solicite en los términos del artículo 201 de este Código. Adicionalmente, en el caso de los mecanismos que sean reportables conforme al último párrafo del artículo 199 de este Código, se deberá revelar el mecanismo a través del cual se evitó la referida aplicación, además de la información sobre el esquema que proporciona beneficios fiscales en México conforme a lo dispuesto en este artículo. Artículo 201. La revelación de un esquema reportable en términos de este Capítulo, no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades fiscales. La información presentada en términos de este Título y que sea estrictamente indispensable para el funcionamiento del esquema, en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible comisión de los delitos previstos en este Código, salvo tratándose de los delitos previstos en los artículos 113 y 113 Bis de este Código. La información obtenida de conformidad con este Capítulo deberá tratarse en los términos del artículo 69 de este Código. La revelación de dichos esquemas se realizará a través de una declaración informativa que se presentará por medio de los mecanismos que disponga el Servicio de Administración Tributaria para tal efecto. Los esquemas reportables generalizados deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización. Se entiende que se realiza el primer contacto para su comercialización, cuando se toman las medidas necesarias para que terceros conozcan la existencia del esquema. Los esquemas reportables personalizados deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté disponible para el contribuyente para su implementación, o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. Los asesores fiscales y contribuyentes obligados a revelar los esquemas reportables, podrán hacerlo desde el momento que haya finalizado su diseño. El Servicio de Administración Tributaria otorgará al asesor fiscal o contribuyente obligado a revelar, un número de identificación por cada uno de los esquemas reportables revelados. El Servicio de Administración Tributaria emitirá una copia de la declaración informativa a través de la cual se reveló el esquema reportable, un acuse de recibo de dicha declaración, así como un certificado donde se asigne el número de identificación del esquema. La autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes, quienes deberán presentar dicha información o una manifestación bajo protesta de decir verdad que señale que no se encuentran en posesión de la misma, en un plazo máximo de 30 días a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del requerimiento de información adicional. Si no se atiende dicho requerimiento, se hace de forma incompleta o extemporánea, procederá la sanción correspondiente conforme a este Código. Artículo 202. El asesor fiscal que haya revelado un esquema reportable se encuentra obligado a proporcionar el número de identificación del mismo, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, a cada uno de los contribuyentes que tengan la intención de implementar dicho esquema. Los contribuyentes que implementen un esquema reportable se encuentran obligados a incluir el número de identificación del mismo en su declaración anual correspondiente al ejercicio en el cual se llevó a cabo el primer hecho o acto jurídico para la implementación del esquema reportable y en los ejercicios fiscales subsecuentes cuando el esquema continúe surtiendo efectos fiscales. Lo anterior es aplicable con independencia de la forma en que se haya obtenido el referido número de identificación. Adicionalmente, el contribuyente y el asesor fiscal deberán informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier modificación a la información reportada de conformidad con el artículo 200 de este Código, realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable, dentro de los 20 días siguientes a dicha modificación. En caso que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación de conformidad con la fracción XI del artículo 42 de este Código, los asesores fiscales estarán obligados a proporcionar la documentación e información que soporte que han cumplido con las disposiciones de este Capítulo." "De la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: (.) IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. (.) TRANSITORIOS (.) Artículo Octavo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: I. (.) II. Los plazos previstos para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación, empezarán a computarse a partir del 1 de enero de 2021. Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del año 2020, o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. En este último supuesto los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar. Para los efectos del artículo 25, fracción I de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, la información correspondiente al último trimestre del ejercicio, se deberá presentar a más tardar el último día del mes de febrero de 2020, en los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general." Lo anterior, toda vez que de los artículos 5-A, 23, 82-B, 82-D, del 197 al 202 y Octavo Transitorio, segundo párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 1-A, fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que tratan de temas que no guardan ninguna relación con la EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES QUE AMPAREN OPERACIONES INEXISTENTES, FALSAS O ACTOS JURÍDICOS SIMULADOS, cuestión que se corrobora con los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Por tanto, este órgano de control constitucional no acepta la competencia declinada respecto del juicio de amparo indirecto 285/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por SFE-LEGAL, SOCIEDAD CIVIL, por conducto de Santiago González Tamez, quien se ostenta como su representante legal, contra actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Devuélvanse los autos del indicado expediente y sus anexos, al órgano jurisdiccional de origen para los efectos legales a que haya lugar; y, solicítesele de manera atenta el acuse de recibo correspondiente e informe lo que haya tenido a bien determinar. Aunado a lo anterior, comuníquese la presente determinación al juzgado de origen vía interconexión, conforme a lo previsto por los artículos 3, 4, 6 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas, para su conocimiento y efectos legales procedentes; en el entendido que, los autos cuya devolución se ordena, serán remitidos a través del servicio de mensajería acelerada Estafeta. Fórmese expedientillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE); y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas empleadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, se hace del conocimiento que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.
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