Servicios Educativos Integrados al Estade de México

Expediente 364/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
364/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Servicios Educativos Integrados al Estade de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días para recurrir el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió del treinta de octubre al seis de noviembre, todos del año en curso, sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de firma de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial con número de orden 142/2020 de su índice, derivado del exhorto con número de orden y origen 56/2020, emitido en el presente juicio de amparo, también, remite el oficio signado por la parte quejosa mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de tres de septiembre pasado. Confírmese la recepción de las constancias de cuenta. Téngase por recibido el oficio firmado por Rogelio Flores Novales, apoderado legal de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en que da cumplimiento a la prevención formulada en auto de tres de septiembre de dos mil veinte y señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, de una lectura integral a la demanda y escrito de desahogo, se tiene que la quejosa reclama la imposición de una multa, contenida en el oficio DERF/DAF/SCEM:340/2020/3/1, de veintidós de enero de dos mil veinte, signado por el Subdirector de Control y Ejecución de Multas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que se le informa que el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio oral mercantil 142/2019, le impuso una multa por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Expuesto lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 7°, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se conoce que, la finalidad del juicio de amparo se encuentra centrada en proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; ello con el afán de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de que el hombre, como tal y como gobernado, pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna (proyecto de vida), pues de lo contrario, los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que se instituyese un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. Asimismo, el artículo primero de la ley de la materia, prevé una regla general, que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por personas físicas o morales a quienes afecte la norma general o acto reclamado, en conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo. A esa regla general se le opone la excepción prevista en el artículo 7º de la ley de la materia, que dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrán promover juicio de amparo cuando se cumplen con dos condiciones, de modo que, si no se cumple con alguno de los siguientes extremos, el amparo es improcedente: a) que la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio; y, b) que esa afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, esto es, que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública promueva el juicio de amparo desprovista de imperio (plano de igualdad con los particulares). Dicho de otra forma, si un ente público acude al juicio constitucional investido de imperio y en defensa de sus bienes públicos, el juicio de amparo es improcedente. Con relación a la hipótesis planteada en el inciso a) descrito en líneas que anteceden, debe decirse que la afectación a los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, implica únicamente la defensa de bienes de dominio privado, es decir, aquellos bienes y riquezas que integren su patrimonio; pues los bienes del dominio público como lo son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas forman parte del patrimonio público, tanto como por su origen como por su destino, no son susceptibles de ser defendidos vía juicio de amparo. En esas condiciones, se considera que en el caso, no se cumple la primera hipótesis de procedencia prevista en el artículo 7° de la Ley de Amparo, esto es, que en el oficio DERF/DAF/SCEM:340/2020/3/1, de veintidós de enero de dos mil veinte, afecte el patrimonio de la quejosa Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal dominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, respectivamente, en razón de que la cantidad que deba pagarse respecto de la multa impuesta, tendrá que sufragarse del propio peculio del titular de dicho organismo público descentralizado, de ahí que este juzgado considera que Servicios Educativos Integrados al Estado de México, como ente público no acude en defensa de algún interés patrimonial. Sirve de apoyo, la Tesis I.12o.A.53 A, de rubro y texto siguientes: PERSONAS MORALES OFICIALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, CUANDO OCURREN EN DEFENSA DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. Si bien, por regla general, es procedente el juicio de amparo cuando se afecten los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se trata de bienes del dominio público. El artículo 9o. de la Ley de Amparo señala que las personas morales oficiales sólo pueden ocurrir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales. Si se le diera una interpretación literal a ese precepto resultaría ocioso, pues si el patrimonio es la suma de derechos y obligaciones de una persona (moral o física), entonces en cualquier caso podrían acudir las personas morales oficiales (llámese órganos de gobierno) al juicio de garantías, esto es, sin restricción alguna. Pero esa interpretación no es correcta, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (y desde luego recogiendo teorías antecedentes de ésta) sostuvo que el Estado podía actuar con un doble carácter; y que, como autoridad, no podía ocurrir al juicio de amparo, lo que es evidente si se toma en consideración que el referido juicio tutela garantías individuales. Partiendo de lo anterior, puede concluirse que las personas morales oficiales pueden ocurrir en defensa de sus intereses patrimoniales, en los términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, cuando se cumplen dos condiciones; la primera, que ocurra desprovista de imperio, es decir, como un simple particular; y la segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de garantías, y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación. La doctrina ha distinguido entre lo que son bienes del dominio público y bienes del dominio privado, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de garantías, y no así los del dominio público. Así por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público. Los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Por tanto, si la quejosa acude al juicio de amparo en defensa de sus bienes públicos, no es procedente el juicio de garantías. Conforme a lo dicho debe tenerse que en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden acudir al juicio de garantías en defensa de su patrimonio privado; sin embargo, cuando ocurre en defensa de sus bienes de dominio público o de las facultades de autoridad con las que se hayan investidas, el juicio de garantías no es procedente, sino otros medios de impugnación que la ley haya instituido a su favor. Apoya lo anterior la tesis 161, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa lo siguiente: AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo. En tales circunstancias, no se continúa con el estudio del segundo requisito de procedencia. Consecuentemente, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 7°, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de ese ordenamiento legal, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de desahogo.

  3. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTIUNO DEESTE MES, EL CUAL, SUSTANCIALMENTE DICE: "Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. ...En tales circunstancias, no se continúa con el estudio del segundo requisito de procedencia. Consecuentemente, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 7°, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de ese ordenamiento legal, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA. .".

  4. Principal

    Ciudad de México, a uno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído dictado el tres de septiembre de dos mil veinte, en virtud de la resolución dictada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del presente asunto. Asimismo, del citado proveído se advierte que en virtud de ciertas irregularidades detectadas por esta juzgadora, se ordenó prevenir a la quejosa en los términos siguientes: 1. Precise si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en el juicio oral mercantil 142/2019. 2. Especifique si la multa de la que se duele se encuentra en el oficio DER/DAF/SCEM: 340/2020/3/1, de veintidós de enero de dos mil veinte; o bien, en resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve. 3. Exhiba once copias del escrito aclaratorio por el que desahogue lo aquí requerido, a fin de correr traslado a las partes e integrar los cuadernos incidentales. En ese sentido, a fin de notificar a la parte quejosa del citado proveído, se advierte que del escrito inicial de demanda, señaló como domicilio el ubicado en calle profesor Agripín García Estrada, número 1306, Santa Cruz Azcapotzaltongo, Municipio de Toluca, Estado de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, y en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros De Justicia Penal Federal, tramítese vía electrónica atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su jurisdicción y con copia del presente auto, así como del proveído de tres de septiembre del año en curso, se sirva notificar al promovente de amparo Rogelio Flores Novales, en el domicilio ubicado en calle profesor Agripín García Estrada, número 1306, Santa Cruz Azcapotzaltongo, Municipio de Toluca, Estado de México. Asimismo, para que en el momento en que se lleve a cabo dicha diligencia o en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, le requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal invocado, de ser necesario, se faculta al Juez exhortado para que autorice al Actuario Judicial de su adscripción, a llevar a cabo la diligencia encomendada aún en horas y días inhábiles

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano