Servando de Jesús Rivera Gómez

Expediente 596/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
596/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Servando de Jesús Rivera Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Por tanto, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  2. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia autorizada de la resolución constitucional pronunciada en el juicio de amparo 464/2020 4-C, y el escrito de ampliación de demanda promovido por Pedro Gómez Ramos, en su calidad de autorizado en términos amplios del quejoso ... para que se de trámite como una demanda independiente. Registro. Se ordena integ|rar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 596/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda inicial, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la siguiente jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 12, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo resulta improcedente, por las siguientes consideraciones. En efecto, la demanda de cuenta resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa del quejoso, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice. El vocablo firma y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra firma, se define como afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa (diccionario citado). El artículo 6º, de la Ley de Amparo, señala quienes pueden promover el juicio de amparo, esto es, por el sujeto a quien perjudique el acto reclamado, por su representante legal, por un defensor, o por cualquier persona en los casos en que la Ley de la Materia lo permita expresamente, y en el presente caso el promovente se ostenta como autorizado en términos amplios del directamente agraviado. Ahora bien, debe señalarse que el autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para presentar demanda a favor de la parte quejosa, en virtud de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea signada por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el Titular de la acción, o en su caso, por su representante legal y no puede ser sustituida por el autorizado para atender procesalmente al juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Tesis Jurisprudencial 1ª./J. 37/2011. "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4º de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6º, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrama del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011) Ahora, debe señalarse que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, es una excepción a las hipótesis que refiere el mencionado artículo 6º, de la misma Ley, lo cierto es que dicho numeral señala específicamente en qué circunstancias puede cualquier persona promover el juicio de garantías y atendiendo a que en el presente asunto no se tildan de inconstitucionales actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; pues la omisión de dar respuesta a las peticiones de los escritos presentados el diecisiete de agosto y dos de septiembre de dos mil veinte, es un acto de molestia que no encuadra en ninguna de las circunstancias a que refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 12, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ...

  3. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia autorizada de la resolución constitucional pronunciada en el juicio de amparo 464/2020 4-C, y el escrito de ampliación de demanda promovido por Pedro Gómez Ramos, en su calidad de autorizado en términos amplios del quejoso ... para que se de trámite como una demanda independiente. Registro. Se ordena integ|rar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 596/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda inicial, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la siguiente jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 12, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo resulta improcedente, por las siguientes consideraciones. En efecto, la demanda de cuenta resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa del quejoso, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice. El vocablo firma y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra firma, se define como afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa (diccionario citado). El artículo 6º, de la Ley de Amparo, señala quienes pueden promover el juicio de amparo, esto es, por el sujeto a quien perjudique el acto reclamado, por su representante legal, por un defensor, o por cualquier persona en los casos en que la Ley de la Materia lo permita expresamente, y en el presente caso el promovente se ostenta como autorizado en términos amplios del directamente agraviado. Ahora bien, debe señalarse que el autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para presentar demanda a favor de la parte quejosa, en virtud de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea signada por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el Titular de la acción, o en su caso, por su representante legal y no puede ser sustituida por el autorizado para atender procesalmente al juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Tesis Jurisprudencial 1ª./J. 37/2011. "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4º de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6º, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrama del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011) Ahora, debe señalarse que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, es una excepción a las hipótesis que refiere el mencionado artículo 6º, de la misma Ley, lo cierto es que dicho numeral señala específicamente en qué circunstancias puede cualquier persona promover el juicio de garantías y atendiendo a que en el presente asunto no se tildan de inconstitucionales actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; pues la omisión de dar respuesta a las peticiones de los escritos presentados el diecisiete de agosto y dos de septiembre de dos mil veinte, es un acto de molestia que no encuadra en ninguna de las circunstancias a que refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 12, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ...

  4. Principal

    notificación por lista.-Acuerdo: Promoción. Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia autorizada de la resolución constitucional pronunciada en el juicio de amparo 464/2020 4-C, y el escrito de ampliación de demanda promovido por Pedro Gómez Ramos, en su calidad de autorizado en términos amplios del quejoso ... para que se de trámite como una demanda independiente. Registro. Se ordena integ|rar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 596/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda inicial, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la siguiente jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 12, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo resulta improcedente, por las siguientes consideraciones. En efecto, la demanda de cuenta resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa del quejoso, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice. El vocablo firma y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra firma, se define como afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa (diccionario citado). El artículo 6º, de la Ley de Amparo, señala quienes pueden promover el juicio de amparo, esto es, por el sujeto a quien perjudique el acto reclamado, por su representante legal, por un defensor, o por cualquier persona en los casos en que la Ley de la Materia lo permita expresamente, y en el presente caso el promovente se ostenta como autorizado en términos amplios del directamente agraviado. Ahora bien, debe señalarse que el autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para presentar demanda a favor de la parte quejosa, en virtud de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea signada por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el Titular de la acción, o en su caso, por su representante legal y no puede ser sustituida por el autorizado para atender procesalmente al juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la Tesis Jurisprudencial 1ª./J. 37/2011. "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4º de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6º, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrama del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011) Ahora, debe señalarse que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, es una excepción a las hipótesis que refiere el mencionado artículo 6º, de la misma Ley, lo cierto es que dicho numeral señala específicamente en qué circunstancias puede cualquier persona promover el juicio de garantías y atendiendo a que en el presente asunto no se tildan de inconstitucionales actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; pues la omisión de dar respuesta a las peticiones de los escritos presentados el diecisiete de agosto y dos de septiembre de dos mil veinte, es un acto de molestia que no encuadra en ninguna de las circunstancias a que refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 12, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ...

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