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Expediente 619/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2019
Partes del expediente
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Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, doce de junio de dos mil diecinueve. Juzgado acepta competencia declinada y se ordena el archivo Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado vía interconexión por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por el que acusa recibo del oficio por medio del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y sus anexos; e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. De lo anterior se toma conocimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por ***********, apoderada legal de **********, lo que acredita en términos de la copia certificada del instrumento notarial número ***********, pasada ante la fe del Notario Público número ********** en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombres, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por éste órgano jurisdiccional en auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (fojas 18 a 23); al respecto se provee: Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, documentos anexos y del escrito de desahogo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por la Comisión Federal de Competencia Económica en el expediente número ***********, por el que declaró improcedente la denuncia que presentó la quejosa por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas. Incompetencia por materia En primer término, debe señalarse que mediante Acuerdo CCNO/17/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de juicios especificados en el propio acuerdo Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 1, 2 y 4 de dicho Acuerdo prevén: QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 1. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, turnará a partir del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 150 nuevos juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con el objeto de que los órganos auxiliares los tramiten y resuelvan. [.] Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y turnará por día los primeros quince juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, hasta completar 150 expedientes. [.] Artículo 4. Los Juzgados de Distrito Auxiliares tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo. De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. En ese sentido, para conocer los asuntos que son competencia de este juzgado auxiliar, en su función ordinaria de juzgado de distrito especializado en la materia administrativa, resulta indispensable hacer referencia al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del artículo transcrito se desprende cuáles son los asuntos que son competencia legal de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, de manera que atendiendo al principio de legalidad, el cual establece que las autoridades sólo pueden hacer lo que tienen expresamente permitido, los juicios que no se ubiquen en tales supuestos no pueden ser del conocimiento de dichos órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) de la Segunda Sala, para determinar la competencia de los órganos de amparo es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, toda vez que este criterio es el que tomó en cuenta el legislador al delimitar la competencia de los juzgadores federales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, es menester apuntar que el conocimiento de los actos que por esta vía se reclaman no corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, sino a uno especializado en Competencia Económica, por las consideraciones siguientes: El aspecto esencial conforme al cual se determina la competencia por materia a favor de algún órgano jurisdiccional, reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica del acto impugnado, para ello, es necesario precisar en primer término las autoridades responsables y los actos reclamados. En el caso concreto, la quejosa reclama el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por la Comisión Federal de Competencia Económica en el expediente número **********, por el que declaró improcedente la denuncia que presentó la quejosa por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal advierte que carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, conforme a los siguientes argumentos: Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de Tribunales especializados en las materias administrativa, civil, penal o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Ahora bien, en el caso de la materia administrativa, además, se encuentran los Juzgados y Tribunales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, a quienes de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les reserva la jurisdicción en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Las referidas cuestiones pueden dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo, en cuyo caso se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de los conceptos de violación, las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 1773, tomo XVIII, agosto de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183506, del rubro y texto siguientes: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." De los criterios transcritos, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los Juzgados o Tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. En ese sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fija la competencia por materia, estableciendo entre otras, la de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, destacando además el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y se instituyeron los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como del "Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región", emitido por el Consejo de la Judicatura Federal del siete de ese mismo mes y año, mediante el cual fija la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república. De éste último se advierte en sus artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, lo siguiente: ".SEGUNDO. A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. OCTAVO. A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. (.) Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo. DÉCIMO SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, para quedar como se indica a continuación: I. Se modifica el punto QUINTO, inciso 1, para quedar como sigue: (.) II. Se adiciona un punto SEXTO y se recorren los subsecuentes como SÉPTIMO y OCTAVO para quedar como sigue: SEXTO. Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, integrado por: dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados de circuito." De lo anterior, se advierte que en materia de competencia económica, respecto de la creación de los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ya que su objeto es que las autoridades judiciales que tengan los conocimientos técnicos específicos, sean las que resuelvan sobre la legalidad de los actos que se emitan en dichas materias, pues a través del mismo, se pretendió establecer una sola vía para la impugnación de actos emitidos por órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión con la finalidad de evitar criterios contradictorios que complicaran la aplicación de la ley y generaran incertidumbre jurídica. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por la Comisión Federal de Competencia Económica en el expediente número ***********, por el que declaró improcedente la denuncia que presentó la quejosa, en virtud de que consideró que de la denuncia no se desprendía ninguna causa objetiva en términos del artículo 71 de la Ley de Competencia Económica. En ese sentido, la parte quejosa manifestó que los argumentos de la responsable para desechar la denuncia solicitada son los siguientes: Que se advertía que la denuncia y los documentos que se acompañaron a la misma, que no se actualizaba ninguna violación a la Ley de Competencia Económica. Que de la denuncia no se desprende ninguna causa objetiva en términos dl artículo 71 de la Ley de Competencia Económica. Que la no existencia de causa objetiva tiene sustento en el principio que rige al criterio de la tesis AISLADA con número de registro 181771. Que es notoriamente improcedente la denuncia por la ausencia de algunos de los requisitos establecidos en dicha Ley de Competencia Económica Ahora bien, el contenido del artículo 71 de la Ley de Competencia Económica, prescribe lo siguiente: LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Sección II Del Desahogo de la Investigación "Artículo 71. Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se requerirá de una causa objetiva. Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas. El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio respectivo y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días. Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la Autoridad Investigadora." En ese contexto, la parte quejosa se duele fundamentalmente de que la actuación de la autoridad responsable es incorrecta, toda vez que a su parecer hay indicios de clonación del acta constitutiva de su representada, así como de los formatos que utiliza para el desempeño en la rama automotriz, con lo cual dice hay una competencia ilícita, al permitírsele a la empresa denunciada participar en licitaciones, generándose competencia desleal y privándola de una ganancia, cuestiones que invariablemente tienen que ser analizadas bajo la óptica de las normas que rigen la competencia económica. Sobre tales premisas, tomando en consideración que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, es por lo que se considera que la competencia para conocer del presente juicio recae en un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. Por lo tanto, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver este juicio de amparo, toda vez que se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y se instituyeron los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones y el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de materia, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinara mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/17/2018 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa. Por ello, este juzgador estima que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en su caso, declararse legalmente incompetente, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/17/2018 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón." Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que existe discrepancia entre criterios de la misma jerarquía e igualmente obligatorios para este juez de distrito. Lo anterior, aunado a que la disidencia de tales criterios ya fue denunciada en la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno, por lo que no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Remisión al juzgado competente Por las razones expuestas, este juez de distrito considera que es incompetente, por razón de materia, para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, para su conocimiento, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Lista Juez de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común. Oficio
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por quien se ostenta como *********** representante de la parte quejosa en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa del que se advierte que la firma estampada en dicho escrito difiere visiblemente del presentado en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, requiérase al promovente, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, se presente en las instalaciones de este juzgado a efecto de que reconozca y ratifique la autenticidad de la firma estampada en el ocurso de cuenta, en virtud de que difiere ostensiblemente con la estampada en el escrito inicial de demanda presentado en este juzgado, y una vez hecho lo anterior se proveerá lo que en derecho corresponda en relación al contenido de su escrito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el libelo de referencia. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385, del rubro y contenido siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista
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