Severino Loaiza González

Expediente 1123/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1123/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Severino Loaiza González
  • Severino Loaiza González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de seis de septiembre del año actual, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquél auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto, al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a su escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve, presentado ante la oficialía de partes de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el cinco del mismo mes y año. Sin embargo, de la constancia que en copia certificada remitió la Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán, en apoyo a su informe justificado, a la que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio DIF/PRODEMEFA/DIR.4586/2019 de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio respuesta al escrito de la parte quejosa, comunicándole que dicha autoridad carece de competencia para otorgarles el cuidado material de su nieta, debido a que se encuentra a disposición del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; oficio que le fue notificado a la parte quejosa el veintiséis de agosto del año que transcurre; esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto omisivo reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Sin que sea el caso dar oportunidad a la parte quejosa para ampliar la demanda respecto del oficio antes citado emitido en respuesta a su solicitud, toda vez que del oficio DIF/PRODEMEFA/DIR.4794/2019 de tres de los corrientes, remitido por la Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán, se advierte que la parte quejosa ya promovió un diverso juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en esta Entidad, en contra del oficio emitido en respuesta a su solicitud, mismo que ya fue admitido y registrado bajo el número 1167/2019-III. Por último, no ha lugar a decretar la acumulación de los juicios 1166/2019-II y 1167/2019-III del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, al presente juicio de amparo, tal como lo solicitó en su oficio DIF/PRODEMEFA/DIR.4794/2019 la Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán, en virtud de lo acordado en el presente proveído. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio DIF/PRODEMEFA/DIR.4794/2019 suscrito por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relativas a diversos juicios de amparo promovidos ante el Juzgado Cuarto de Distrito por la aquí quejosa y solicita se ordene la acumulación de los mismos al presente juicio de amparo; por tanto, a fin de estar en condiciones de proveer lo que legalmente corresponda, se reserva el oficio de mérito hasta en tanto la autoridad señalada como responsable en este asunto rinde su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que el licenciado Willian Leonel Cachón Rosales, ya tomó protesta como representante especial de la menor de iniciales ********************, según acta de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; y dado que obra glosado el escrito signado por el nombrado asesor jurídico presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el que señala autorizados, domicilio y solicita se le permita, tanto a él como a las personas que designó como sus autorizados, acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, por lo cual proporciona los nombres de usuario correspondientes. Por tanto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en las Oficinas de la Asesoría Jurídica en Mérida, Yucatán, del Poder Judicial de la Federación; asimismo, ténganse a Addy Patricia Sabido Baquedano y a Erik Jiménez Contreras, como autorizados en los términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los restantes en términos del segundo párrafo del citado artículo, como lo solicita el Asesor Jurídico Federal expresamente en el escrito de cuenta. De igual forma, como lo solicita el nombrado asesor jurídico, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza al promovente y las personas que señala, el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto. Lo anterior, en virtud de que el referido representante especial proporciona a este órgano jurisdiccional su clave de usuario y las de sus autorizados con las que afirma se encuentran registrados. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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