Servio Federico Rosado Aparicio

Expediente 1246/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1246/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Servio Federico Rosado Aparicio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VII.- Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA: Toda vez que de la certificación de cuenta que antecede, aparece que hasta la presente fecha la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el dos de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en su contra; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso d) de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio del Director de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, con el cual informa que la representación Presidencial le corresponde a esa dependencia, por lo que las notificaciones subsecuentes deberán de realizarse en el domicilio oficial de dicha dependencia. Finalmente, se ordena a la Secretaría realice la certificación correspondiente de coincidencia del expediente físico y su correspondiente expediente electrónico, previo al envío físico de este expediente al archivo de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII.- Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con el informe justificado, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se expondrá. Se dice lo anterior, pues del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama lo constituye esencialmente en la omisión por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de dar respuesta a la petición del quejoso presentada en la oficialía de partes el seis de mayo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena época que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-..." Por otra parte, de las constancias que obran anexas al informe justificado remitido por la responsable, en específico el "anexo número uno," se advierte que ésta, a través del oficio 120/UAJ/DCC/2269/2022, de veintidós de junio de dos mil veintidós dio respuesta a la petición formulada por el quejoso, mediante escrito de treinta de abril de dos mil veintiuno, presentada en la oficialía de partes, el seis de mayo del citado año y se lo notificó vía correo electrónico, el veintitrés de junio del año en curso, tal como se advierte del "anexo número dos" que adjuntó al referido informe. En ese sentido, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye en esencia la omisión por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de dar respuesta a la petición del quejoso presentada en la oficialía de partes el seis de mayo de dos mil veintiuno. En ese contexto, la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, debido a que la responsable el veintidós de junio de dos mil veintidós, emitió el oficio 120/UAJ/DCC/2269/2022, a través del cual dio respuesta a la petición formulada por el quejoso, mediante escrito de treinta de abril de dos mil veintiuno, presentado en la oficialía de partes, el seis de mayo del citado año y se lo notificó vía correo electrónico, el veintitrés de junio del año en curso, tal como se advierte del "anexo número dos" que adjuntó a su informe de ley; lo que es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VII.- Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintidós Agréguese a estos autos el escrito de Gerardo Manuel Martínez Pérez autorizado de la parte quejosa en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que pretende cumplir con la prevención de veintiocho de junio pasado, manifiesta que pretende ampliar la demanda de amparo; al respecto, no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días manifestara si desea ampliar su demanda respecto de los actos, consistente en el oficio 120/UAJ/DCC/2269/2022 de veintidós de junio de dos mil veintidós, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo únicamente contra el acto o actos señalados en el escrito inicial de demanda. Prevención que el ahora promovente, en su carácter de autorizado del directo quejoso, pretende desahogar. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida la prevención que se le hizo en el referido auto de veintiocho de junio en curso, toda vez que de la lectura del escrito de cuenta, se advierte que el ocursante Gerardo Manuel Martínez Pérez, es autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso; es decir, no se encuentra facultado para desahogar prevenciones, las cuales deban manifestarse, "bajo protesta de decir verdad", pues al constituir un acto de carácter personalísimo sólo lo puede realizar quien promovió la demanda, no así el autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues conforme a las reglas que rigen la tramitación del amparo indirecto, el escrito que contenga la ampliación de la demanda de amparo debe formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad se expresen cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda o su ampliación. Aunado a que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. De tal modo, que dicha potestad no puede quedar comprendida dentro de las facultades que se otorgan a un autorizado, necesarias para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial. Por tanto, tomando en cuenta que es al directo quejoso ***, a quien se le requirió para que en el término de quince días manifieste si desea ampliar su demanda, y que es el autorizado de la parte quejosa, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien pretende dar cumplimiento a dicho requerimiento, es obvio que conforme a lo dispuesto en dicho numeral, éste carece de facultades para cumplir con la prevención de mérito; en tal virtud no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo, contenida en proveído de referencia, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia por contradicción de tesis 61/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció el criterio firme de que el autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, no se encuentra facultado para desahogar prevenciones, las cuales deban manifestarse, "bajo protesta de decir verdad", cuando se hayan omitido en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo sólo lo puede realizar quien promovió la demanda de amparo. La jurisprudencia mencionada, es del rubro y síntesis siguiente: TESIS JURISPRUDENCIAL 61/2014 (10ª) Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LE DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de mayo de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Tesis y/o criterios contendientes: El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 27/2013 que dio origen a la tesis aislada número VIII.A.C.10 K (10a.), de rubro: "ABOGADO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA, INCLUSO SI DEBE HACER MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 977, con número de registro IUS: 2004821; y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 166/2013, en el que, esencialmente, sostuvo que sí resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 348, registro IUS: 174745, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.", en virtud de que la razón toral por la que gravitó aquélla, consistió en que tal autorizado no se encontraba facultado para desahogar la prevención de aclarar bajo protesta de decir verdad la demanda de amparo, ya que se trataba de un acto personalísimo de quien promovió la demanda de amparo, pues el acto de autorización surtía efectos a partir de la fecha en que se había presentado la demanda de amparo y no antes, en que acontecieron los hechos que dieron origen al acto reclamado. Tesis de jurisprudencia 50/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cuatro de junio de dos mil catorce." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VII.- Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Energía, en representación del Presidente de la Republica, y anexos que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexos, así como relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, visto el informe justificado de cuenta y el rendido por el Director de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Energía, en representación del Presidente de la Republica, se advierte que mediante oficio 120/UAJ/DCC/2269/2022, de veintidós de junio de dos mil veintidós, dio contestación a su petición de treinta de abril de dos mil veintiuno, presentada el seis de mayo siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE A LA PARTE QUEJOSA para que, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de su legal notificación, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo, en cuanto a los actos consistentes en el oficio 120/UAJ/DCC/2269/2022, de veintidós de junio de dos mil veintidós, con el cual dio contestación a su petición de treinta de abril de dos mil veintiuno, presentada el seis de mayo siguiente, y en caso afirmativo, exhiba tres copias de su escrito aclaratorio, a efecto de correr traslado a la autoridad señalada como responsable y al Agente del Ministerio Público adscrito. Apercibida que, de no cumplir con lo requerido, en el término concedido, se procederá a resolver este asunto conforme al acto señalado en su escrito inicial de demanda. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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