Servicios Médico de Pediatría. S. C.

Expediente 92/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
92/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Servicios Médico de Pediatría. S. C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, rindiendo su informe previo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veintitrés del mes y año en curso (fojas 36 y 37), se declaró sin materia el presente incidente de suspensión. Se tiene a la autoridad mencionada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en los términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los que cita en su informe. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.

  2. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que en el cuaderno principal del juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, en esta fecha causó estado el proveído de ocho de febrero del año que transcurre, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, se declara sin materia el presente incidente de suspensión, ya que en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva solicitada tiene por objeto paralizar los actos hasta antes de que adquiera firmeza lo resuelto en el juicio en lo principal, como acontece en la especie; por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental (nueve horas con tres minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés). De igual manera, atendiendo a lo ordenado en el auto de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo ********************, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del cuaderno respectivo, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo, en contra del proveído de ocho de febrero del año en curso (fojas 26 y 26), en el que se decretó el sobreseimiento por desistimiento dentro del presente asunto; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. No es obstáculo a esta determinación la circunstancia de que no obren los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, pues de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades solo podrían interponer recurso de revisión contra el sobreseimiento que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado; sin embargo, el presente asunto al haberse sobreseído, es obvio que no les afecta y por tal motivo no están en aptitud de interponer el citado recurso. Lo anterior tiene apoyo por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia de la Octava Época, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo 83, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO". En consecuencia de lo anterior, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este cuaderno es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio de este Tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificada, a efecto de recoger el documento que ofreció en este asunto en su escrito inicial de demanda (fojas 9 a 15), previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por********************, en su carácter de representante de la persona moral quejosa ********************, mismo que fue ratificado en cuanto a su contenido ante la fe del notario público número cincuenta con ejercicio en esta ciudad, licenciado ********************, por el que manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses legales; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio del juicio de amparo, que éste se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada, lo que lo convierte en un medio de control constitucional por vía de acción y, quien ejercita ese derecho, tiene la potestad de desistirse del mismo en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, lo cual también se encuentra reglamentado por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio, el desistimiento de la demanda. Consecuentemente, al haberse desistido de la demanda de amparo********************, en su carácter de representante de la persona moral quejosa ********************, en su perjuicio, se actualiza la hipótesis prevista por el mencionado numeral 63, fracción I, de la citada ley, dado que este órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar dicha renuncia, por las consideraciones anotadas en el párrafo anterior y de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 2ª./J33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147 tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En virtud de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente (diez horas con quince minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés). Sin que sea el caso ordenar la ratificación del aludido desistimiento, pues la manifestación correspondiente fue realizada por el quejoso ante un notario envestido de fe pública, mismo que excepcionalmente es admisible para tal efecto. Al efecto es aplicable la tesis aislada 1ª. CCXLIII/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Décima Época, Materia Común, la cual aparece registrada con el número 2015721, que dice: DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE ES ADMISIBLE SU RATIFICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO. De los artículos 63, fracción I, 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 373, fracción II y 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos debe hacerse mediante alguna actuación que genere certeza de la voluntad del promovente de desistir, pues implica la pérdida del derecho de acción o del recurso que se había ejercido. En ese sentido, como la ley prevé que el tribunal de amparo ordenará la ratificación del escrito de desistimiento, ordinariamente se entiende que dicho acto tiene lugar ante ese tribunal, por ser el que requiere y ante quien se presenta el escrito respectivo; circunstancia que genera certeza en dicho órgano sobre la voluntad del compareciente. Sin embargo, hay casos en que la comparecencia ante el tribunal de amparo por la parte que desiste resulta difícil o gravosa, como cuando, a pesar de haber señalado algún domicilio para recibir notificaciones ante dicho órgano jurisdiccional, esa parte es plural y cada uno de los sujetos tiene su domicilio en lugares distantes entre sí y también respecto del lugar de residencia del tribunal, por lo que para lograr la comparecencia ante la autoridad judicial sería necesario el envío de comunicación a diversos órganos jurisdiccionales del país, o incluso carta rogatoria a algún juez extranjero. Para casos como ése, podría resultar admisible, excepcionalmente, alguna otra forma de ratificación que genere suficiente certeza sobre la voluntad de desistimiento, sin forzar a las partes a acudir ante el órgano jurisdiccional, como sería la que se hiciera ante un notario público que goza de fe pública cuya actuación, por tanto, se tiene por cierta, salvo prueba en contrario. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario que actúa y da fe.

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