Sergio Zurita Hernandez

Expediente 48/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
48/2016
Año
2016
Actuaciones
30
Última actuación
06/09/2016

Partes del expediente

  • Sergio Zurita Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que sobreseyó y concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto del acto reclamado. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    A las nueve horas del veintidós de julio de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 48/2016-única; a las tercero interesadas Ricardo Rodríguez Murillo; en cumplimiento al auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Ensenada, Baja California, veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad , cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 78 a 91), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Sergio Zurita Hernández, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 103 a 105); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] En consecuencia, fundados que fueron los conceptos de violación examinados, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables Juez Segundo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California y Juez Único de Primera Instancia Penal en la Delegación de San Quintín, Baja California: Dejen insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 01/2016-I; y Con plenitud jurisdicción, una vez que fenezca en su totalidad el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas que se amplió en diligencia de declaración preparatoria de cinco de enero de dos mil dieciséis, resuelvan sobre la situación jurídica del impetrante de garantías; para lo cual le deberá notificar personalmente o por conducto de su defensor, la fecha y hora que se tomará en cuenta para efectos del cómputo de dicho término, y esté en posibilidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias, o en su caso, formular los alegatos correspondientes. En data diez de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio 1253-II signado por el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad a los cuales anexó copia certificada de la resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis del actual (fojas 127 a 141), así como del auto de ocho de junio del presente año en el que consta que el quejoso Sergio Zurita Hernández se desiste de la ampliación del término constitucional, todos emitidos dentro del Exhorto 5/2016 relacionado con la causa penal 01/2016 San Quintín, de los que se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis del año, tuvo al inculpado Sergio Zurita Hernández desistiéndose de la ampliación del término constitucional y resolvió su situación jurídica, en la que determinó su libertad por falta de elementos para procesar. Con lo anterior se dio vista al quejoso y a los terceros interesados, desahogado con esa calidad exclusivamente el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en San Quintín, quien expuso su conformidad con el fallo cumplimentado ( foja 166). Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 01/2016 instruido ante el Juez Penal de San Quintín, resolviera la situación jurídica del inculpado Sergio Zurita Hernández quien se desistió de la ampliación del término constitucional y resolvió su situación jurídica, en la que se determinó su libertad por falta de elementos para procesar, lo cual -como se vio- realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido de que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la ley de amparo para que la parte quejosa o sus autorizados acudieran a este juzgado de distrito a notificarse personalmente, sin que lo hubieren hecho; el suscrito actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de veintidós de julio de dos mil dejado en el domicilio procesal del quejoso en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad , cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 78 a 91), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Sergio Zurita Hernández, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 103 a 105); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] En consecuencia, fundados que fueron los conceptos de violación examinados, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables Juez Segundo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California y Juez Único de Primera Instancia Penal en la Delegación de San Quintín, Baja California: a) Dejen insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 01/2016-I; y b) Con plenitud jurisdicción, una vez que fenezca en su totalidad el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas que se amplió en diligencia de declaración preparatoria de cinco de enero de dos mil dieciséis, resuelvan sobre la situación jurídica del impetrante de garantías; para lo cual le deberá notificar personalmente o por conducto de su defensor, la fecha y hora que se tomará en cuenta para efectos del cómputo de dicho término, y esté en posibilidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias, o en su caso, formular los alegatos correspondientes. En data diez de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio 1253-II signado por el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad a los cuales anexó copia certificada de la resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis del actual (fojas 127 a 141), así como del auto de ocho de junio del presente año en el que consta que el quejoso Sergio Zurita Hernández se desiste de la ampliación del término constitucional, todos emitidos dentro del Exhorto 5/2016 relacionado con la causa penal 01/2016 San Quintín, de los que se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis del año, tuvo al inculpado Sergio Zurita Hernández desistiéndose de la ampliación del término constitucional y resolvió su situación jurídica, en la que determinó su libertad por falta de elementos para procesar. Con lo anterior se dio vista al quejoso y a los terceros interesados, desahogado con esa calidad exclusivamente el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en San Quintín, quien expuso su conformidad con el fallo cumplimentado ( foja 166). Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 01/2016 instruido ante el Juez Penal de San Quintín, resolviera la situación jurídica del inculpado Sergio Zurita Hernández quien se desistió de la ampliación del término constitucional y resolvió su situación jurídica, en la que se determinó su libertad por falta de elementos para procesar, lo cual -como se vio- realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido de que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la ley de amparo para que la parte quejosa o sus autorizados acudieran a este juzgado de distrito a notificarse personalmente, sin que lo hubieren hecho; el suscrito actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de veintidós de julio de dos mil dejado en el domicilio procesal del quejoso en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad , cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 78 a 91), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Sergio Zurita Hernández, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 103 a 105); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] En consecuencia, fundados que fueron los conceptos de violación examinados, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables Juez Segundo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California y Juez Único de Primera Instancia Penal en la Delegación de San Quintín, Baja California: Dejen insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 01/2016-I; y Con plenitud jurisdicción, una vez que fenezca en su totalidad el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas que se amplió en diligencia de declaración preparatoria de cinco de enero de dos mil dieciséis, resuelvan sobre la situación jurídica del impetrante de garantías; para lo cual le deberá notificar personalmente o por conducto de su defensor, la fecha y hora que se tomará en cuenta para efectos del cómputo de dicho término, y esté en posibilidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias, o en su caso, formular los alegatos correspondientes. En data diez de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio 1253-II signado por el Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad a los cuales anexó copia certificada de la resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis del actual (fojas 127 a 141), así como del auto de ocho de junio del presente año en el que consta que el quejoso Sergio Zurita Hernández se desiste de la ampliación del término constitucional, todos emitidos dentro del Exhorto 5/2016 relacionado con la causa penal 01/2016 San Quintín, de los que se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis del año, tuvo al inculpado Sergio Zurita Hernández desistiéndose de la ampliación del término constitucional y resolvió su situación jurídica, en la que determinó su libertad por falta de elementos para procesar. Con lo anterior se dio vista al quejoso y a los terceros interesados, desahogado con esa calidad exclusivamente el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en San Quintín, quien expuso su conformidad con el fallo cumplimentado ( foja 166). Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión de seis de enero de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 01/2016 instruido ante el Juez Penal de San Quintín, resolviera la situación jurídica del inculpado Sergio Zurita Hernández quien se desistió de la ampliación del término constitucional y resolvió su situación jurídica, en la que se determinó su libertad por falta de elementos para procesar, lo cual -como se vio- realizó la autoridad responsable; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido de que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.

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