Servando Alberto Garcia Reyna

Expediente 949/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
949/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Servando Alberto Garcia Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta a nombre de José Manuel Morín Cabrera, en virtud de que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, y ante la multitud de ocasiones en que se ha variado de domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Servando Alberto García Reyna, por propio derecho y en representación de sus menores hijos O.A.G.L y D.F.G.L., con ocho copias y un anexo que acompaña, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Matehuala, San Luis Potosí y otra autoridad; por violación que estima a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 949/2020-VIII. Así, del contenido íntegro de la demanda se advierten como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, los siguientes: a) Servando Alberto García Reyna, por propio derecho y en representación de sus menores hijos O.A.G.L y D.F.G.L., promovió juicio de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia, contra Diana Cristina Lara Martínez, del cual correspondió conocer al Juez Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, con sede en Matehuala, San Luis Potosí, el que le asignó el número 675/2020. b) El quince de octubre del presente año, se tuvo a la citada Diana Cristina Lara Martínez promoviendo incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de radicación de dieciocho de septiembre del año actual; con lo que se ordenó dar vista a la parte actora. c) En contra de la admisión de dicha incidencia, el aquí quejoso Servando Alberto García Reyna interpuso recurso de revocación; el cual fue resuelto el veintitrés de noviembre del presente año, declarando infundados los conceptos de agravios e improcedente dicho medio de impugnación. Resolución esta última que constituye el acto que por esta vía se combate, así como su notificación. Esto es, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria que decretó improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de quince de octubre del año que transcurre, a través del cual se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V. Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria que decretó improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la determinación en la que se admitió el incidente de nulidad promovida por la parte demandada y su notificación, dentro del expediente 675/2020, relativo al juicio de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia, del índice del Juez Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Matehuala, San Luis Potosí. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que, en última instancia, inciden en la correcta o incorrecta admisión de un incidente. En efecto, pues el efecto inmediato de la resolución reclamada es que la incidencia de que se trata, se desarrolle en todas sus etapas, dictándose resolución que pueda favorecer a la parte actora, aquí demandada, y de resultar adverso, puede intentar los medio ordinarios o extraordinarios de defensa que estime pertinentes. En consecuencia, como ya quedó establecido que el acto reclamado estriba preponderantemente en violaciones al procedimiento, ello no afecta los derechos sustantivos del impetrante del amparo, consagrados por la Constitución; así, resulta por tanto indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Servando Alberto García Reyna, por propio derecho y en representación de sus menores hijos O.A.G.L y D.F.G.L., con ocho copia y un anexo que acompaña, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Matehuala, San Luis Potosí y otra autoridad, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngase a la citada parte promovente por proporcionando su correo electrónico, con la finalidad de entablar comunicación no procesal. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

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