Servicios de Salud de Sinaloa
Expediente 824/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Sinaloa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el once de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese el escrito signado por ***, apoderados legales de Servicios de Salud de Sinaloa, mediante el cual solicitan la devolución de la escritura pública 3,128 (tres mil ciento veintiocho), de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, del protocolo a cargo del licenciado ***, Notario Público número 214, con ejercicio y residencia en esta ciudad. Por tanto, como lo dispone su numeral 2, hágase la devolución del mismo, previo cotejo y certificación que se deje en autos para constancia. Sin que haya lugar a proveer lo conducente respecto del escrito de cuenta signado por ***, toda vez que no acreditaron la personalidad que ostentan.
- Principal
En razón de no haber acudido a las instalaciones de este Juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se dejó citatorio en su domicilio, se notifica por lista a la parte quejosa, el auto de once de julio del año en curso, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por *****, quienes se ostentan como apoderados legales de Servicios de Salud de Sinaloa, personalidad que acreditan con la copia certificada de la escritura pública 3,128 (tres mil ciento veintiocho), de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, del protocolo a cargo del licenciado Marco César García Bueno, Notario Público número 214, con ejercicio y residencia en esta ciudad, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo ****, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de "juicio en línea". Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. III. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Cerro Montebello número 150 oriente, fraccionamiento Montebello, en esta ciudad. IV. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad: La resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de laboral 761/2020, en la que declaró infundado el incidente de actuaciones interpuesto por la parte quejosa contra la notificación de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, realizada con posterioridad al emplazamiento. En ese contexto, se advierte que respecto de la determinación reclamada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la disposición constitucional transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior se desprende que para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio, y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. Expuesto lo anterior, se concluye que la resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el juicio de laboral 761/2020, en la que se declaró infundado el incidente de actuaciones interpuesto por la parte quejosa contra la notificación de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, realizada con posterioridad al emplazamiento, no genera una afectación de imposible reparación a los derechos fundamentales de la amparista, pues versa sobre un derecho meramente adjetivo o procesal, ya que sus efectos se traducen únicamente en validar la legalidad de la citada notificación, pero ello no significa que necesariamente deba dictarse una sentencia desfavorable a la promovente, pues es factible que la justiciable obtenga una resolución definitiva favorable en el asunto de origen. En efecto, si la sentencia que se dicte en el controvertido natural le resulta favorable, la afectación que pudo resentir la aquí quejosa, dada la determinación del tribunal responsable en el sentido de que la notificación cuestionada fue legal, desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos fundamentales, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica de la interesada. De lo contrario, esto es, si la sentencia fuese adverso a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, que sería la vía correcta para su impugnación, en términos de lo previsto en los artículos 171 y 172, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, que expresamente establecen que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. En ese contexto, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el numeral 113 de la Ley de la materia. V. Se autoriza la utilización de medios electrónicos. En atención a lo que solicita la promovente, se autoriza utilización de celular, lector óptico, fotográfico, scanner o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con apoyo en el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." VI. Devolución de documentos. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo dispone su numeral 2, hágase la devolución de la escritura pública que en copia certificada acompaña, previo cotejo y certificación que se deje en autos para constancia. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VIII. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73, 113, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. IX. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
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