Servicios de Salud de Nayarit
Expediente 958/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/07/2019
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, a través del cual en vías de cumplimiento al fallo protector concedido, remite copia certificada de la audiencia de actualización de planilla de liquidación, en cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista la agraviada, así como a la parte tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por "**", por conducto de sus apoderados *********, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; por las razones y fundamentos expuestos en el último punto considerativo de la presente sentencia.
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** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda los oficios de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes previos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y Directores de Asuntos Jurídicos de los Congresos de los Estados de Guanajuato y Tabasco, todos en representación de dichos poderes legislativos; en consecuencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, hasta antes de la celebración de la audiencia incidental, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el momento procesal oportuno. Finalmente, con fundamento en el numeral 9 de dicha ley, téngase designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la autoridad mencionada en último término, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del arábigo 2°. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se por una parte se sobreseyó y por otro concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 35 a 48). En relación con lo anterior, por auto de treinta de abril del año en curso (foja 75), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el siete de mayo del año actual (foja 78), surtiendo sus efectos al posterior día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del nueve al trece de mayo de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el once de marzo de dos mil diecinueve (fojas 35 a 48), se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "..1 Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago del conceptos de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por el concepto de inscripción de documento público o privado, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por la operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo, deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción origen del acto reclamado, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit , para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fraccioN I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por la inscripción que realizó, relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción del instrumento público número veintiocho mil quinientos setenta y cuatro; la cual debía ser actualizada. C) Realizando el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, sobre la base de dicho cobro, será respecto de la cantidad $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional). D) La cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable (fojas 72 a 74), informó a este Juzgado Federal la forma en que dió cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la quejosa por medio de cheque número 1216, por la cantidad de $3,787.30 (tres mil setecientos ochenta y siete pesos 30/100 moneda nacional), cantidad debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $3,992.78 (tres mil novecientos noventa y dos pesos 78/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), de la inscripción que realizó, nos da como resultado la cantidad de $3,712.78 (tres mil setecientos doce pesos 78/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho y en el mes de abril de dos mil diecinueve, se efectuó la devolución mediante cheque a la quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho a abril del año en curso; Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre del año anterior fue 101.440; y para el mes de marzo de dos mil diecinueve 103.476. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0200 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $3,787.03 (tres mil setecientos ochenta y siete pesos 03/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $74.52 (setenta y cuatro pesos 52/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a los quejosos la cantidad total de $3,787.78 (tres mil setecientos ochenta y siete pesos 78/100, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
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