Servicios de Salud de Sinaloa.

Expediente 829/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
829/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Servicios de Salud de Sinaloa.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que concluyó el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo propuesta, sin que haya interpuesto recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general se prevé que son susceptibles de destrucción en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes en los que se haya desechado, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en el referido auto se desechó la demanda de amparo propuesta; por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción, previa acta de baja documental y listado de los expedientes a destruir que deberá elaborarse para constancia, misma que se remitirá en forma impresa y/o electrónica a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 22 del invocado acuerdo general. Finalmente, no es el caso ordenar notificación personal a la parte promovente para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a efecto de recuperar algún documento original que hubiere exhibido en el presente expediente, como lo dispone el artículo 20, segundo párrafo, del citado acuerdo general, atento a que, según se observa de la certificación que antecede, no exhibió documento original alguno.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por *********************************, mediante el cual, solicitan la devolución de la copia certificada de la escritura pública número tres mil ciento veintiocho, pasada ante la fe del notario público número doscientos catorce de esta ciudad, que anexaron a su demanda de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha ley de la materia, devuélvase el documento de referencia, previa razón de recibo que de su entrega quede asentada en autos, debiéndose dejar en su lugar copia certificada del mismo.

  3. Principal

    FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, quienes se ostentan apoderados de la parte quejosa ********************, personalidad que se les reconoce por así acreditarlo con copia certificada de la escritura pública ********************, pasada ante la fe del notario público ********************, en esta ciudad; a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. A excepción de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en virtud de que dicho escrito carece de su firma autógrafa; como se advierte de la certificación de cuenta. Fórmese el expediente 829/2023-III-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en los libros electrónicos de registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El juicio de amparo procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación sistemática de los artículos reproducidos se evidencia que el legislador federal pretendió acotar la procedencia del juicio de amparo indirecto en tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, sólo en contra de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución; señalando con precisión qué debe entenderse por cada una de estas resoluciones. Así, y en lo que se refiere a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución se establece, que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a dicho fallo, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. En consecuencia, no existe lugar a dudas que el legislador federal estableció con toda precisión que en contra de los actos dictados en tal procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la última resolución, en el que se definen las tres resoluciones que según el caso puedan constituir tal supuesto. a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a lo sentenciado; y, c) La que ordena el archivo definitivo del expediente. En esa virtud, es claro que en cada caso habrá que determinar si se está o no frente a la última resolución de alguno de esos procedimientos a fin de decidir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En otras palabra, no en todos los casos se requiere que se colmen todas las hipótesis descritas, pues dependerá de cada asunto en particular. Esto es, en tratándose de los procedimientos de ejecución, no siempre podrá esperarse a que exista una resolución mediante la cual se aprueba o se reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, pues habrá casos en los que exista la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, es decir, que se haya ordenado el archivo definitivo del respectivo expediente; por o tanto, el legislador previó tales supuestos y estableció que con respecto a estas últimas determinaciones también procedía el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama, la resolución dictada el tres de julio de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario mercantil ********************, por el Juez responsable, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa contra el auto de diecinueve de junio del año en curso. Luego, de las propias manifestaciones del agraviado, realizadas bajo protesta de decir verdad, se aprecia que es parte demandada en la contienda de que se trata, donde en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio ordinario mercantil ********************, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió un auto mediante el cual señala "en atención a la cantidad que debe de cubrir la accionada, destaca el escrito inicial de demanda, en este estás establecidas las prestaciones de la accionante, a la cuales fue condenada dicha parte promovente. Además, en escrito exhibido por la actora el trece de los corrientes, del cual se ordenó correr traslado, se encuentra el monto preciso que debe de ser cubierto por ******************** respecto de surte principal. En el entendido que están pendiente de cuantificarse diversas prestaciones adicionales, lo que, en su caso, será pronunciado en el incidente de ejecución de sentencia.", lo que pone de manifiesto que el citado juicio ordinario mercantil, se encuentra en la etapa de ejecución. Bajo ese contexto, se precisa que la determinación reclamada por la parte quejosa fue pronunciada dentro de la etapa de ejecución, empero no es la última emitida en ese procedimiento, sino es actos tendentes al cumplimiento, por ende, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Por tanto, es de indicarse que tal acto debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la etapa de ejecución. Se dice lo anterior, toda vez que no se está en presencia de aquel proveído en el que la autoridad declara cumplimentada la sentencia o, en su caso, la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni menos aún se trata de una resolución por la que se ordene el archivo definitivo del expediente, por lo contrario, se trata de un proveído en el cual se requiere por el cumplimiento de la sentencia en ejecución. Consecuentemente, es evidente que la determinación que se controvierte no constituye el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia. Tienen aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, no debe perderse de vista que conforme al artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, el peticionario de amparo está en posibilidad de reclamar, en esta misma vía, junto con la última determinación emitida en el procedimiento de ejecución del citado expediente, las demás violaciones cometidas en éste que le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, conforme a los lineamientos expuestos anteriormente, para la naturaleza del juicio de amparo, resulta evidente la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, interpretando en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda de amparo por su manifiesta y notoria improcedencia, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, de esta ciudad. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en atención a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTO PARA TRANSICIÓN AL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano