Severiana Ronzon Conde
Expediente 596/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Severiana Ronzon Conde
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el auto de referencia. ... archívese este asunto como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa Enríquez Veracruz; doce de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. De las constancias que integran este juicio, se advierte que: 1. Por sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil veinte (fojas 262 a 273), este órgano jurisdiccional, negó el amparo y protección de la Justicia Federal. 2. Inconforme con tal fallo Jorge Cabrera Vera, en su carácter de representante común de la parte quejosa; interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el que radicó con el número 60/2020, de su índice y en sesión ordinaria virtual celebrada el cuatro de junio de dos mil veinte, determinó revocar la sentencia dictada por este juzgado y conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados para los efectos siguientes: I. Deje insubsistente la resolución reclamada, emitido en y, II. En su lugar emita otra de manera oral, en audiencia pública, en la cual subsane el vicio formal destacado en esta ejecutoria, es decir, dé respuesta fundada y motivada al segundo agravio planteado por el asesor jurídico de los ofendidos, en la inteligencia que no podrá brindar nueva oportunidad a las partes para exponer argumentos; III. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo hacerse extensiva dicha concesión a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no habérseles reclamado por vicios propios. 3. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se recibió el testimonio correspondiente y en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad; se requirió el cumplimiento de la sentencia. 4. En auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable, informó medidas de cumplimiento, lo cual se reiteró en diverso acuerdo de catorce de octubre del año en curso, toda vez que refirió que dejó sin efecto la audiencia de cumplimiento y la reprogramó para las once horas del veintisiete de octubre de este año. 5. En veintinueve de octubre anterior, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con lo que se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, quien no desahogó la vista. Expuesto lo anterior, procede pronunciarse sobre el cumplimiento dado al fallo amparador. De las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, se advierte que el veintisiete de octubre del año en curso, se celebró una nueva audiencia en el medio de impugnación número 31/2019, de su índice, en la cual, en cumplimiento con la sentencia de amparo, con libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondía, particularmente en cuanto al análisis del segundo agravio en los términos que fueron señalados por el Tribunal Colegiado de Circuito, el juez responsable señaló: a) Que los quejosos faltaron a la verdad jurídica al ocultar información al juez de control al denunciar hechos que ya habían sido denunciados y dirimidos judicialmente por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca b) Que no le asiste razón a los quejosos al pretender tergiversar los argumentos de la fiscalía en su determinación del no ejercicio de la acción y en cambio esta última si es especifica. c) La razón por la que la fiscalía usó la figura del non bis in ídem, en donde refiere la aplicación del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. d) Que los argumentos de la fiscalía resultaban fundados y motivados, lo que trae como resultado confirmar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta 466/2018 ya que esta deriva de otra investigaciones y carpetas que ya fueron materia de estudio de un órgano jurisdiccional como lo fue la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, en el toca 67/2009, donde se confirmó el no ejercicio de la acción penal y en donde en esta resolución existieron los mismos denunciados, delitos y hechos derivados del expediente civil 734/1997 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad. e) Que los quejosos como estrategia han denunciado a las mismas personas agregando nombres y nuevos delitos para pretender denunciar hechos diversos, sin embargo se observa que se trata de los mismos. f) Que los quejosos en sus agravios únicamente hacen referencia a diversas carpetas y omiten señalar el estado jurídico de las mismas, así como las partes, los hechos, así como tampoco refieren que tales carpetas sean origen de la carpeta g) Que el término non bis in ídem, utilizado por el fiscal en la determinación de la carpeta 466/2018, en ningún momento tiene como resultado nulificar en forma parcial o absoluta el contenido de su determinación, ya que si bien es sabido que tal concepto jurídico se refiere a juicios que se ventilen ante dos instancias y también que a la fiscalía le compete el ejercicio de la acción penal, el uso que hizo el fiscal de tal término y el criterio judicial federal que invocó fue en base al respeto a un derecho humano que no solo es aplicable a los procedimientos jurisdiccionales sino también a las investigaciones ministeriales. h) Que tal principio forma parte de la progresividad de los derechos humanos en las diversas fases que componen un proceso penal y con independencia del uso que hizo el fiscal de ese término jurídico se demostraba el no ejercicio de la acción penal porque estaba demostrado que los hechos fueron materia de estudio y dirimidos por la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado. Lo que lleva a este juzgado a estimar que con tales argumentos, el juez responsable dio cumplimiento al fallo protector pues dio contestación al segundo de los agravios expuesto por los quejosos, lo que hizo con la libertad de jurisdicción que el fallo le concedió. En las relatadas circunstancias, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó al quejoso en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. No obstante lo anterior, toda vez que con fecha once de noviembre del año en curso, se dio trámite al incidente de inejecución de sentencia hecho valer por la parte quejosa, se reserva proveer sobre el archivo del presente expediente, hasta el momento en que se reciba el testimonio de tal resolución. Notifíquese por correo electrónico a la parte quejosa y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Penélope Rodríguez Landa, que autoriza y da fe.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, DENTRO DE LOS DOS DIAS POSTERIORES AL CITATORIO, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Severina Ronzón Conde, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 596/2020. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, los artículos 1° y 5°1 de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo 1 Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (...) procede contra actos u omisiones de autoridad, o leyes, que vulneren los derechos humanos de la personas titulares de derechos subjetivos o de un interés legítimo individual o colectivo, es decir, por cualquiera persona sujeto de derecho, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, el artículo 1132 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y analizará la procedencia de ésta, puesto que impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos invocados se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema 2 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, conforme al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, correspondiente a los volúmenes: 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como el diverso criterio sostenido también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 123, volúmenes: 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Ahora, es de precisarse que del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la quejosa, consiste en la privación del derecho que le otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz3, relativo a la pensión alimenticia que le fue otorgada por el Gobierno del Estado, toda vez que tuvo conocimiento por personas que trabajan en el Congreso del Estado, que un Diputado de la fracción parlamentaria morenista, propuso la derogación de la citada ley. Congruente con ello, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, 5°, fracción I y 6º, de la citada legislación4. De tales preceptos, se advierte que la solicitante 3 Ley Número 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4 Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) del amparo, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama, para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de nulificar tal acto; en consecuencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por lo que, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la privación del derecho a una pensión que otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz al quejoso, no causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que la citada legislación a la fecha está vigente, cuya derogación está condicionada a que, efectivamente, exista una propuesta realizada por un Diputado integrante del Congreso del Estado de Veracruz y que la misma, sea aprobada por votación en dicho el Congreso, de ahí que, la privación de la pensión reclamada, no es inminente al no haber certeza de que exista una propuesta para derogar la Ley que la otorga, ni de que ésta haya sido aprobada. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Ramón Hernández Salinas y Andrés Fuentes Méndez, por así solicitarlo expresamente, máxime que no acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública o en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario de Juzgado Ismael Arroniz Palacios, que autoriza y da fe.
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