Servicio Postal Mexicano
Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Servicio Postal Mexicano
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio remitido por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que remite la resolución pronunciada el once de febrero del año en curso, en el toca x/2020, de la que se desprende que en su único punto resolutivo desechó el recurso de queja interpuesto por x, autorizada de la quejosa x, en contra del acuerdo emitido por este juzgado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en el que se dejó de tener como autoridad responsable en este asunto al Director General de Recursos Humanos de la Tesorería de la Federación, domiciliado en la Ciudad de México. Se tiene por recibido el testimonio de referencia. Acúsese recibo. Ahora bien, dado que el curso de este juicio se encuentra suspendido con motivo de los recursos de queja interpuestos por la parte quejosa, de los cuales, en este auto se tiene por recibida la determinación que resolvió uno de ellos; se reserva proveer respecto al contenido del oficio de cuenta que remitió la Superioridad, hasta en tanto obre la ejecutoria que se dicte en el diverso toca x/2020. Por ello, solicítese al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para que de la manera más atenta y de no existir inconveniente alguno de su parte, informe el trámite seguido al aludido toca x/2020, que se formó con motivo el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Ahora, como de autos se advierte que las autoridades responsables no han informado las gestiones sobre el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en este asunto, toda vez que el último dato que el Tribunal laboral en esta ciudad, comunicó a este Juzgado, fue que su homólogo en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido el exhorto *******, comisionando al actuario de esa adscripción para efecto de notificar al ratificante *********, sin que a la fecha haya informado a este órgano de control constitucional el total cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de garantías. Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de la legal notificación de este auto: a) informen si se desahogó la diligencia de ratificación de firma a cargo ********, dentro del juicio laboral de origen, y de haber acontecido, remitan las constancias que justifiquen su verificación, b) también deberán enviar copias certificadas, completas y legibles de la diligencia de inspección ocular ofrecidas por los aquí quejosos, en el juicio d de origen. Con el apercibimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, se harán acreedoras, cada una, a multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con 62/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil diecinueve, en relación con lo establecido por el artículo 260, fracción II de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de la responsable en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en la nueva legislación de la materia, siempre y cuando este juzgado califique que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, once de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por *******, quien se ostenta apoderado legal del ******, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen a la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 115/2021-IV-A. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. Ahora, del análisis de la demanda de garantías, se desprende que *******, comparece como apoderado legal del ******; sin embargo, exhibe en copia simple el documento con el que pretende acreditar dicha personalidad, mismo que no corresponde a un documento del cual pueda declararse que se trata de copia íntegra e inalterable, por lo que, se tiene que el mismo, no exhibe documento idóneo con el cual acredite la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio. Por tanto, en atención al derecho fundamental de administración de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de acordar sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracción III en relación con el 108, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se previene al promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: Único. Exhiba el documento o constancia idónea que acredite su personalidad como apoderado o representante legal del directo agraviado ******; lo anterior en términos y para efectos del numeral 6° de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que este Juzgado tiene el deber de constatar la personalidad de quienes se ostentan representantes de las partes. Apoya esta determinación la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:1 "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este Alto Tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la Compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de PERSONALIDAD EN EL AMPARO EXAMINARLAS EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que el juez de distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, si no al recibirla demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el juez así lo reconozca el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el Tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Debiendo anexar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para notificar a cada una de las partes. Apoya esta determinación la tesis P./J.36/2001 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone:2 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de amparo vigente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Se apercibe al promovente, si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que él, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constan con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio del escrito que se provee, y como autorizados pero con las limitaciones que establece la parte final de segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las personas que señala, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil cinco, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo materia del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Notifíquese personalmente.
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