Servicios de Salud de Morelos
Expediente 1318/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Morelos
Actuaciones
- Principal
Hago constar que notifico a la parte quejosa, el contenido de la determinación emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo al rubro citado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fija en el exterior de la Sede del Poder Judicial Federal, dada la situación de pandemia que se vive actualmente; lo anterior, con fundamento en la Fracción III, Inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".1) Deje insubsistente la resolución de ********************, dictada en el juicio laboral ********************; y, 2) En su lugar, se emita una determinación en la que se establezca que se notifique personalmente a ********************, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos, el apercibimiento de multa contenido en el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve. En el entendido de que queda expedita la plenitud de jurisdicción del Tribunal responsable para hacer uso de los medios de apremio que el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos le concede para hacer cumplir sus determinaciones (previo apercibimiento y su respectiva notificación). En la inteligencia que la anterior determinación se hace extensiva a las autoridades ejecutoras Presidente y Actuario adscritos al Tribunal responsable, y Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de que los actos que a dichas autoridades se les reclaman, no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia del analizado como principal.". Por lo anterior, vista dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que mediante oficios con terminación ********************, de tres, catorce y veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente, remitieron en copias certificadas el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, y oficio ********************acuerdo y oficios en los cuales se advierte dejaron insubsistente la aplicación de una multa impuesta al quejoso en auto de ********************, y se giró el oficio correspondiente a la Coordinación Política de Ingresos con el objeto de proceder a la cancelación de la ejecución de dicha multa impuesta, lo cual fue acatado por la ejecutora Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda, tal como se desprende del acuerdo y oficios antes referidos; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, y oficio ********************emitidos en el juicio laboral********************dejó insubsistente la aplicación de una multa impuesta al quejoso en auto de ********************, y giró el oficio antes mencionado a la Coordinación Política de Ingresos con el objeto de proceder a la cancelación de la ejecución de dicha multa impuesta, lo cual fue acatado por la ejecutora Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda, mediante********************; y atendiendo al estado procesal que guarda dicho juicio natural- se ordenó el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno el archivo del juicio por cumplirse el convenio celebrado entre las partes- el Tribunal responsable ya no ordenó realizar acto alguno por ser un asunto totalmente concluido. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de ********************, dictada en el juicio laboral ********************; y, en su lugar, se emita una determinación en la que se establezca que se notifique personalmente a ********************, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos, el apercibimiento de multa contenido en el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, y oficio ********************emitidos en el juicio laboral********************respectivamente, dejó insubsistente la aplicación de una multa impuesta al quejoso en auto de ********************, y giró dicho oficio a la Coordinación Política de Ingresos con el objeto de proceder a la cancelación de la ejecución de dicha multa impuesta, lo cual fue acatado por la ejecutora Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda, tal como se desprende del********************; y atendiendo al estado procesal que guarda dicho juicio natural- se ordenó el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno el archivo del juicio por cumplirse el convenio celebrado entre las partes- el Tribunal responsable ya no ordenó realizar acto alguno por ser un asunto totalmente concluido, en ese sentido se tiene que las responsables cumplieron con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Finalmente, atendiendo al estado de los autos se ordenada hacer devolución al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, un anexo que acompañó a su informe justificado mediante oficio con terminación 11197/2019 de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que este Juzgado de Distrito conoce del juicio de amparo 961/2020, promovido por Alberto Flores Salgado quien se ostenta como apoderado legal del directo quejoso Enrique Castro González, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la ley de la materia, además de acuerdo a jurisprudencia que lleva por rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Ahora, vista la demanda promovida por Viridiana Rueda Escalona apoderada legal de Servicios de Salud Morelos, contra los actos que reclama de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17, Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en esencia, en las omisiones y negaciones por parte de las autoridades responsables para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, en el juico de origen 01/2379/2011. Por otra parte, es de señalarse que existe radicado en este juzgado federal el diverso juicio de amparo 961/2020, donde el seis de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Alberto Flores Salgado quien se ostenta como apoderado legal del directo quejoso Enrique Castro González, contra actos de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, donde se señaló como acto reclamado la denegación de justicia para desahogar en tiempo y forma al aplazar la audiencia para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el trabajador actor por más de siete meses en el juicio laboral número 01/2379/2011 JE-1, mismo que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia amparadora dictada en ese juicio. Luego entonces, resulta incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia, prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley Amparo, porque al acto reclamado ha sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 551, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se leen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos:" materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Esto es así, en razón de que en la presente demanda de amparo, el quejoso reclama actos que han sido materia de otro juicio de amparo, esto es, de actos que sean materia de otra demanda, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, ya que mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo 961/2020, lo cual constituye un requisito sine qua non para que se actualice la disposición normativa según lo estatuido en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de la Materia. Lo anterior es así porque el juicio de amparo que se viene mencionando, se encuentra en ejecución de sentencia. Por ende, con fundamento en el ordinal 113, en relación con el 61, fracción XI, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Viridiana Rueda Escalona apoderada legal de Servicios de Salud Morelos. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 944, consultable en la página 1546, segunda parte, Salas y tesis, compilación 1917-1988, que en lo conducente dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causal de improcedencia respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción tercera del artículo 73 de la Ley de Amparo, con que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.". Así como, por identidad de razón, la tesis III.2o.P.41 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de la novena época, visible en la página 2791, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, mes de enero de 2008, que se transcribe a continuación: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la Litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión.". Sin que pase por desapercibido que la Junta responsable, mediante oficios 1065/2021 y 1139/2021, han informado las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector en el juicio de amparo 961/2020. Esto es, señalo hora y fecha para el desahogo de la prueba testimonial por la parte actora, girando el oficio correspondiente a la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, para el efecto de presentar a las atestes a la diligencia antes citada. Por otra parte, como lo solicita se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones, y, por autorizadas a las personas que cita con los efectos que precisa. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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