Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
Expediente 449/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del presente asunto, el oficio 30473/2019, remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; en su atención, se provee: Téngasele acusando recibo del oficio 12424/2019, de veintiuno de junio del año en curso, a través del cual se le remitieron las constancias originales del juicio de amparo 449/2019 (del índice de este juzgado). A su vez, del contenido del acuerdo de veintiséis de este mes y año, que emitió se desprende que no insiste en declinar la competencia. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el presente legajo de antecedentes como asunto concluido. Como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Recepción de incompetencia. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 28699/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 825/2019, índice de la autoridad judicial oficiante, promovido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por conducto de *** con el carácter que ostenta, contra actos de la autoridad responsable denominada Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en San Pedro Garza García, Nuevo León, a través del cual declina competencia a este Juzgado. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo 449/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado. Del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es: De la autoridad señalada en el inciso a) se reclama: LA RESOLUCIÓN EMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 600-17-2019-0780, DE 06 DE MAYO DE 2019 POR EL SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DE COAHUILA DE ZARAGOZA "3" ADSCRITA A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR EL QUE DA RESPUESTA AL OFICIO DCB/DEBM/CJBM/ATRE/L/0259/2019 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019, CON MOTIVO DEL RESARCIMIENTO ECONOMICO AUTORIZADO A FAVOR DE LA C. NORMA GUADALUPE TOVAR, NOTIFICADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES EL 22 DE MAYO 2019. De la autoridad señalada en el inciso b) se reclaman: LA RESOLUCIÓN EMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO OFICIO 600-17-00-01-01-2018-2090 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 POR EL ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO JURÍDICO DE COAHUILA DE ZARAGOZA "3" ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR EL QUE SE DETERMINA EXPEDIR EL TITULO DE CRÉDITO A FAVOR DE LA C. NORMA GUADALUPE TOVAR POR LA CANTIDAD DE $329,722,56, SEÑALADA COMO MONTO TOTAL A PAGAR ACTUALIZADO, POR CONCEPTO DE RESARCIMIENTO. LA OMISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO JURÍDICO DE COAHUILA DE ZARAGOZA "3" ADSCRITO A LA ADMINISTRATICÓN GENERAL JURÍDICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE APLICAR EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2018. De la autoridad señalada en el inciso c), se reclama: LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2018, EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, TODA VEZ QUE OMITIO LLAMAR A MI REPRESENTADA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De las autoridades señaladas en los incisos a) y b), se reclaman: CUALESQUIERA OTROS ACTOS, PROCEDIMIENTOS Y/O JUICIOS DE NULIDAD RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ADUANERA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, EN LOS QUE SE RECLAME COMO PRESTACIÓN EL RESARCIMIENTO DEL PARTICULAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA Y QUE INEVITABLEMENTE PUEDA CAUSAR UN PERJUICIO EN EL PATRIMONIO DEL QUEJOSO. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". IV. No se acepta la competencia. En el caso concreto, el argumento toral del Juzgado oficiante para declinar la competencia a este órgano jurisdiccional, es que la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil dieciocho, por la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, con domicilio en Piedras Negras, Coahuila, en el juicio de nulidad 368/17-EC2-01-7-OT, y los oficios 600-17-2019-0780 de seis de mayo de dos mil diecinueve y 600-17-00-01-01-2018-2090, derivados de su cumplimiento se están ejecutando en el lugar que ocupa dicha sala, pues es el domicilio donde se tramitó el juicio de nulidad referido. Es decir, considera que el acto combatido en amparo indirecto, tiene ejecución material en la jurisdicción territorial de este Juzgado, sustentando su decisión en una premisa errónea, pues la autoridad responsable Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, tiene su domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo en esa ciudad en la que se tramitó el juicio de nulidad de origen. Ahora bien, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la promovente de amparo, se aprecia que el acto reclamado toral lo constituye la sentencia definitiva de dos de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad número 368/17-EC2-01-7-OT. Sin embargo, resulta necesario destacar primero, que dicho fallo se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 527/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, relacionado con el resarcimiento económico solicitado por Norma Guadalupe Tovar contra la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza "3" del Servicio de Administración Tributaria; y, por otra que tal determinación reclamada carece de ejecución material, al no ser susceptible de constituir o modificar derechos, ya que el objeto de dicha instancia se limita a que la Sala Fiscal en mención declare la validez o no de la resolución impugnada, decidiendo sobre lo fundado o infundado el planteamiento de quien promueve. Incluso en el hipotético caso de que se determinara que la autoridad demandada no acató en sus términos la sentencia, la consecuencia jurídica sería que se continuara con la etapa de cumplimiento, pues debe recordarse que por regla general las sentencias de los Tribunales Federales de Justicia Administrativa, en los juicios de nulidad, se limitan a reconocer la validez de la resolución administrativa impugnada o declarar su nulidad, dejando en su caso expedito el derecho de la autoridad demandada de llevar a cabo su propia determinación; por lo cual, no tienen ejecución alguna. Es aplicable la jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, volumen 48, tercera parte, Séptima Época, con registro electrónico 238724, que establece: "SENTENCIAS DE JUICIOS DE NULIDAD FISCAL. EFECTOS. SON DECLARATIVAS NO CONSTITUTIVAS Y CARECEN DE EJECUCION. Como las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, en tratándose de juicios de nulidad, no son constitutivas de derechos, sino únicamente declarativas, no pueden tener ejecución alguna, ya que se limitan a reconocer la validez de la resolución administrativa o declarar su nulidad. En tal virtud, al emitir una Sala del Tribunal Fiscal sentencia reconociendo la validez de la resolución ante ella impugnada, no se ejecuta dicha sentencia sino que se deja expedito el derecho de las autoridades fiscales para llevar al cabo su propia determinación". Por tanto, los argumentos señalados por la autoridad judicial declinante para fincar la competencia no son aplicables al caso concreto y por ello, no se comparte el criterio sustentado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el sentido de que éste órgano jurisdiccional sea el competente para conocer de la demanda. Para ello, es menester destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal se desprende que las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, son: a) La primera regla competencial se refiere que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda se refiere que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presente la demanda; y c) La regla número tres se aplica cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, entonces de manera precisa establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, se desprende que el acto que la parte promovente combate encuadra en la tercera regla de competencia, pues tiene el carácter de declarativo, ya que la resolución reclamada no tiene ejecución material, pues con su sólo pronunciamiento surtió sus efectos. Esto es así, pues el dos de agosto de dos mil dieciocho, la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los autos del juicio de nulidad 368/17-EC2-01-7-OT y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo de cinco de julio de ese mismo año, emitió sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución de oficio 600-17-00-01-01-2017-0301 de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza "3", para que efectuara el resarcimiento económico conforme a lo indicado por el Tribunal Colegiado. De ahí que la emisión de los oficios 600-17-2019-0780 de seis de mayo de dos mil diecinueve y 600-17-00-01-01-2018-2090 de doce de diciembre de dos mil dieciocho, por el Subadministrador y Administrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Coahuila de Zaragoza "3" adscritos a la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente; en los que, por una parte se le da respuesta a un diverso comunicado de la promovente y por otro, se determina expedir un título de crédito a favor de Norma Guadalupe Tovar, por concepto de resarcimiento económico; e igualmente se le informa a la impetrante que dicha determinación fue emitida en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Fiscal multireferida; de lo que se obtiene que éstos son, en su caso, consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como inclusive lo hace ver la autoridad judicial declinante. Por tanto, la presente demanda surte a favor del órgano ante el cual se presentó la demanda, conforme a la tercera regla de competencia. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J 17/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página quinientos, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, de registro 2006529, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página treinta y uno, del Tomo Tercera Parte (sic), CXXXII, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 265054, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. ACTO QUE NO ADMITE O NO REQUIERE EJECUCION MATERIAL. Cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente para conocer del amparo relacionado es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto". Además, orienta la anterior consideración, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia XXI.4º. J/6, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1499, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época, (registro: 179650), del tenor: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. La sentencia de segunda instancia que confirma una interlocutoria de primer grado en la que se resuelve un incidente, que por su intrínseca naturaleza produzca efectos meramente declarativos y, por lo mismo, carezca de ejecución material, se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en términos del cual la autoridad competente para conocer del juicio de garantías, es el Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la autoridad que dictó la sentencia reclamada; de ahí que la sentencia dictada por una Sala que confirmó la interlocutoria de primera instancia sea una resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio que por su propia naturaleza constituye una determinación de carácter declarativo pues, por sus efectos, únicamente clarifica el derecho obtenido con la sentencia definitiva, sin imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la Sala que dictó la sentencia reclamada, la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin que sea obstáculo que también se reclamen actos de ejecución atribuidos al Juez de primera instancia de otra jurisdicción, porque no se combaten por vicios propios, sino sólo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por la autoridad ordenadora." En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de la Materia, no se acepta la competencia declinada, y se ordena devolver el presente expediente y sus anexos, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como la decisión adoptada al respecto. V. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. VI. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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