Servicios de Salud de Morelos
Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio con anexo remitido por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 397/2022, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad resolvió declarar infundado el proveído recurrido, al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Sin que se acuse el recibo de estilo correspondiente, esto, en razón de que no fue solicitado. Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda de amparo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de documento. Ahora bien, no pasa inadvertido que con anterioridad la el apoderado legal de la parte quejosa, solicitó la devolución de la copia certificada de la escritura pública número dos mil ciento treinta y dos pasada ante la fe del Notario Público Número Trece de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, que anexó a su ocurso inicial de demanda, con la que acredito la personalidad ostentada, por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo en que se actúa quedó firme, en consecuencia, indíquesele al peticionario de amparo a fin de que, comparezca de manera personal o por medio de persona autorizada debidamente identificada, para que se le haga entrega de la misma, previa certificación y razón que de su recibo se glose en autos. Procedimiento para poder acudir físicamente a la devolución de documentos en asuntos no urgentes. Día de devolución de documentos. a) El documento a que se ha hecho alusión solamente se entregará los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:00 am hasta las 14:00 pm asignado a este órgano jurisdiccional. b) Personas que pueden recoger. Sólo pueden comparecer a recoger dicho documento, las personas que se encuentren autorizadas en autos. No se entregarán a personas distintas, ni tampoco se les dará información. d) Documentos. Para recoger el documento correspondiente, la persona interesada deberá presentar identificación oficial vigente como pasaporte, credencial para votar, cédula profesional o alguna otra equivalente, así como copia simple de la misma. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos; catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el apoderado legal de la parte quejosa contra el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el cual quedó registrado con el número 397/2022; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos; tres de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito con anexo signado por ************, apoderado del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Morelos, parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio constitucional, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, así como de las demás constancias relativas. Ríndase informe ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; como se advierte de las constancias que se remitirán a ese órgano colegiado para la calificación y consecuente substanciación del recurso de cuenta. Se instruye. Se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la titular, con la finalidad de que sea remitida copia certificada de las constancias correspondientes a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar a la oficial administrativo encargada de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos; diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito con anexo presentado por **************, apoderado del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Morelos, mediante el cual, desahoga la prevención que se le formuló el dos de septiembre de dos mil veintidós. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa en esencia reclama: / Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 en relación con el diverso 7 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa carece de legitimación para impugnar el acto reclamado, misma que resulta fundada por las siguientes consideraciones: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (.)" El artículo 7 de la ley de la materia dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública, podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; y, que tales entes estarán exentos de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. En principio es necesario precisar que se parte de la premisa fundamental que el juicio de amparo tiene como finalidad la protección de los derechos humanos del gobernado, así como la tutela del régimen de competencias que la Constitución ha reservado a las autoridades federales, a las de los Estados, municipios y a las de la ciudad de México, siempre que la invasión en la esfera de atribuciones se traduzca en una invasión de un derecho humano propio del gobernado. Tal premisa se desprende del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: 1) Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 2) Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y, 3) Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad Federal. De ahí que el Constituyente, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos humanos, creó el juicio de amparo; luego, siendo en esencia los derechos humanos, restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que el Estado no puede invocar afectación a derechos humanos, para defender la legalidad del ejercicio del poder público. Si bien la anterior regla admite como excepción, el supuesto contenido en el artículo 7º de la Ley de Amparo, que faculta a la Federación, los Estados, el Distrito Federal -ahora Ciudad de México-, los Municipios o cualquier persona moral pública, a ocurrir en demanda de amparo; lo cierto es que esa reserva está condicionada a que la afectación que resientan comprenda única y exclusivamente su patrimonio, derivado de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; esto es, únicamente cuando actúan como personas de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando el organismo de que se trate, pretenda, a través de éste, impugnar actos que le afecten en su actuación como persona moral de derecho público. Lo anterior es entendible si se toma en cuenta que el Estado puede actuar en un doble carácter, a saber: 1) cuando actúa soberanamente imponiendo sus decisiones a la voluntad de los particulares y ejerciendo la facultad de imperio; y, 2) cuando se coloca en una situación análoga a aquella en que jurídicamente se halla el particular, convirtiéndose en una persona capaz de adquirir derechos y obligaciones. Por lo anterior, si el Estado actúa bajo la primera personalidad, es decir, en función de la facultad de imperio, no actúa en ejercicio de derechos individuales, sino que involucra garantías sociales que no son tuteladas a través del juicio de amparo, en virtud de que el artículo 103 de la Constitución General de la República, claramente establece que el juicio constitucional procede por violación de derechos humanos. En cambio, cuando el Estado actúa bajo la segunda personalidad, es decir, cuando se coloca en una situación análoga a aquella en que jurídicamente se halla el particular, convirtiéndose en una persona capaz de adquirir derechos y obligaciones, entonces tendrá legitimación para promover el juicio de amparo, siempre que los actos impugnados afecten sus intereses patrimoniales, como lo dispone el artículo 7 de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación, por identidad jurídica, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 325252, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, página 3573, de rubro y texto siguiente: "ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL. La Constitución, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo. Siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público, que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión, que el Estado no goza de garantías individuales, y, por lo mismo, que no puede promover juicios de garantías. A esta regla general le ha opuesto una excepción al artículo 9o., de la Ley de Amparo, que dispone: "Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.". El porqué de esta excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público. En la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas por el juicio constitucional. Ahora bien, debe dictarse el sobreseimiento por causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la misma Constitución, cuando el amparo sea promovido por el Ministerio Público Federal, en defensa de un acto realizado en el ejercicio de la potestad pública y no en defensa de derechos patrimoniales privados de la nación, pues tratándose de conflictos en que el Magistrado del Primer Circuito absolvió al presidente de la República de una demanda intentada en su contra y declaró fundada la reclamación contra la resolución de la Secretaría de Agricultura y Fomento, porque esta autoridad no tuvo competencia para dictarla, como la demanda de amparo presentada por dicho Ministerio Público se endereza contra la sentencia del expresado Magistrado del Primer Circuito, por cuanto declaró ilegal la referida resolución de la Secretaría de Agricultura y Fomento, es claro que tratándose de defender la legalidad de un acto de autoridad y no intereses patrimoniales de derecho privado, no es el caso de que el Estado acuda a la Justicia Federal, como persona de derecho privado." Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, al resolver la contracción de tesis 374/2016, estableció, en síntesis, que la excepción contenida en el artículo 7º, de la Ley de Amparo, es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo, pues aun cuando ese artículo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de amparo en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, no faculta a las oficinas públicas para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado o poder público. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J.128/2017 (10a)3 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En el caso, el promovente comparece en su carácter de apoderado del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Morelos, personalidad que acreditó en términos de la copia certificada de la escritura pública número dos mil ciento treinta y dos pasada ante la fe del Notario Público Número Trece de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, combatiendo el Decreto 401, por el que se concede pensión por jubilación al tercero interesado, al estimar en esencia que violenta su autonomía de gestión de recursos; por tanto, para la procedencia del juicio de amparo, debe acreditar encontrarse en igualdad de condiciones a cualquier particular y que el acto reclamado lo perjudica en su esfera patrimonial. Ahora, atendiendo a que el organismo público descentralizado quejoso reclama del Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, el Decreto 401, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diez de agosto de dos mil veintidós, por el que se concede pensión por jubilación al trabajador aquí tercero interesado, por estimar que violenta su autonomía de gestión de recursos; resulta importante tener presente la tesis jurisprudencial siguiente: "Registro digital: 2017263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 875 Tipo: Jurisprudencia PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis que dio origen a la citada jurisprudencia, estableció lo siguiente: "(.) Por esas razones, tratándose del reclamo de un acto dictado dentro de juicio, como lo es la resolución que declara infundada una excepción de incompetencia, las autoridades que tienen el carácter de demandadas en el juicio están legitimadas para acudir al juicio de amparo indirecto, cuando: En un primer momento, del análisis de la relación jurídica que da origen al acto reclamado, se advierte que la autoridad (persona moral pública), se encuentra en una situación de subordinación frente al acto de autoridad que se emite; por lo que si el acto reclamado es una resolución dictada por un Juez dentro de un juicio en el que la autoridad tiene el carácter de demandada, se cumple de manera preliminar la exigencia del artículo 7o. de la Ley de Amparo, pues se encuentra en un plano de igualdad con los particulares, ya que el Juez impone de forma unilateral su decisión. En un segundo momento, del análisis de la relación que subyace al acto reclamado, se advierte que la acción de origen se refiere a un reclamo de derecho privado que se dirime por un tribunal judicial y no se pretende defender un acto en ejercicio de sus facultades. Como en el caso de la presente contradicción, se trata de un juicio ordinario mercantil y una acción de prescripción positiva; por lo que con dicho análisis, se justifica de igual forma que la autoridad no pretende defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas. En un tercer momento, una vez advertida la relación jurídica y la subordinación frente al acto de autoridad, debe analizarse la afectación patrimonial que ocasiona el acto reclamado, lo cual no debe limitarse a analizar sólo sus efectos, sino que también debe estudiarse la integralidad del acto que se reclama, pues con ello se garantiza la debida defensa de la autoridad. De esa forma, si en el amparo se reclama un acto procesal, el estudio para delimitar la legitimación de la autoridad no puede limitarse a la afectación que en ese momento ocasiona el acto reclamado, sino que debe analizarse la relación que subyace y los derechos que pretende defender; de ahí que si se trata de acciones ejercidas en el ámbito privado y la autoridad pretende cuestionar la competencia de la autoridad, se trata entonces de un reclamo que se actualiza por las afectaciones que se ocasionan a la esfera patrimonial, al entender esto último como el conjunto de derechos que la autoridad pretende defender en su carácter de demandada. Aunado a ello, dicho análisis debe comprender que la afectación se traduzca en una cuestión monetaria, en tanto que el derecho a la debida defensa que hace valer, debe tener como finalidad evitar la pérdida de los juicios, como acontece en aquellos en los que se le demanda el pago de una cantidad determinada o la prescripción de un inmueble que se encuentra dentro de su esfera jurídica. Por todo lo anterior, debe considerarse que una persona moral pública (oficial), se encuentra legitimada para acudir al juicio de amparo indirecto a reclamar una resolución en la que se declara infundada la excepción de incompetencia, en tanto que tiene el carácter de demandada en un juicio, por lo que se encuentra subordinada al órgano jurisdiccional, además de que en la relación que subyace a los juicios, se advierte que no pretende defender un acto de autoridad. Asimismo, se acredita dicha legitimación, pues del estudio de la afectación se puede concluir que se reclama una transgresión a sus derechos como parte en el juicio y, en dicho juicio, se pretende evitar una merma económica al patrimonio de la institución". (Lo resaltado no es de origen) Una vez asentado lo anterior, este órgano jurisdiccional analizará primeramente si la relación subyacente al acto reclamado, constituye una relación de derecho privado o bien, si en el Decreto 401, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diez de agosto de dos mil veintidós, por el que concede pensión por jubilación, al aquí tercero interesado, es decir, si la autoridad quejosa pretende defender un acto en ejercicio de sus facultades, o si se refiere a un reclamo de derecho público. Esto es así, pues conforme al artículo 7º de la Ley de Amparo, cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión [1] los afecten en su patrimonio; y [2] respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el artículo 7º de la Ley de Amparo, en el sentido de que establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar el amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión, siempre que la afectación patrimonial que sufran se dé en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. De allí que, debe analizarse en cada caso que en la relación que subyace el acto reclamado, la autoridad no pretenda defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas, esto es, un acto en donde exista una relación de supra subordinación respecto a los particulares. Es ilustrativa en lo conducente, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde interpretó la Ley de Amparo abrogada, de contenido sustancialmente igual en este aspecto, la cual establece: " Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2003342 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CXIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 965 Tipo: Aislada PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular. Amparo directo en revisión 2823/2012. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro. 30 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Spitalier Peña." Así en el caso, no se genera dicha condición, ya que la relación jurídica que subyace a los actos reclamados no se actualiza en un plano de igualdad frente a los particulares, ya que el acto reclamado consiste en un decreto de pensión respecto del cual el Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Morelos", aquí quejoso, funge como ente asegurador del particular que es beneficiado con el decreto concesorio de pensión, y la relación que se da entre dicho Organismo Público Descentralizado y el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, quien emitió dicho decreto, no es en un plano de coordinación, sino que se da en un plano entre autoridades, en el marco de las facultades y competencias que se encuentra atribuidas en favor de cada una de ellas, conforme al marco constitucional de división de poderes. Precisamente, al momento en que se otorga la pensión a un particular, surge entre el trabajador y el ente asegurador -aquí quejoso- una relación de naturaleza administrativa, la cual se desarrolla en un marco de supra a subordinación, pues el gobernado se somete al imperio del organismo que lo asegura, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, al estar en posición de unilateralmente decidir sobre la pensión otorgada, sin que ya exista entre ambos una relación laboral o de coordinación. Y de la misma forma, respecto de la institución encargada del pago de la pensión y el Congreso del Estado, surge una relación entre autoridades, en la que ambos organismos de acuerdo a su marco competencial, proceden hacer efectivo el derecho pensionario del ciudadano, tan es así que diversos municipios en el Estado de Morelos, han promovido distintas controversias constitucionales a fin de proteger su autonomía municipal, sustentados en la defensa de ese marco de competencias y facultades, que se encuentran distribuidas por la legislación local, pues en ese supuesto no está en juego algún derecho humano, sino la distribución competencial que delineó el legislador local, a cada uno de dichos organismos en su carácter de autoridades. Por tanto, lo que pretende defender la autoridad quejosa, es un acto en el que la relación que subyace, no es en un plano de igualdad como si se tratara de un particular, sino que pretende impugnar un acto emitido con potestad pública en el que la autoridad quejosa concurre en el acto como ejecutora del mismo con las características propias de autoridad, de allí que lo que intenta salvaguardar se trata de lo que considera una afectación a su esfera competencial, sin que tal reclamo esté sustentado en una afectación a un derecho humano, sino en la defensa del marco de competencias y facultades que están establecidas a su favor, tópico que resulta ajeno al juicio de amparo, cuya teleología es la protección de derechos fundamentales del ciudadano, y que por tanto, sólo puede ser dirimida en otros medios de control constitucional establecidos para las autoridades con tales fines; tan es así, que el beneficiario de dicho decreto pensionario eventualmente podría impugnarse en la vía que corresponda algún acto y omisión del quejoso respecto a la ejecución de dicho decreto, donde el referido organismo aquí amparista fungiría con el carácter de autoridad con todas las notas distintivas que caracterizan a la misma. Sin que se inadvierta que la persona moral pública quejosa señala que el Congreso del Estado al conceder la pensión en cuestión, afecta su autonomía presupuestaria, y en esencia que invade sus atribuciones, ya que ese reclamo más bien reitera lo sostenido, en el sentido de que la cuestión sometida a debate ante este tribunal constitucional no es una protección de sus derechos humanos o fundamentales como particular, sino la afectación de la esfera de atribuciones entre dos entes públicos, lo que no se puede dirimir en un juicio de amparo; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. Además, el hecho de que la parte quejosa no cuente con legitimación para acudir al juicio de amparo a reclamar tal cuestión, no le causa afectación a su derecho de acceso a la justicia, pues por la naturaleza del juicio de amparo, el mismo fue instituido como un procedimiento de control constitucional para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no para defender los actos de autoridades, por lo que solamente se contempló un supuesto específico de excepción bajo el cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de amparo. De ahí que, si la autoridad aquí quejosa resulta la obligada a cubrir la pensión por jubilación concedida por el Congreso del Estado de Morelos -Decreto 401- de donde deriva el acto reclamado, es decir, no como un particular defendiendo bienes de dominio privado, o derechos particulares; sino que actúa con el carácter de autoridad de derecho público, resulta claro concluir que ello es insuficiente para legitimarla para promover el juicio de amparo, en tanto que es evidente que el acto reclamado no afecta su patrimonio, derivado de una relación jurídica en la que se encontrara en un plano de igualdad con el particular, solicitante de la pensión ante el Congreso Local, por lo que no se colma la hipótesis del artículo 7° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J 171/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, Página 467, de rubro y texto siguiente: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." De igual manera la tesis 1ª XLVIII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Página 512, Novena Época, que es del siguiente tenor: "FUNCIÓN PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE SU EJERCICIO. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Pero cuando la potestad pública ocurre en demanda de amparo a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos que se reclamen no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio". Además, si en la especie, la situación que se está dirimiendo se refiere a un reclamo de derecho público, es inconcuso que la parte quejosa comparece al juicio en defensa de los actos practicados en ejercicio de las facultades que la ley le otorga de llevar a cabo el pago de pensiones a sus trabajadores con cargo a la partida de pensiones como parte del presupuesto que le es otorgado, además, que de considerar que la partida presupuestaria que le otorgan las autoridades competentes por mandato de ley para cubrir las pensiones a sus jubilados y pensionados es insuficiente, está en condiciones de pedir a las autoridades que correspondan la ampliación de esa partida para hacer frente a su responsabilidad. Razón que lleva a concluir que la actuación de la parte quejosa se constriñe a defender actos emitidos dentro de las funciones públicas que le son encomendadas por la legislación aplicable. En ese sentido, quien aquí resuelve, estima que en el caso que nos ocupa, no se cumple con uno de los elementos señalados por el artículo 7º de la Ley de Amparo, para reconocerle legitimación al Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud de Morelos", aquí quejoso, para acudir a la instancia constitucional a reclamar el Decreto 401, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diez de agosto de dos mil veintidós, por el que otorga pensión por jubilación, al no encontrarse en un plano de igualdad con el particular aquí tercero interesado, por tanto, no se actualiza la acepción a que hace alusión la norma para poder acudir a esta instancia constitucional. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Finalmente, cabe señalar que los criterios citados generados durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, que dispone "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley", ya que aquéllos no se oponen a lo dispuesto en ésta. Notifíquese personalmente.
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