Servando Santacruz Simental

Expediente 1429/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1429/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Servando Santacruz Simental

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    I. Causa Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo en el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. IV. Devolución de constancias a la autoridad responsable. Toda vez que no se hace necesario seguir conservando las constancias que se remitieron por la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila, de las que se desprende el acto reclamado, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, es apta para acreditar su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 29/05/2023. En la especie, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de la autoridad sustituta, Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón, Coahuila, la omisión de acordar el escrito de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que solicita se provea sobre el cumplimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral ********************. En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Luego, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso sometido a estudio, de los anexos del informe justificado se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón, Coahuila, dictó un proveído el catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que tuvo por recibido el escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, presentado por el licenciado ********************en el que solicitó la ejecución del laudo, y se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación, acreditara el cumplimiento a lo condenado en dicho laudo. De igual forma, en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, regularizó el procedimiento, en virtud que en el auto reseñado en el párrafo anterior, asentó que se proveía sobre el escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, empero, lo correcto era que el ocurso exhibido era de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, subsistiendo en todo su demás contenido. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documentos públicos, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se acordó la promoción presentada por el apoderado legal de la parte actora Servando Santacruz Simental en el juicio de origen, requiriendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cumplimiento al laudo. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las diez horas con cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En la especie, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de la autoridad sustituta, Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón, Coahuila, la omisión de acordar el escrito de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que solicita se provea sobre el cumplimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral ********************. En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Luego, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso sometido a estudio, de los anexos del informe justificado se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Torreón, Coahuila, dictó un proveído el catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que tuvo por recibido el escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, presentado por el licenciado ********************en el que solicitó la ejecución del laudo, y se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación, acreditara el cumplimiento a lo condenado en dicho laudo. De igual forma, en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, regularizó el procedimiento, en virtud que en el auto reseñado en el párrafo anterior, asentó que se proveía sobre el escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, empero, lo correcto era que el ocurso exhibido era de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, subsistiendo en todo su demás contenido. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documentos públicos, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se acordó la promoción presentada por el apoderado legal de la parte actora Servando Santacruz Simental en el juicio de origen, requiriendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cumplimiento al laudo. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las diez horas con cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, con el que da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés y, remite acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, con firmas autógrafas. Con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Notifíquese.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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