Sergio Zuñiga Diaz
Expediente 1095/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Sergio Zuñiga Diaz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: Este expediente es conservable, en razón de que el dieciocho de septiembre del año en curso, se dictó suspensión de plano. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(V)
- Principal
Visto el oficio de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal en el Estado, informando sobre la suspensión de plano dictada el catorce de septiembre del año en curso. -Pruebas y delegados- Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su informe, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. -Delegados- Por otra parte, con apoyo en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable de referencia, a los profesionistas que designa. -Estado de autos- Ahora bien, atendiendo el estado que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: ....De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos que invoca la autoridad responsable, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Luego, si la autoridad responsable solicita el sobreseimiento por cesación de efectos, es indicativo que no solamente lo dejó en libertad por motivo de la suspensión de plano, sino que ya dejó sin efectos la privación de libertad del mismo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que por lo que hace a la detención del quejoso Sergio Zúñiga Díaz han cesado los efectos del acto reclamado, porque tal como se advierte de la copia certificada de la boleta de libertad con folio... que acompaña la autoridad responsable a su informe de suspensión de plano y del propio informe, se advierte que el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a las veintiuna horas con cincuenta y ocho minutos se le dejó en libertad, en cumplimiento a la suspensión de plano ordenada en el presente juicio de amparo, y que la autoridad responsable ya no ejecutará dicha medida al dejarlo en libertad. Dichos documentos tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con catorce minutos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente la razón asentada por el actuario de esta adscripción el catorce de septiembre del año en curso, se advierte que el directo quejoso presentó buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fue localizado se apreciaron en buen estado, limpias y espaciosas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionado al respecto, manifestó no haber sido objeto de tortura, ni malos tratos.(V)
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Escobedo Ríos, a favor de Sergio Zúñiga Díaz, contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1095/2018-. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Sergio Zúñiga Díaz, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados, y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física del quejoso; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso, o donde sea entrevistado por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. 2. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención del quejoso haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es ... Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. ..Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. - Autorizados - Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Rafael Torres Villa por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Habilitación y autorizaciones - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo.(V)
- Principal
****Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Escobedo Ríos, a favor de Sergio Zúñiga Díaz, contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1095/2018-. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Sergio Zúñiga Díaz, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados, y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física del quejoso; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso, o donde sea entrevistado por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. 2. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención del quejoso haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es ... Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. ..Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. - Autorizados - Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Rafael Torres Villa por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Habilitación y autorizaciones - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo.V
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