Severiano Sosa Guzman

Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
111/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Severiano Sosa Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como del contenido de la certificación supraindicada, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, en contra del auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. ... se determina que es procedente la destrucción de este cuaderno, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero, del mismo ordenamiento, al haberse desechado la solicitud de garantías, por lo que se considera sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Osvaldo Álvarez Crisóforo, quien se ostenta como asesor particular de los denunciantes Severiano y Ángela Alfonsina de apellidos Sosa Guzmán, contra actos del Ministerio Público de Unidad de Atención Integral 1 del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 111/2021-I. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de lo que cobra singular relevancia precisar que, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor evidencia, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Aunado a ello, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En suma, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de modo tal que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. ...Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento, puesto que el promovente señala como autoridades responsables al Ministerio Público de Unidad de Atención Integral 1, del Distrito Judicial de Abasolo y Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ambos con sede en Ometepec, Guerrero, y como actos reclamados los que a continuación se transcriben: "A) Del Ministerio Público de Unidad de Atención Integral 1, del Distrito Judicial de Abasolo, le reclamo: 1. La omisión y negativa de investigar respecto la denuncia presentada por los denunciantes Cc. Severiano y Ángela Alfonsina de apellidos Sosa Guzmán, por los delitos de daños a la propiedad, despojo de bienes inmuebles y robo a casa habitación, el cual se encuentra radicado bajo número de carpeta de investigación número 12160670500557251119. 2. La omisión y negativa de dictar las medidas de protección y aseguramiento a favor de los Cc. Severiano y Ángela Alfonsina de apellidos Sosa Guzmán, en calidad de víctimas, solicitadas en párrafos primero, segundo y tercero del apartado denominado pretensión que se deduce, marcados en fojas 7 del escrito inicial de la denuncia, presentada el veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve. 3. La omisión y negativa de acordar el escrito firmado por el suscrito, el 9 de diciembre del año dos mil veinte, con la misma fecha de recepción, mediante el cual y por segunda ocasión se le requiera a la Coordinación Regional de la Policía Ministerial de Ometepec, Guerrero, para que este realizara las indagatorias correspondientes respecto los hechos relacionados con la carpeta de investigación número 12160670500557251119. B) De la Coordinación Regional de la Policía Ministerial de Ometepec, Guerrero, le reclamo: Único.- La omisión y negativa de informar respecto lo requerido por la autoridad ordenadora, mediante oficio número 5000, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado Erik Ricardo Vargas Guinto, en carácter del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral 1, del Distrito Judicial de Abasolo." Por lo que este Juzgado Federal advierte que se configura la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Así tenemos, que el artículo que prevé la causal de improcedencia materia de estudio, es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior... La referida causal de improcedencia contiene el principio de definitividad, el cual destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que estima afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. Así las cosas, se advierte que contra los actos reclamados al Ministerio Público de Unidad de Atención Integral 1 del Distrito Judicial de Abasolo y Coordinación Regional de la Policía Ministerial, ambos con sede en Ometepec, Guerrero, que hizo consistir en las omisiones de investigar la denuncia presentada, de dictar las medidas de protección y aseguramiento a favor de las víctimas, así como de acordar el escrito de nueve de diciembre de dos mil veinte, donde se solicita se requiera a la ejecutora realice las indagatorias correspondientes, dentro de la carpeta de investigación número 12160670500557251119; procede el medio de impugnación a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". Lo anterior en virtud de que en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sí existe un medio de defensa para impugnarlas, siendo el Juez de Control quien determinará la legalidad de tales determinaciones. Para sustentar lo anterior, resulta conveniente exponer la interpretación que ha realizado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resolver la contradicción de tesis 233/2017. En principio, el Alto Tribunal Superior refirió que de la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Argumentó, que de la interpretación sistemática de los preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del código citado. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. Lo anterior, porque el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Asimismo, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación.Ahora bien, no obstante que el artículo 258 del citado ordenamiento, establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Pero por certeza jurídica, precisó que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Por lo que es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, entre las que destacan dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, como que la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Por lo que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. Los criterios expuestos dieron origen a las jurisprudencias ...Atento a lo expuesto, se concluye que los actos de omisión reclamados en esta vía constitucional, dentro de la carpeta de investigación número 12160670500557251119, encuadran en los supuestos que deben ser impugnados por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicha omisión por parte de la representación social de otorgarle a los impetrantes en su calidad de víctima las medidas de protección, se trata de una inactividad de esa autoridad que acontece en la fase inicial de una investigación de un hecho delictuoso. Lo anterior es así, debido a que según se aprecia de los criterios relatados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo énfasis, en el sentido de que las determinaciones previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas a la facultad de abstención de investigar por parte del Ministerio Público, sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, no son limitantes, sino que también comprenden a todas aquellas omisiones o negligencias que cometa la autoridad ministerial en el desempeño de sus funciones de investigación, como en el caso acontece, pues de conformidad con el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social, está obligada, bajo su más estricta responsabilidad, a ordenar la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima. Por tanto, si en el presente asunto se obtiene, que los quejosos, antes de promover la acción constitucional, no interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello repercute en que se actualice la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia ... En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, del mismo ordenamiento legal invocado, por los motivos antes expuestos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona, en razón de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se le tiene indicando el correo electrónico osvaldo.sapje@gmail.com que señala, a efecto de facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, como lo solicita el promovente, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la clave de usuario "osvaldo94", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en lo subsecuente únicamente las notificaciones a la parte promovente de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, autorizando la clave de usuario mencionada; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Ahora bien, tomando en consideración que ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del covid-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos, por ello, en el acuerdo 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus Covid-19. Por tanto, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Deberán proporcionar los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. 2. Deberán obtener su firma electrónica FIREL. 3. Asimismo, registrarse como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. 4. Solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica. 5. En la medida de lo posible realizar todas sus promociones por esa vía. 6. Dado que el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido, su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo... al teléfono 744 435 1900, extensión 1151. Notifíquese personalmente

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