Severo Neri Valdez

Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
624/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • (Autoridad Inexistente) Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero
  • Severo Neri Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que el termino concedido a la parte quejosa mediante auto de cuatro del mes y año que transcurren, ha fenecido; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por inexistente a la autoridad responsable señalada en la demanda de amparo con la denominación LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, para los efectos del presente asunto, suspendiéndose toda comunicación con la misma. De igual forma, en virtud de que no señaló como nueva autoridad responsable a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, se le tiene por perdido ese derecho; por tanto, continúese con el trámite del presente asunto en la forma inicialmente planteada. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como sus delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el de su residencia oficial en términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley. Ahora bien, de dicho informe justificado se aprecia que le citada presidenta informa que la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, concluyó el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, comenzando la LXIII Legislatura a partir del uno de septiembre del citado año; por tanto ya no existe. En consecuencia, previo a tener por inexistente a las citada autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente auto, corrija, aclare o pruebe la denominación de la mencionada autoridad responsable, o en su caso, deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridad responsable a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. Se le apercibe que de omitir corregir o aclarar la denominación de la autoridad que designe como responsable o no pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, o señalar como nueva autoridad responsable a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, dentro del lapso indicado, en cuanto a lo primero, se le sancionará declarándola inexistente y en su caso por cuanto a lo segundo, se continuará con el trámite del asunto en la forma planteada en el escrito de demanda. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la parte quejosa esté en condiciones de subsanar o corregir la denominación correcta de la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h, Décima época, con número de registro 2021029, de rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual envía copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativa 36/2021, interpuesta por Severo Neri Valdez y otros, en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el sumario constitucional en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.. Hágase saber a la parte quejosa que el tribunal de alzada resolvió bajo los siguientes puntos: ÚNICO. Es fundado el recurso de queja. Consecuentemente a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin que haya lugar a decretar de plano la suspensión del acto reclamado como lo solicitan los quejosos, toda vez que no se ubican en las hipótesis previstas en el artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa disponen "ARTÍCULO 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente procede tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En tanto que en la especie, en esencia el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de consultarlos de manera previa, adecuada, informada y de buena fe respecto a la reforma que se está efectuando actualmente a la Constitución Política del Estado de Guerrero, en materia indígena; lo que evidencia que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. En relación con la celebración de la audiencia constitucional, a fin de privilegiar la salud del personal y de los justiciables, se hace la precisión que si bien, conforme al numeral 124 de la Ley de Amparo, las audiencias son públicas, éstas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes; de ahí que pueden llevarse a cabo aún sin su asistencia. En este tenor, se invita a las partes para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto; no obstante lo anterior, si es su deseo comparecer, deberán solicitarlo expresamente a efecto de proveer lo conducente y ordenar su preparación vía remota. Para ello, se estará a las reglas contenidas en diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Lo anterior, en razón de que el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el tres de agosto de dos mil veinte, reformado mediante los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, únicamente en cuanto su vigencia, privilegia el trabajo a distancia, con el fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma. Se les apercibe que de no manifestar expresamente su deseo de asistir a la celebración de la audiencia de mérito, una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, ésta se llevará a cabo sin su asistencia. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Se le apercibe que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Se le informa que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, está obligada a informar de inmediato a éste órgano jurisdiccional, cuando tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberá comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informe a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que anexan a su escrito de demanda, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b, del artículo 26 de la ley de la materia. En términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado únicamente en cuanto a su vigencia por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 6/2021 y 9/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, como son un correo electrónico o teléfono móvil; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este proveído, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del mencionado Acuerdo General 21/2020. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.

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