Severina Selena Marie Cahue
Expediente 1372/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Severina Selena Marie Cahue
- Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. 3. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, rindiendo su informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes. 3.1. Pruebas documentales y se forman tomos. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable referida ofertando como prueba de su parte las documentales adjuntas a su informe, con las cuales se ordena formar cuatro tomos de pruebas para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I, Tomo II, Tomo III y Tomo IV. 4. Tercera interesada. En consecuencia, del análisis de las constancias que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercera interesada a Nora González Tapia, albacea definitiva de la sucesión a bienes de José Cahue Pantoja, quien puede ser emplazada en el domicilio ubicado en calle Lomas de la Maestranza Oriente, número trescientos veintidós, fraccionamiento Lomas de la Mestranza, en esta ciudad. En consecuencia, el actuario adscrito a este juzgado deberá constituirse en el citado domicilio procesal de la referida tercera interesada, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento en cuestión, mismo que deberá realizar conforme a los siguientes lineamientos: a. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a), y III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, deberá buscar a la tercera interesada, en el domicilio antes indicado, cerciorándose de su identidad, entregándole las copias de traslado relativas. De negarse a recibir la notificación, deberá asentarlo en autos y tener por hecha la notificación. b. Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, si en el referido domicilio procesal no encuentra a la parte tercera interesada, dejará constancia de que es el domicilio buscado y dejará citatorio para que, dentro del término de dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Dicho citatorio deberá dejarlo con las personas que lo atiendan. Si no acude a notificarse, deberá hacerse por lista la notificación y por lista en una página electrónica. c. Con sustento en el artículo 27, fracción I, inciso c), si el actuario encuentra cerrado el domicilio y nadie acude a su llamado, debe asentar que es el domicilio buscado y fijar aviso en la puerta, a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda a notificarse; y, no haciéndolo, la notificación se hará por lista y en una lista en página electrónica. d. Toda manifestación que reciba el notificador, en el sentido de que la tercera interesada no vive en el domicilio, no habita o que no trabaja en él, no será obstáculo para llevar a cabo la notificación. Tampoco lo será el que reciba información en el sentido de que ya no se lleva su representación legal en ese lugar o que no se le conoce. Ello, pues en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación encomendada deberá efectuarse en el domicilio procesal que se haya señalado en el juicio de origen; por lo que resulta irrelevante que ahí no viva, trabaje o habite la persona buscada, menos aún que ya no se lleve en ese lugar su representación legal o que haya dejado de ser domicilio de su parte para recibir notificaciones, pues lo que se sigue de una interpretación finalista del precepto en cuestión, es que se emplace en el domicilio que se haya señalado en autos de la controversia natural, debiéndose entender que para los efectos concomitantes fue designado por la interesada, siendo, entonces, en su perjuicio, el que no informe al órgano jurisdiccional oportunamente su revocación y el señalamiento de uno nuevo. En la inteligencia de que además deberá requerirla para que al momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, proporcione domicilio en Morelia, Michoacán donde recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberá de informarle la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. 5. Diferimiento anticipado. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista para las nueve horas del ocho de diciembre de dos mil veintitrés; y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese, emplácese a la tercera interesada y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA Y NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓNES DE VEINTITRÉS Y SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Patricia Cahue Pantoja, apoderada jurídica de Severina Selena Marie Cahue y Merriah Rose Lynn Cahue -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con el poder notarial que anexa-, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial de Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1372/2023. 2. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado., Se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban el informe justificado. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, no así la diversa 8. Copias certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias certificadas del presente auto. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 9. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López. Y Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Patricia Cahue Pantoja, apoderada jurídica de Severina Selena Marie Cahue y Merriah Rose Lynn Cahue -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con el poder notarial que anexa-, contra actos del Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial de Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1372/2023. 2. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 6. Tercero interesado., Se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban el informe justificado. 7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, no así la diversa. 8. Copias certificadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de un tanto de las copias certificadas del presente auto. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 9. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado acusa recibo y admite queja contra suspensión provisional. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa el recibo correspondiente y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra de la suspensión provisional, dando origen al expediente ********************/2023 y que el mismo fue turnado para resolución; lo que se asienta para constancia y efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Incidental
CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO Se da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Téngase por hecha la relación de las constancias y del informe previo rendido por la autoridad responsable señalada. PRUEBAS Se da cuenta que la parte quejosa ofreció pruebas documentales. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas ALEGATOS Se da cuenta que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. QUEJA CONTRA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Se da cuenta con un escrito registrado con el folio 17355, signado por Ricardo Villagómez Villafuerte, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra la suspensión provisional dictada en autos. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, dese trámite a dicho recurso. Asimismo, de conformidad con el numeral 101 de la referida legislación, ríndase el informe correspondiente. Distribución de agravios. Distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Enviar de inmediato. Ahora, atendiendo a la inmediatez con la cual debe substanciarse el recurso de queja de carácter urgente, por ser interpuesto en contra de una medida cautelar que busca la protección de derechos humanos, como en el caso lo es la determinación relativa a la suspensión provisional, remítase de manera inmediata copia certificada de los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1372/2023, así como el escrito original de expresión de agravios y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en el entendido de que, una vez que se cuente con las notificaciones correspondientes del presente proveído, se remitirán al tribunal de alzada. Tiene aplicación la Jurisprudencia, con registro 2025397, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2096. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente resolución: RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA VISTOS y RESULTANDOS: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, ********************, apoderada jurídica de ******************** y ********************, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de llamamiento al Juicio Sucesorio Intestamentario ********************, a bienes de ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial de Michoacán. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita que se le otorgue la presente medida, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y con ello se suspenda el juicio reponiendo el procedimiento para tomar en consideración a las peticionarias de amparo, hasta en tanto esta autoridad federal resuelva constitucionalmente. Lo anterior, no es viable en atención a las siguientes consideraciones. QUINTO. Improcedencia de la suspensión. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado. La naturaleza del acto reclamado. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Ahora bien, el primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que al tratarse de la suspensión definitiva, se tiene por acreditada la existencia del acto con base en lo manifestado por la autoridad responsable en el informe previo, así como con las manifestaciones que la parte quejosa formuló, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo. Luego, se exige que el acto reclamado acorde a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, extremo que no se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa reclama la falta de llamamiento al Juicio Sucesorio Intestamentario ********************, a bienes de ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial de Michoacán, ya que dicha abstención implica un acto de naturaleza omisiva, en contra del cual es improcedente conceder la suspensión, pues de no considerarlo de esa forma, se podría agotar la materia del reclamo constitucional, contraviniendo lo establecido por el numeral 147 de la Ley de Amparo. Así se concluye, que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto constituye una institución de gran trascendencia que tiene por objeto conservar la materia del juicio y evitar en lo posible al quejoso perjuicios de imposible reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver el juicio principal; sin embargo, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de conceder la suspensión, entre otros requisitos, debe atenderse en cada caso a la naturaleza de los actos reclamados para dilucidar si son o no susceptibles de ser suspendidos. De modo que aquellos actos que implican una abstención por parte de la autoridad responsable, no admiten la suspensión porque de concederse dicha medida cautelar, se estarían dando efectos constitutivos de derechos, que son propios del análisis del fondo del asunto, esto es, del juicio de amparo en lo principal. En virtud de lo anterior, al no encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, procede negar la medida cautelar solicitada. No pasa inadvertido para este juzgador, lo establecido en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el cual se dispone que de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio principal; sin embargo, en el caso que nos ocupa no es dable aplicar tal principio, pues atendiendo a la naturaleza de la negativa impugnada, considerar lo contrario, como se dejó asentado en el párrafo que antecede, resolvería la materia del juicio principal, contraviniendo lo dispuesto en el diverso numeral 1° de la ley en la materia, que estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto solucionar toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Además de lo anterior, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 338/2022, estableció que es procedente conceder la suspensión con efectos restitutorios cuando en la eventualidad de que resuelva en forma adversa a la parte quejosa, pueda retrotraerse los efectos de la suspensión. Lo anterior encuentra soporte en la siguiente jurisprudencia: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por tanto, lo concerniente es negar la suspensión definitiva solicitada; lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria que se dicte en el presente juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ******************** y ********************, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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