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Expediente 3221/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3221/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2018
Partes del expediente
- Servicios de Marketing Para Instituciones Educativas, Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada en el sumario constitucional en que se actúa y se requirió su cumplimiento al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, quien por oficio 600-04-01-02-00-2017-22839, únicamente informó que a la quejosa Servicios Jurídicos Cym, Sociedad Anónima de Capital Variable, no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; sin hacer pronunciamiento alguno respecto a la amparista CAMPERO Y MONROY SOCIEDAD CIVIL, a quien también se le concedió el amparo y protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo , REQUIÉRASE nuevamente a la referida autoridad hacendaria, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la quejosa cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se detalla a continuación: NO. DE EXP. QUEJOSA RFC 1840/2014 CAMPERO Y MONROY SOCIEDAD CIVIL. CMO040318HG0 Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Finalmente, se reserva proveer lo conducente al cumplimiento dado por la autoridad responsable, respecto a la quejosa Servicios Jurídicos Cym, Sociedad Anónima de Capital Variable, hasta en tanto de cumplimiento por la amparista requerida en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Ileana Moreno Ramírez, Jueza Primera de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien actúa en unión de la secretaria Juana Adriana García Lara, que da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, signada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano federal, a través de la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por los motivos que expone en la misma. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, el presente proveído, así como el mencionado en el párrafo que antecede y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE PROVEÍDO, ASÍ COMO EL DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.
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