Servando Trinidad García

Expediente 824/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 27 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
824/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Servando Trinidad García
  • Juez Séptimo de lo Civil del distrito judicial del centro, actualmente Juzgado Octavo de lo Familiar y conclusión de asuntos del Juzgado Séptimo de lo Civil del distrito judicial del centro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    P 824/2022 mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio de la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del a) original del escrito en el que se interpuso el recurso de revisión, b) el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, y c) dos tomos de pruebas. Además, informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, radicándolo con el amparo en revisión ******************** de su estadística. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P. 824/2022-mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes en este juicio de amparo quedaron notificadas de la sentencia engrosada el veintiocho de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, así como del acuerdo de veintitrés de mayo de este año, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de referencia. 2. Remisión al Tribunal de Alzada. Por tanto, queda integrado el expediente; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, a) el expediente electrónico de este juicio, b) el original del citado recurso de revisión y c) dos tomos de pruebas. 3. Cuaderno de antecedentes y vinculación electrónica. Sin que se estime necesario formar cuaderno de antecedentes, debido a que se remite electrónicamente el juicio de amparo; asimismo, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada correspondiente pueda consultar este expediente a través de esa vía. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Pral. 824/2022-mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por ********************, por el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios; en esas condiciones, se provee: 2. Se interpone recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha parte procesal interponiendo recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintiocho de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo cual, en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias simples del escrito de expresión de agravios entre las demás partes (con excepción de la parte promovente) y, en su oportunidad, remítase a) el escrito original en el que se interpone el recurso de revisión, b) el expediente electrónico de este juicio de amparo, y c) dos tomos de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para el trámite del referido recurso. 3. Cuaderno de antecedentes y remisión del expediente. Una vez que este expediente se encuentre integrado para su envío al Tribunal de Alzada, envíese el expediente electrónico a la superioridad para el trámite respectivo; por lo anterior, resulta innecesario formar el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo ********************, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en este municipio, el doce de julio de dos mil veintidós y turnado en este Juzgado, el trece de julio de ese mismo año, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del ********************, ********************, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de catorce de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente ******************** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de la persona jurídica "********************", sociedad anónima de capital variable, la que quedó emplazada el nueve de noviembre de dos mil veintidós; en tanto que, respecto a la diversa tercera interesada, ******************** su emplazamiento se ordenó por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, quien quedó emplazada el veintisiete de febrero de este año. Previo el trámite correspondiente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ******************** es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no solo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del ********************, ********************: El auto de dieciséis de mayo de dos mil once, por el cual se agregó el avaluó emitido por el perito de la parte actora y por el que se fijó como postura legal las dos terceras partes de la cantidad de $********************(********************). La resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil once, por el cual se aprobó y fincó el remate del inmueble hipotecado identificado como lote de terreno ubicado en la calle ******************** y ********************, ********************, población de ********************, ********************, ********************. El auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se ordenó remitir los autos originales del juicio sumario hipotecario ******************** al notario público ******************** del Estado de ********************, para requerir a la parte demandada, aquí quejosa, acuda de forma voluntaria a firmar la escritura de adjudicación a favor de la parte actora. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable, juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del ********************, ********************, aceptó la existencia de los actos reclamados. Al respecto, manifestó que en ese juzgado se tramita el juicio sumario hipotecario ********************, en el que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós se ordenó remitir los autos originales del juicio sumario hipotecario al notario público ******************** del Estado de ********************, para requerir a la parte demandada, aquí quejosa, acuda de forma voluntaria a firmar la escritura de adjudicación a favor de la parte actora. Certeza que se acredita con la copia certificada de diversas constancias que remitió la autoridad responsable; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia respecto a los actos reclamados señalados en los puntos I y II del considerando segundo de esta sentencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis del juicio de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, de la propia Ley de Amparo, o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese contexto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". (Lo resaltado es propio). Del texto transcrito se advierte que en el procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo es procedente cuando el acto reclamado sea la última resolución dictada en aquél; pudiendo reclamarse las demás violaciones cometidas en ese período que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. El legislador definió qué se debe entender por la expresión "última resolución"; a saber: a) la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, b) declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. Es importante mencionar que la limitación de actos contra los que procede el juicio de amparo tiene como finalidad no retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia, pues se prioriza que la sentencia se ejecute lo más pronto posible. Sin embargo, esas hipótesis no son absolutas, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre la sustentada por la primera y segunda sala, estimó que tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes, siempre y cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos. b) Que esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada; es decir, independientes a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. Criterio que dio origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Es decir, a pesar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo no prevé la procedencia del amparo contra actos intermedios en la etapa de ejecución, de acuerdo con el criterio citado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí es factible promover el juicio de amparo indirecto contra actos intermedios en la ejecución, siempre y cuando el acto afecte derechos sustantivos de difícil reparación. Ahora, la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de dieciséis de mayo de dos mil once, por el cual se agregó el avaluó emitido por el perito de la parte actora y por el que se fijó como postura legal las dos terceras partes de la cantidad de $********************(********************). La resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil once, por el cual se aprobó y fincó el remate del inmueble hipotecado identificado como lote de terreno ubicado en la calle ******************** y ********************, ********************, población de ********************, ********************, ********************. Sin embargo, tales actos no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en la primera determinación se agregó el avaluó emitido por el perito de la parte actora y se fijó como postura legal las dos terceras partes de la cantidad de $********************(********************); en tanto que en la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil once se aprobó y fincó el remate del inmueble hipotecado identificado como lote de terreno ubicado en la calle ******************** y ********************, ********************, población de ********************, ********************, ********************. En ese sentido, los actos reclamados no pueden ser considerados como la última resolución que se ha dictado en el procedimiento de ejecución; por tanto, el amparo indirecto se torna improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución; de ahí que los referidos actos reclamados no afectan sus derechos sustantivos de manera irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 1********************639, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado señalado en el punto III del considerando segundo de esta sentencia. Del análisis del juicio de amparo se advierte que respecto al acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se ordenó remitir los autos originales del juicio sumario hipotecario ******************** al notario público ******************** del Estado de ********************, para requerir a la parte demandada, aquí quejosa, acuda de forma voluntaria a firmar la escritura de adjudicación a favor de la parte actora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII y XIV, de la Ley de Amparo, pues es consecuencia de una actuación diversa que la quejosa consintió, de manera tácita. Al respecto, tales preceptos disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Dicha circunstancia legal se configura, ya que para poder sostener que un acto es consecuencia de otro consentido, se necesita que exista un procedimiento que relacione diversas actuaciones en que algunas de ellas constituyan el antecedente de la otra, condicionándolas y determinándolas. A fin de demostrar lo anterior y para mejor comprensión del sentido que regirá en este fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en el expediente civil ********************; y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, al tener el carácter de documento público de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado; por ser expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; mismos que se citan en los términos siguientes: Ante el Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del ********************, ******************** se tramitó el juicio en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción hipotecaria, promovido por "********************", ******************** contra ******************** y otra. Seguido el juicio, el veintiséis de junio de dos mil siete se dictó la sentencia, en la cual se condenó a ******************** y a otra, al pago de diversas prestaciones. En el procedimiento de remate relativo al juicio sumario hipotecario ********************, donde el quejoso ******************** es parte demandada y seguido el juicio en su trámite, la parte actora "********************", ********************, promovió un incidente de liquidación de intereses, mismo que se resolvió en interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil nueve, y en el cual se aprobó la planilla de liquidación respectiva. Mediante escrito de once de febrero de dos mil once el apoderado legal de la parte actora, entre otras cuestiones, nombró al arquitecto ******************** como perito valuador con el objetivo de rematar el inmueble por el que se celebró el contrato de mutuo con interés hipotecario y garantía hipotecaria, consistente en el bien inmueble ubicado en la calle ******************** y ********************, ********************, ********************, ********************, ********************. Mediante auto de quince de febrero de dos mil once se agregó el referido escrito a través del cual también se anexó un certificado de gravamen con folio ******************** en el que se advirtió que no existía acreedor alguno para ser llamado para intervenir en el avaluó y subasta del bien inmueble hipotecado en el juicio natural. Además, se precisó que la parte demandada no cumplió voluntariamente con la sentencia dictada en autos, por lo cual en términos del artículo 53 del Código Procesal Civil se declaró perdido el derecho que tuvieron para hacerlo y se procedió a pasar a la fase de avalúos. En ese aspecto se tuvo como perito valuador de la parte actora al arquitecto ******************** y se requirió a la parte perdidosa para que dentro del plazo de tres días designara a un perito de su parte, apercibiéndola que, no hacerlo, se tendría conforme con el que emitiría su contraria. Mediante diligencia de ocho de abril de dos mil once se discernió del cargo al perito valuador de la parte quejosa. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil once se agregó el dictamen en avaluó en relación al bien inmueble hipotecado en la forma y términos en que lo realizó. Además se hizo efectivo el apercibimiento formulado a la parte demandada en auto de quince de febrero de dos mil once y se precisó que se tenía por conforme con el dictamen emitido por el perito valuador de su contraria. El cinco de septiembre de dos mil once se celebró la audiencia de remate en primera almoneda, en la que la parte actora solicitó la adjudicación del inmueble hipotecado por las dos terceras partes del avalúo asignado y se citó a las partes para oír la resolución conforme a derecho. El veintinueve de septiembre de dos mil once se dictó resolución y se declaró fincado y aprobado el remate del inmueble hipotecado a favor de la parte actora. El dieciocho de noviembre de dos mil once se declaró firme esa resolución y se ordenó remitir los autos al notario público ******************** en el Estado de ******************** a fin de que elaborara la escritura y requiriera a los demandados para que en el plazo de tres días comparecieran a firmar la escritura correspondiente, con apercibimiento que de no hacerlo el personal de ese juzgado lo haría en su rebeldía. El siete de febrero de dos mil doce se tuvo a dicho notario exhibiendo el instrumento notarial relativo a la diligencia de requerimiento otorgada a favor de la parte actora y remitiendo los autos originales. El veintisiete de febrero de dos mil doce se ordenó remitir nuevamente los autos originales al notario público ******************** en el Estado para que elaborara la escritura de adjudicación, haciéndole de su conocimiento que esa autoridad jurisdiccional firmaría la escritura en rebeldía de la parte demandada. El trece de agosto de dos mil trece se tuvo por recibido nuevamente los autos originales que devolvió el notario público ******************** en el Estado de ******************** e informó no se elaboró la escritura de adjudicación. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, a solicitud de la parte actora, se ordenó nuevamente turnar los autos del juicio sumario hipotecario ******************** de la estadística de la autoridad responsable, al notario público ******************** en el Estado de ********************, a fin de que elabore la escritura de adjudicación y requiera a los demandados para que en el plazo de tres días comparezcan a firmar la escritura de adjudicación; con el apercibimiento que, de no hacerlo, el personal de ese Juzgado lo hará en su rebeldía. Esta última determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, que la parte quejosa refiere constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate y en el que controvirtió las diversas violaciones procesales incurridas, según refiere, durante la etapa de remate. Ahora, la hipótesis de la causa de improcedencia invocada se configura en la especie, porque, como se aprecia del juicio de origen, la última resolución dictada en el procedimiento del remate se dictó el dieciocho de noviembre de dos mil once pues en esa fecha se ordenó remitir los autos al notario público ******************** en el Estado de ******************** a fin de que elaborara la escritura y requiriera a los demandados para que en el plazo de tres días comparecieran a firmar la escritura correspondiente, con apercibimiento que, de no hacerlo, el personal de ese juzgado lo haría en su rebeldía. Actuación contra la cual la parte aquí quejosa nunca optó por inconformarse; silencio que constituye una manifestación expresa de su conformidad con el auto que ordenó poner a disposición de la Notaría Pública ******************** en el Estado de ******************** los autos del juicio de origen para que se tirara la escritura de adjudicación del inmueble rematado, y en el que se les apercibió que, de no hacerlo, el juzgado lo haría en su rebeldía; por lo cual, de manera tácita implica un consentimiento de la última actuación dictada en el procedimiento de remate. Y si bien, con posterioridad el juez responsable dictó el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós (este último que a aduce la quejosa es el acto reclamado en este juicio constitucional) y en este se reiteró que los autos quedaban a disposición del notario público para que se protocolizaran las escrituras de adjudicación, lo cual significa que ambos autos son de un contenido similar; sin embargo, esto no es motivo suficiente para permitir a la parte quejosa impugne un auto que consintió, pues este último es una consecuencia del auto de dieciocho de noviembre de dos mil once, que el quejoso consintió tácitamente; por tanto, a partir del auto de dieciocho de noviembre de dos mil once tuvo conocimiento de la orden de tirar la escritura de adjudicación; además, que se puso a disposición del fedatario público el expediente original. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, mayo de 19********************, página 582, Novena Época, registro 202345, del rubro siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". También se cita la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 91-********************, Sexta Parte, página 16, registro 253332, del texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. AUTOS. Si el auto que se precisa como acto reclamado es una derivación de otros emitidos con anterioridad, sustancialmente en el mismo sentido, resulta un acto consentido". En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se ordenó remitir los autos originales del juicio sumario hipotecario ******************** al notario público ******************** del Estado de ********************, para requerir a la parte demandada, aquí quejosa, acuda de forma voluntaria a firmar la escritura de adjudicación a favor de la parte actora. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo que se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados al Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del ********************, ********************, consistentes en: El auto de dieciséis de mayo de dos mil once, por el cual se agregó el avaluó emitido por el perito de la parte actora y por el que se fijó como postura legal las dos terceras partes de la cantidad de $********************(********************). La resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil once, por la cual se aprobó y fincó el remate del inmueble hipotecado identificado como lote de terreno ubicado en la calle ******************** y ********************, ********************, población de ********************, ********************, ********************. El auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se ordenó remitir los autos originales del juicio sumario hipotecario ******************** al notario público ******************** del Estado de ********************, para requerir a la parte demandada, aquí quejosa, acuda de forma voluntaria a firmar la escritura de adjudicación a favor de la parte actora. Por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de ********************, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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