Servicos de Salud de Oaxaca
Expediente 1441/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Servicos de Salud de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
MESA IV B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince (fojas 17 a 20), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por Leticia Cruz Caballero, con el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de los Servicios de Salud de Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Leticia Cruz Caballero, con el carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número dos mil ciento cincuenta y ocho, volumen veintidós, de veintinueve de agosto de dos mil doce, suscrito ante la fe del Notario Público número cien en el Estado de Oaxaca, motivo por el cual se le tiene por reconocido tal carácter, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1441/2015. En principio, es menester anotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de verificar el escrito de demanda para advertir que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En la especie, de la lectura integral del escrito de demanda, se conoce que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la resolución de veinticuatro de agosto pasado, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones derivado del expediente laboral 1254/2013(2), del índice de la Junta responsable, en la cual se declaró notoriamente improcedente el incidente de nulidad de notificación por cédula efectuada el quince de mayo del año en curso, por ende incidente de nulidad de actuaciones de todas y cada una de las actuaciones desahogadas con fecha posterior en el expediente 1254/2013 (2) bis. Contra ese acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno concluyó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esas directrices, este órgano de control constitucional toma en consideración que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada; por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo. En el caso, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veinticuatro de agosto pasado, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones derivado del expediente laboral 1254/2013(2), del índice de la Junta responsable, en la cual se declaró notoriamente improcedente el incidente de nulidad de notificación por cédula efectuada el quince de mayo del año en curso, por ende incidente de nulidad de actuaciones de todas y cada una de las actuaciones desahogadas con fecha posterior en el expediente 1254/2013 (2) bis. Ahora, dicho acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, como está previsto en las fracciones V y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, razón por la cual el acto reclamado, en su caso, debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra del laudo, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo . De esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con el acto de que se trata, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la resolución que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Así, resulta obvio que el acto reclamado no constituye acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse laudo en el juicio laboral 1254/2013 (2) del índice de la Junta responsable; por lo que, si el laudo es favorable a los intereses de la parte demandante del amparo, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracciones V y XII, de la ley de la materia. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa, pues no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, en términos de los artículos 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2º, párrafo segundo, como lo solicita la parte quejosa, se ordena a la secretaria de este órgano jurisdiccional practique el cotejo de la copia certificada del instrumento notarial número dos mil ciento cincuenta y ocho, volumen veintidós, de veintinueve de agosto de dos mil doce, suscrito ante la fe del Notario Público número cien en el Estado de Oaxaca, con la copia simple que anexó a su escrito de demanda. Hecho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, segundo párrafo, devuélvasele la misma. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, por autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Diego Miguel Gregorio, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizadas únicamente para imponerse de los autos a las personas que indica, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa en su escrito de demanda. Finalmente, en relación a la petición de la promovente relativa a reconocerle la personalidad de apoderados generales para pleitos y cobranzas a las diversas personas que indica, dígasele que no ha lugar, toda vez que del escrito de demanda se advierte que se encuentra firmado únicamente por la promovente Leticia Cruz Caballero, y no así por las diversas personas que señala. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución pronunciada por dicha Sala el uno de octubre de dos mil quince; consecuentemente, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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